La jueza de Catarroja pide a Emergencias los avisos que dio a los ayuntamientos el día de la dana
- Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, no fue informada de los desbordamientos de los cauces y barrancos
- También cita a declarar como testigo a la jefa de gabinete de Salomé Pradas, exconsejera de Interior
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La jueza de Catarroja, que instruye la causa penal sobre la dana del pasado 29 de octubre, ha requerido nueva información al Centro de Coordinación de Emergencias y a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta en las Emergencias para saber si remitió los correspondientes avisos a todos aquellos ayuntamientos con riesgo de inundaciones para tomar medidas de control sobre los cauces de los ríos y demás medidas, así como conocer cuántos municipios constituyeron el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).
También le ha solicitado datos relativos a los servicios de salvamento y rescates de personas realizados con helicópteros de salvamento aéreo por los bomberos forestales de la Generalitat durante el 29 de octubre.
Por otra parte, ha acordado citar a declarar como testigo a la jefa de gabinete de Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y una de las dos personas imputadas en la causa.
Así lo ha hecho constar la jueza a través de dos autos y una diligencia de ordenación con los que han sido notificadas cada una de las partes por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, en el marco de la investigación penal de la dana, que han sido dados a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Pregunta si avisó a los ayuntamientos en riesgo
En concreto, la instructora Nuria Ruiz Tobarra quiere saber si se remitieron desde el Centro de Emergencias "los correspondientes avisos" a todos los municipios con un Plan municipal de riesgo para controlar los cauces de los ríos, como así debió hacer en cumplimiento del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones y dada la situación de preemergencia declarada el 28 de octubre.
En la misma línea, quiere saber cuántos municipios constituyeron el Centro de Coordinación Operativa Municipal y si se les requirió que lo hicieran. A este respeto, el sindicato sostiene que solo lo hicieron dos ayuntamientos, el de Algemesí y el de Valencia. Además, ha solicitado los datos de retorno facilitados por estos al Centro de Emergencias.
Junto a esta información, ha reclamado el informe de seguimiento de la situación de emergencia que debía elaborar este Centro de Coordinación, según marca el protocolo del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones, y qué rondas se hicieron con los organismos y servicios colaboradores para saber el alcance de la situación.
Bernabé no fue informada de los desbordamientos
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, declaró ante la jueza que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no le informó ese día sobre los desbordamientos de los cauces y barrancos, sino que tuvo que enterarse a través de los medios de comunicación.
Así lo manifestó en su declaración como testigo del pasado 14 de abril, cuando admitió que Miguel Polo, presidente de la CHJ, no le comunicó nada sobre el desbordamiento del río Magro la mañana del propio 29 de octubre. Al contrario, habló con él una vez conoció mediante la prensa que el río se había desbordado, aunque no recuerda si le reprochó la falta de información directa.
En este sentido, Bernabé explicó al fiscal que tampoco nadie de la dirección de la emergencia requirió una petición extraordinaria de información a la CHJ sobre la situación del barranco del Poyo: "Aun viendo los datos de pluviometría y caudalímetro del barranco del Poyo, no se habló sobre esto. Fundamentalmente se habló sobre la presa de Forata".
Nuevas peticiones al Centro de Emergencias
Asimismo, la magistrada ha pedido al Centro de Emergencias información sobre si se establecieron los procedimientos de actuación específicos con las actuaciones de los diferentes órganos que integran el Cecopi. También ha solicitado si estos protocolos establecían o no las pautas de coordinación sobre las demandas de servicios por los ayuntamientos y las llamadas realizadas al 112.
Además, Ruiz ha planteado si se solicitó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se necesitara conocer la evolución, y cuándo se constituyeron el Grupo de Seguimiento de Riesgo, el Grupo de Gestión de Medios y Recursos y el Gabinete de Información dentro del Cecopi, como así requiere el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones.
