El Congreso da luz verde al reparto de menores migrantes entre las comunidades con el voto en contra de PP y Vox
- El Gobierno celebra la aprobación de una medida "histórica" y "estructural" y carga contra la "xenofobia" de PP y Vox
- Se distribuirán con un nuevo mecanismo unos 4.400 migrantes acogidos ahora en Canarias y Ceuta
El Congreso ha aprobado este jueves el decreto para repartir a los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades cuando una de ellas vea sobrepasada su capacidad de acogida. Por el momento, se repartirán los 4.400 menores que se encuentran ahora en Canarias y Ceuta (4.000 en la primera comunidad y 400 en la segunda), aunque la norma servirá para futuros repartos.
El texto, pactado en marzo entre el Gobierno y Junts per Catalunya mediante una reforma de la ley de extranjería, ha contado con el apoyo de PSOE y Sumar, así como de los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo (PNV, EH Bildu, ERC, además de Junts) y de Coalición Canaria. Se ha abstenido Unión del Pueblo Navarro, mientras que tanto PP como Vox han votado en contra, a pesar de los llamamientos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para que los 'populares' apoyaran esta iniciativa.
Torres ha celebrado como una "magnífica noticia" la aprobación de una "medida estructural e histórica", ya que "nunca antes se había tomado por ningún Gobierno de España" una solución como esta para abordar la situación de los migrantes menores de edad que llegan a nuestro país. Se trata de un "muy buen decreto" que no solo aborda una "cuestión humanitaria" sino que además la acogida de estos migrantes supone una "oportunidad" para nuestro país".
El Gobierno carga contra el "error histórico del PP", alineado la "xenofobia"
Asimismo, el ministro ha cargado contra el "error histórico" del PP por oponerse a la misma, a pesar de que el Ejecutivo estuvo negociando durante meses con el partido la situación de estos menores. Recuerda que el reparto de migrantes es una "solución demandada" por territorios gobernados por la formación de Alberto Núñez Feijóo, como Ceuta o Melilla, o donde gobierna en coalición, como Canarias. Torres ha apelado a los diputados del PP de estos territorios que "voten en conciencia", desoyendo las directrices de Génova 13.
"¿Cuál es la alternativa para el hacinamiento de miles de niños en Canarias y Ceuta?", se ha preguntado el ministro socialista y a la sazón expresidente canario, en relación a los recursos de inconstitucionalidad contra la medida anunciados por varias comunidades del PP. "Lamento que la derecha y la ultraderecha se alíen en un mensaje de xenofobia y racista", ha asegurado en los pasillos del Congreso tras el debate y antes de la votación. "Estos niños si no tuviesen piel negra ya estarían atendidos", ha añadido, en referencia a la acogida de refugiados ucranianos.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha cargado contra el PP por estar "plegado a la estrategia racista de Vox". Ha avanzado que el próximo paso, una vez aprobado el decreto, será plantear un mecanismo de coordinación con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial, que plantea convocar pronto. Los primeros traslados de menores comenzarán previsiblemente en verano, ha señalado. Antes, el presidente canario, Fernando Clavijo, había situado en junio la fecha para que comiencen a repartirse los adolescentes y niños acogidos en el archipiélago.
El PP critica al Gobierno por "ceder al chantaje de los independentistas"
La postura de los 'populares' era la gran incógnita hasta el día de hoy, ya que se especulaba con una posible abstención, pero finalmente han votado en contra. En un discurso muy crítico, la diputada del PP Ana Alós ha sido la encargada de justificar el 'no' de su partido a la medida. Ha cargado contra el Gobierno porque su objetivo "nunca ha sido ayudar a Canarias y Ceuta", sino "utilizar de forma partidista esta crisis".
Ha criticado que nunca aceptara las propuestas del PP sobre este tema y en cambio que ceda "al chantaje de los independentistas, concediendo la trasferencia de la competencia en migraciones y control de fronteras" y excluyendo "de facto" a Cataluña de este reparto. Tras anunciarse el reparto, Junts señaló que a Cataluña le correspondían entre 20 y 30 menores y a Madrid más de 700, lo que provocó duras críticas de las comunidades del PP. El Gobierno de Pedro Sánchez "ha utilizado los menores como moneda de cambio", ha afirmado.
El mecanismo aprobado es "unilateral" e "impuesto por el Gobierno", sin que este asuma responsabilidades, tampoco económicas, según Alós. Los criterios de reparto son "injustos y arbitrarios" y no tienen en cuenta "la realidad del territorio". Además, invaden la "autonomía" de las comunidades, que tienen la competencia en política migratoria. La diputada 'popular' ha considerado que la aprobación del decreto evidencia el "fracaso absoluto de la política migratoria del Gobierno", y lo ha calificado de "parche" que no aborda la raíz del problema.
Vox también ha mantenido un discurso muy contundente contra el Ejecutivo. Su portavoz, Pepa Millán, ha considerado que el reparto supone un "efecto llamada" para que los migrantes "sigan llegando de mano de las mafias". Millán ha cuestionado incluso que los migrantes acogidos sean menores, y ha asegurado que España "está abriendo las puertas a varones en edad miliar que no huyen de ninguna guerra y que proceden de culturas antagónicas" a la occidental.
Los socios del Gobierno se congratulan por el decreto y cargan contra Vox
El resto de grupos ha mantenido una posición favorable hacia el reparto, con la excepción del discurso tibio de UPN, cuyo único diputado se ha abstenido. Josep Maria Cervera, de Junts, ha considerado que con la nueva norma se hace efectiva "la solidaridad interterritorial", frente a una situación "desigual" hasta ahora. Cervera ha reivindicado que en Cataluña han sido "pioneros en la acogida", con un número de plazas por población por encima del resto del Estado.
Desde ERC, Jordi Salvadó ha calificado de "pandilla de hipócritas y pecadores" a Vox. "Dicen ser muy cristianos, pero si Jesús volviera otra vez querrían deportarlo", ha afirmado. Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha lamentado haber tenido que esperar nueve meses desde que decayó en el Congreso una proposición no de ley con un texto similar para volverlo a votar. "En una situación de emergencia humanitaria hubo quienes prefirieron el cálculo político", ha denunciado, señalando la "doble vara de medir" entre los menores de Ucrania y de África.
Maribel Vaquero, de PNV, ha cargado contra las "comunidades que no quieren asumir su parte de responsabilidad", y aunque ha celebrado la aprobación del texto, han reclamado "no quedarse solo en el reparto", recordado que quedan "cuestiones sin abordar" en el decreto. Y la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha apuntado que los menores que llegan a Canarias son "un asunto de Estado, no un problema ni responsabilidad de Canarias". "Ningún menor solo es ilegal o un delincuente en potencia", ha expresado.
Desde Sumar, el diputado Vicenç Vidal ha enfatizado que "el interés superior del menor es lo que tiene que guiar la acción política del Estado", cargando contra el "racismo del PP". "No podemos asumir en Baleares 50 niños y niñas porque colapsarán nuestros servicios públicos, pero este año llegarán 20 millones de turistas, ¿estos no colapsarán los servicios públicos?", se ha preguntado. Mientras, el parlamentario socialista Luc André Diouf ha lamentado que los niños se hayan "convertido en la diana del odio y la xenofobia", alimentada desde el propio Congreso. "El color de piel tiene mucho que ver, no hemos visto el mismo revuelo cuando hablamos de menores procedentes de Ucrania", ha añadido.