La Fiscalía pide hasta 47 años a los responsables de una residencia de Barcelona con ancianos desnutridos y sucios
- A los responsables se les acusa de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y de ilícitos de abandono
- Según el Ministerio Público, la empresa encargada del centro y la de cáterin idearon una fórmula para ahorrar en costes
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La Fiscalía solicita penas de hasta 47 años de prisión para cuatro responsables de una residencia de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), acusados de haber desatendido a una veintena de ancianos, al menos entre 2015 y 2016. Estas personas mayores presentaban signos de desnutrición severa y pésimas condiciones higiénicas.
En un juicio, que ha comenzado este martes en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía les acusa de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y de 21 ilícitos de abandono, uno por cada anciano, y pide que indemnicen a cada uno de ellos con 30.000 euros. Además, señala a la empresa responsable de la residencia donde sucedieron los hechos como responsable civil subsidiaria —si bien se encuentra disuelta y en proceso de liquidación, que podrá finalizar una vez termine la causa penal abierta—, y a la compañía encargada del cáterin.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el centro estaba acreditado como entidad colaboradora de la Generalitat de Cataluña desde 2009 con la financiación de 22 de las 24 plazas de las que disponía el geriátrico.
Repartían menos menús para ahorrar costes
El Ministerio Público sostiene que la empresa encargada de la residencia y la de cáterin idearon una fórmula para ahorrar en costes, consistente en el reparto entre los ingresados de seis menús menos que el número de residentes del centro, entre subvencionados y privados. En total, se repartían 18 menús entre 24 personas.
La residencia —prosigue el escrito— abonaba únicamente 4,90 euros por usuario por la totalidad de las comidas, pese a que simulaban que les costaba 6,10 euros, aun por debajo de la media de gasto de un geriátrico, de 9,87 euros. Además, el fiscal señala que la cantidad que se ahorraba la residencia con este sistema oscilaba entre los 1.100 y 1.500 euros cada mes.
Los ancianos se encontraban presuntamente en un estado de desnutrición ante la falta de alimentos, algo que presuntamente hacían aprovechándose de su indefensión por su edad avanzada o sus dolencias concretas. El Ministerio Público subraya que los acusados, "atentando a su dignidad como seres humanos", los tenían en un estado de "extrema precariedad y suciedad", y que a uno de los residentes lo tenían mecánicamente contenido a una cama sin justificación. "Casi todos los residentes adolecían de muy mala higiene corporal, sin cuidados básicos", señala.
Después de varios expedientes sancionadores, la Generalitat revocó la colaboración en febrero de 2017 con la residencia, y 21 ancianos de los que había en ese momento en el centro fueron trasladados a otro geriátrico, según el fiscal. El escrito indica que algunos de ellos, como consecuencia de su paso por el centro, padecían desnutrición grave y otros tenían peso insuficiente.
Una inspectora describe la malnutrición
Una inspectora de la Generalitat catalana que elaboró un informe sobre el estado de salud de los ancianos, una vez trasladados, ha manifestado ante el tribunal que le sorprendió que a todos se les hubiera dado durante 15 días un suplemento de proteínas. "Lo que más se nota es cuando una persona se desnutre: se funde la masa muscular, se quedan sin fuerza, sin que se recupere esta musculatura", ha indicado.
Asimismo, ha manifestado que, con base en los índices IMC y MNA, seis personas estaban desnutridas y otras 13 estaban en riesgo, si bien ha reconocido que hizo el estudio a partir del análisis de datos, sin visitar directamente a los ancianos. La inspectora ha declarado que investigó el caso de diecinueve de los ancianos, y que se encargó ella por su formación como licenciada en Medicina y porque había colaborado con el Departamento de Salud en recomendaciones de actividad física para centros de gente mayor, que también incluye cuestiones de nutrición.
Antes que ella lo ha hecho otra inspectora de servicios sociales, que ha sostenido que, con base en la comparación con el gasto de otros geriátricos de referencia, el dinero invertido por residente en alimentación era sensiblemente inferior.
Durante las cuestiones previas, el tribunal ha aceptado retirarle a uno de los procesados una de las 21 acusaciones por abandono de ancianos, puesto que fue absuelto en un juicio con anterioridad que abordaba el caso concreto de una de las pacientes, por lo que se le imputa uno menos que a los otros tres.
La acusación particular, que pide penas máximas mayores a las de Fiscalía, la ejercen antiguos socios de la empresa que gestionaba la residencia, en un juicio que se alargará varios días, y donde los procesados van a declarar en último lugar.
