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El Fiscal General del Estado defiende su "neutralidad": "No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas"

  • García Ortiz encara un segundo mandato con una fuerte contestación en la carrera fiscal
  • Avisa de que quien haga un uso "personalista" de la institución no tendrá cabida en su proyecto

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de toma de posesión de su cargo tras ser reelegido.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de toma de posesión de su cargo tras ser reelegido,. EFE/ Javier Lizon /POOL

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado este miércoles su "neutralidad" y "objetividad" en el acto en el que ha tomado posesión de su cargo tras ser confirmado por el Gobierno por su "impecable" trayectoria, a pesar del informe contrario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la fuerte contestación interna y las acusaciones de "desviación de poder" por ascender a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, fiscal de sala.

"Nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad", ha subrayado en su primer discurso.

En este punto, ha avisado de que no va a ser "comentarista de la actualidad política o jurídica", porque ha considerado que si lo hace, se colocará en "un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo", alejado del "recto" desempeño de su "función constitucional". Así, ha asegurado que se mantendrá "siempre" en el "espacio de lo jurídico".

También ha avisado de que quienes busquen en la Fiscalía un lugar para "su mera proyección personalista" y "otros réditos que no sean profesionales", que no tendrán "cabida en este renovado camino", y ha aseverado que a la Fiscalía "se acude a trabajar" para "servir a todos" los ciudadanos, "con independencia de su ideología". 

Modernización de la Fiscalía

Por otra parte, García Ortiz ha indicado que quiere "liderar la transformación del sistema penal de este país, dotarlo de condiciones, cauces y garantías para atajar las nuevas y más complejas formas de delincuencia". 

También ha afirmado que pretende "unificar criterios, promover la persecución de determinados fenómenos criminales, incrementar la autonomía de los fiscales". "En definitiva, modernizar el Ministerio Fiscal", ha subrayado. 

A su juicio, "el cambio es inevitable" porque la "Fiscalía debe cambiar, avanzar" porque así lo exige "la propia dinámica de las cosas".

Al hilo, ha aprovechado su discurso para insistir en su "aspiración de una mayor autonomía para el Ministerio Fiscal", tanto a nivel "funcional, organizativo, normativo, formativo y, por supuesto, financiero" como "presupuestario". 

"No obstante, hasta que vea la luz una necesaria reforma estatutaria de carácter integral, impulsaré mejoras parciales en nuestro Estatuto para ir conquistando mayores parcelas de autonomía, modernización y transparencia", ha asegurado. 

Nuevos nombramientos

Durante su intervención, García Ortiz ha anunciado que se incorporarán nuevas fiscales al equipo de la Secretaría Técnica y a alguna de las Unidades Especializadas de la Fiscalía General del Estado. 

"En el día de mañana, el primer día de mi nuevo mandato, se remitirá la propuesta para su nombramiento (al Consejo Fiscal), así como la solicitud de convocatoria de un nuevo concurso para la cobertura, a la mayor brevedad, de plazas vacantes de libre designación", ha explicado. 

Además, ha incidido en que reactivará las sesiones y los trabajos del Consejo Fiscal. También recibirá "en las próximas fechas" a los representantes de las asociaciones profesionales con los que intercambiaré algunas propuestas. Y ha compartido su "empeño" de "unificar las dos sedes actuales de la Fiscalía General del Estado" para, "potenciar así" el papel del Ministerio Público. 

Las polémicas desde su nombramiento

García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud. Llegó procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como 'mano derecha' de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal. 

Desde su llegada a la Fiscalía General del Estado, García Ortiz ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica, y a quien ascendió a fiscal de sala, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal.

Este nombramiento fue anulado. El Supremo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una "desviación de poder", que calificó de "innegable", por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado.

Pero no ha sido la única polémica. También generó controversia el nombramiento después de Delgado como de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, también en contra del criterio mayoritario.

El 'caso Delgado' y otros nombramientos discrecionales han acarreado a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Pese a todo, el Gobierno confirmó a García Ortiz, y destacó su "impecable" trayectoria. Sin embargo, el CGPJ emitió un informe obligatorio, pero no vinculante, donde, por primera vez, se opuso --por 8 votos contra 7-- a avalar al candidato propuesto por el Ejecutivo, al considerar que no era idóneo para continuar al frente del Ministerio Público. 

De cara a los próximos cuatro años, el mayor desafío para García Ortiz será el relacionado con la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE, que se encuentra en trámite parlamentario. 

Por ahora, ha rehusado pronunciarse, indicando que lo hará cuando sea ley y en los distintos procedimientos judiciales donde tenga que intervenir la Fiscalía. Hasta entonces, ha recordado que "el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad" del Ministerio Público, así como "respetar el principio de separación de poderes" y "evitar cualquier injerencia".