Los bienes incautados, millones de euros atrapados en un laberinto legal: ¿recupera la sociedad lo confiscado al crimen?
- En 2023, se realizaron 1.547 decomisos, que aportaron unos 15 millones de euros a las arcas del Estado
- Los jueces lamentan que las administraciones no destinen más fondos para llevar a cabo las incautaciones
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En España, las autoridades cada año se incautan de millones de euros provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el fraude fiscal. Sin embargo, una vez están en manos de Estado, estos fondos se ven atrapados en un complejo laberinto legal y administrativo que puede prolongar la llegada a su destino final durante años.
La lentitud judicial y la falta de medios plantean a menudo un debate sobre la eficiencia del sistema y el uso útil de estos recursos en beneficio de la sociedad.
En 2023, se realizaron un total de 1.547 decomisos procedentes del tráfico de drogas, que aportaron unos 14.949.669,56 euros a las arcas del Estado, según el informe anual del fondo de bienes decomisados 2023. Además, se incautaron de 1.200 bienes materiales, entre ellos vehículos, inmuebles o aeronaves. Pero una vez están en manos del Estado, ¿qué pasa con ellos?
Las autoridades trasladan varios de los 120 paquetes de hachís confiscados en 2007 en el puerto de Vigo MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images
La ruta de los bienes incautados
Cuando la Policía Nacional o la Guardia Civil se incautan de dinero en efectivo u otros bienes, estos pasan a estar bajo custodia del Estado a través de un proceso que consta de varias fases.
La primera de ellas es la fase policial. Una vez la operación se ha saldado con la incautación de bienes materiales y dinero, los primeros esperan su destino final en depósitos o almacenes del Estado, a excepción de las drogas, que son destruidas de forma inmediata, guardando una pequeña muestra como prueba para el proceso judicial.
El líquido, por su parte, los agentes lo recuentan "frente a la autoridad judicial e ingresan en una determinada cuenta bancaria", han confirmado fuentes policiales a RTVE.es. "Hasta que esto ocurre, el dinero se guarda en una caja fuerte bajo custodia policial", han asegurado las mismas fuentes.
Son pocas las veces que ese dinero no se ingresa de forma inmediata. Y siempre se hace en la misma cuenta: la cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales. Ahí, donde comienza la segunda fase, el dinero y los bienes quedan retenidos como prueba hasta la celebración del juicio.
"Mientras el juicio esté en curso, el dinero queda retenido. En algunos casos, se permite su uso con fines específicos, como la investigación criminal, pero en general, permanece bloqueado hasta que haya sentencia firme", confirma el magistrado y miembro del comité nacional de Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Luis Ortiz, a RTVE.es. Y cuando esa sentencia llega y determina que el dinero proviene de actividades delictivas, puede disponerse de él.
En la mayoría de los casos se utiliza para luchar contra actividades ilícitas como el narcotráfico, para financiar programas sociales o de prevención y apoyo a víctimas. Los bienes incautados, como inmuebles o vehículos, por su parte, pueden o ser utilizados por el Estado con distintos fines, como el uso de las fuerzas policiales para la lucha contra las actividades ilícitas, o subastados, y los ingresos obtenidos se incorporan al fondo correspondiente.
El lastre de la falta de medios y el paso del tiempo
Aunque el sistema está diseñado para reintegrar estos recursos a la sociedad, enfrenta diversos problemas que ponen en duda su eficacia: la falta de medios, la lentitud del proceso y la burocracia. En muchos casos, los procesos pueden tardar años en resolverse, bloqueando millones de euros que podrían destinarse a servicios públicos.
"Es importante que, por parte de las administraciones prestacionales, se ayude o se faciliten a los juzgados los medios necesarios para que las ejecuciones sean efectivas", asegura Ortiz. "A veces tenemos medios bastante escasos para lograr que esa incautación de bienes, esos embargos, esa ejecución de las multas, se haga de la forma más eficaz posible", reconoce el magistrado.
Pero no es la única piedra del zapato. Ortiz reconoce que muchas veces la burocracia hace que los procesos a veces se estanquen y lleguen a verse imágenes como lanchas o vehículos perdiendo valor en un depósito. "Sería deseable que por parte de la administración se invirtiera de verdad dinero en las ejecuciones, porque al final son rentables para la administración y en última instancia para la ciudadanía y sería deseable que se le diera la importancia que realmente tiene".
En la costa gaditana, los agentes de la Guardia Civil conocen de cerca esa fotografía. "El proceso es siempre muy lento", resume uno de ellos. Y las incautaciones no solo pierden valor, en ese tiempo que esperan varadas en tierra, están expuestas a robos, lo que pone en entredicho la eficacia del sistema. Es el caso de las narcolanchas, "no pueden robar la lancha, pero roban partes que vuelven a destinarse al narcotráfico", reconoce el mismo agente de la benemérita.
Embarcaciones neumáticas confiscadas a narcotraficantes atracadas en Algeciras en abril de 2024 JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images
"Si las ejecuciones fueran mucho más eficaces y eficientes de lo que son, lo cual solo se puede conseguir invirtiendo en medios personales y materiales, se podría mover muchísimo más dinero y se destinaría a cosas buenas, que al final es para lo que para lo que trabajamos", sentencia el magistrado Ortiz.
Un sistema con margen de mejora
En 2024, el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados repartió un total de 20.102.988 euros. De esta cantidad, el 54,71% se ha destinado a la reducción de la demanda y el 37,82% se ha destinado a actuaciones encaminadas al control de la oferta.
Años atrás, uno de los casos más emblemáticos fue la incautación del Pazo Baión, propiedad del narco gallego Laureano Oubiña y su mujer Esther Lago y situado en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa, que se había levantado como símbolo del poder y la ostentación de los clanes del narcotráfico gallego. El inmueble pasó a manos del Plan Nacional sobre Drogas, que propuso venderlo junto a los terrenos adyacentes, adecuados para el cultivo del Albariño, para financiar la ayuda contra la drogadicción. Con la venta se obtuvieron 15 millones de euros y el compromiso de reinvertir el 5% de los beneficios del vino en programas de reinserción y de contratar a antiguos drogodependientes para que trabajaran en la finca.
Pero no todos los casos terminan con un final feliz y los que terminan recorren una travesía de años. Mientras las cifras de dinero incautado continúan creciendo y el potencial de estos fondos para transformar la sociedad, o al menos ayudar a hacerlo, es innegable. Sin embargo, la realidad es que, como denuncian los magistrados, muchos recursos siguen bloqueados por la burocracia.
Ahí, la solución únicamente, explican, pasa por dotar a la Justicia de los medios necesarios para una gestión más eficaz de estos bienes y así acelerar los procesos judiciales.
