Los servicios técnicos y jurídicos del Senado aseguran que no ha habido "filtración masiva de datos" ni "espionaje"
- La Mesa del Senado acuerda remitir a la Fiscalía el expediente por el acceso ilegal de dos informáticos a datos
- El PSOE ha exigido una investigación exhaustiva y ha acusado al Senado de "mentir y ocultar" información
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Los servicios técnicos y jurídicos del Senado han trasladado a la Mesa de la Cámara Alta y a la Junta de Portavoces, en sendas reuniones celebradas este viernes, que no ha habido "filtración masiva de datos" ni "espionaje" a los senadores por parte de los dos informáticos cesados tras una investigación de siete meses.
"Ni infiltración masiva de datos, ni hackeo, ni espionaje, ni acceso a datos o comunicaciones de los senadores", han señalado el instructor del expediente sancionador y el responsable de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la reunión, según recoge un comunicado del Senado.
Los dos trabajadores habían accedido a los portafirmas digitales de varios altos cargos de la Cámara Alta, pero no a los de ningún senador, según han asegurado. La investigación ha revelado, según han trasladado en sendas reuniones y recoge el comunicado, que se trata de una actuación de interés personal y no político, en el ámbito de un proceso laboral que les afectaba.
El Senado asegura que se ha actuado "con todas las garantías jurídicas exigibles" en un procedimiento como este y que los afectados han participado en las fases previstas "conforme a la normativa vigente y respetando los derechos de los trabajadores". Este tipo de procedimientos son reservados, agregan, y por ello la Mesa "no ha sido partícipe ni conocedora" hasta fechas recientes", cuando le ha correspondido "conocer el expediente, la propuesta de resolución y posteriormente, acordar la sanción".
La Mesa del Senado remite el expediente a la Fiscalía
Por otro lado, la Mesa del Senado, en la que solo están representados los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, ha acordado remitir a la Fiscalía el expediente por el acceso ilegal de los dos informáticos a datos.
El PSOE asegura en un comunicado que finalmente el expediente se remitirá a la Fiscalía a propuesta de los miembros del grupo parlamentario Socialista. Considera que desde que se produjo la denuncia de los hechos, y en paralelo a la tramitación del expediente a estos trabajadores, debería haberse dado traslado del incidente a la Agencia de Protección de Datos e informado a las personas a las que podrían habérsele vulnerado sus derechos con la invasión de sus datos o el acceso indebido a los mismos.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha afirmado tras la Junta de Portavoces del Senado, según declaraciones recogidas en un comunicado de la formación, que "la factoría del bulo y de la distracción del PSOE han quedado retratadas una vez más". El portavoz del PSOE, Juan Espadas "se precipitó al lanzar informaciones que no se corresponden con la realidad", ha señalado, porque "no estamos ante un caso de hackeo, ni de espionaje", tal y como nos han informado los servicios de la Cámara.
La Cámara Alta explicaba este jueves a través de un comunicado que los empleados destituidos, pertenecientes a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, accedieron de forma ilícita a trazas de firmas electrónicas vinculadas a procesos de promoción interna y selección de personal. Pero aclaraba que no hubo intención de acciones de espionaje.
La Mesa del Senado se reunió de forma urgente la pasada noche para tratar del hackeo a una treintena de ordenadores de varios senadores y resolvió cambiar los motivos por los que este miércoles se expulsó a esos dos informáticos. Los dos trabajadores, según la resolución adoptada, accedieron solo a cuestiones de secretaría general y no a perfiles de senadores y mucho menos a información sensible.
La sanción y expediente disciplinario a los dos informáticos fue aprobada con la mayoría absoluta del PP en el Senado y con los votos en contra del PSOE. Los dos trabajadores habían permanecido bajo investigación durante siete meses. Los primeros accesos ilegales se produjeron en marzo de 2024. Su despido se produjo tras constatar que, pese a las medidas adoptadas, al menos uno de ellos había continuado accediendo sin autorización a los sistemas de información del Senado.
El grupo Plural, del que también forman parte CC, AHI y BNG, solicitó a Rollán que les proporcionara información pormenorizada sobre el caso, de forma similar a lo pedido ya por otros dos grupos de la Cámara Alta, el del PSOE y el formado por EH Bildu y ERC, también este jueves, en sendos escritos.
