El TSJC envía a juicio a los exconsellers Puig y Vila por no entregar los bienes de Sijena

• El Monasterio de Sijena reclama como suyas 80 piezas artísticas vendidas a la Generalitat entre 1983 y 1994
• Ambos serán juzgados por un delito de desobediencia y Vila, también, por usurpación de funciones judiciales

El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio a los exconsellers de Cultura Lluís Puig, huido de la justicia española, y Santi Vila por desoír la orden judicial para que devolvieran al Monasterio de Sijena (Huesca) obras de arte depositadas en el Museo de Lleida. 

En el auto, la sala civil y penal han acordado que ambos sean juzgados por un delito de desobediencia, además de usurpación de funciones judiciales en el caso de Vila. Al mismo tiempo, les impone una fianza de 17.250 euros a cada uno para cubrir eventuales indemnizaciones a la Diputación de Aragón por el traslado de los bienes, que finalmente se llevó a cabo en diciembre de 2017. 

El alto tribunal catalán se ha declarado competente para juzgar a Puig debido a su condición de aforado como diputado de Junts en el Parlament. En el caso de Santi Vila, conseller durante la mayor parte del Govern de Carles Puigdemont, lo hará un juzgado de lo penal de Barcelona. Además, ha recalcado que existe "una base indiciaria seria y consistente" para juzgar a los dos exconsellers.

Puig es uno de los antiguos miembros del Govern que junto a Puigdemont huyó de la justicia española tras la declaración unilateral de independencia y, como él, está acusado de un delito de malversación por el desvío de fondos para el 'procés'. La Fiscalía ha pedido condenas de 11 meses de multa a razón de 18 euros diarios (5.940 euros), así como dos años de inhabilitación a ambos por un delito de desobediencia. El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, acusación particular en la causa, ha sumado otro de usurpación de funciones judiciales a Vila, por el que solicita 11 meses de cárcel.

Un traslado de obras polémico

La causa de Sijena se remonta al polémico traslado en 2017, a raíz de una orden judicial, de las obras desde Lleida a Aragón, que terminó con una intervención de los Mossos d'Esquadra.

Las obras en disputa son más de 80 piezas artísticas que este monasterio de Huesca reclamó como suyas al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que las tenía depositadas en el Museo de Lleida. Estas habían sido vendidas en 1983 por parte de las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta, propietarias del convento por aquel entonces, a la Generalitat.

En abril de 2015, un juzgado de Huesca estimó la demanda presentado por la Comunidad autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y decretó la nulidad del derecho de las compraventas de las piezas realizadas por la Generalitat en 1983 y 1992 y, por el MNCA, en 1994. Finalmente, el tribunal declaró que la propietaria de los bienes era la Orden Sanjuanista. Meses después, el juzgado ordenó su ejecución y requirió que trasladaran a Sijena las obras de arte objeto del litigio el día 25 de julio de 2016.

El TSJC ha añadido en su auto que Santi Vila fue notificado personalmente, pero este comunicó que solo había dado órdenes para trasladar de forma inmediata 41 de las piezas reclamadas, por lo que llegó otra advertencia a finales de 2016. En abril de 2017, Vila dictó una orden para no permitir la salida del resto de obras por lo que motivó un nuevo requerimiento a principios de junio. Durante esta época, Lluís Puig era ya el responsable de Cultura tras la remodelación del Govern llevada a cabo por Puigdemont.

Según la acusaciones, ninguno de los exconsellers ordenó entregar las obras de arte a Sijena. Ante esta situación, el Juzgado de instrucción número 1 llamó a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se encargaran del traslado, que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2017 y cuyos costes ascendieron a los 12.932 (asumidos por la Diputación General de Aragón).

La demanda llega al TSJC

El Juzgado de instrucción número 3 de Huesca, a raíz de una denuncia del Ayuntamiento por desobediencia grave y prevaricación, comenzó la causa contra los dos exconsellers de Cultura en diciembre de 2017.

Este acordó en 2019 enviar el caso por lo penal imponiendo a Vila una fianza de 216.000 euros y, a Puig, de 88.000 euros. El Parlament notificó que Lluís Puig ostentaba la condición de diputado desde el 22 de febrero de 2021, pese a que desde 2017 se encontraba huido de la justicia española.

Por este motivo, el juzgado de lo penal número 1 de Huesca elevó el caso al Tribunal Supremo, pero en diciembre de 2022 se declaró incompetente. Finalmente, el caso fue remitido al TSJC al ser Puig diputado en el Parlament y aforado ante el alto tribunal catalán.

En febrero de 2023 esta corte de justicia asumió el caso y anuló la fianza impuesta a Puig, al mismo tiempo que se remitió el procedimiento relativo a Vila, quien no es aforado, a un juzgado ordinario.