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El pacto migratorio, la asignatura pendiente de la UE que los Veintisiete buscan cerrar en la cumbre de Granada

  • Los gobiernos de la UE todavía tienen que conseguir un acuerdo sobre el Reglamento de Gestión de Crisis 
  • La UE ha alcanzado acuerdos con países como Túnez o Turquía para combatir la inmigración ilegal

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Un grupo de inmigrantes en la ciudad italiana de Lampedusa
Un grupo de inmigrantes en la ciudad italiana de Lampedusa

El Pacto de Migración y Asilo es una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, tal como lo expuso en su discurso de presentación del semestre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que anunció que su objetivo era cerrar un acuerdo. Lograr este acuerdo supone un gran desafío y es importante para España, ya que es uno de los cinco países del Mediterráneo -junto con Malta, Chipre, Italia y Grecia- con más presión migratoria proveniente de África.

Al término de la última reunión de los ministros del Interior de la UE en Bruselas, el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, se mostró convencido de que el club comunitario podrá alcanzar el acuerdo definitivo antes de la cumbre de la Unión Europea que se celebra esta semana en Granada.

Este nuevo intento de conseguir cerrar este pacto se produce en un año de gran flujo migratorio desde el norte de África, en el que más de 133.000 personas han desembarcado en las costas italianas, el doble que en el mismo periodo del año pasado y el triple que en 2020.

"Se está viendo un aumento en las llegadas de refugiados. Un aumento en términos generales", asegura a RTVE.es la investigadora del Real Instituto Elcano, Raquel García. "Y desde luego, los acuerdos de la UE con terceros países no han resuelto el problema, porque las cifras van en aumento", añade.

¿Qué es el pacto migratorio?

El Pacto sobre Migración y Asilo es un conjunto de normas y políticas dirigidas a regular la entrada de personas procedentes de terceros países y con la intención de crear un proceso "más justo, eficiente y sostenible" para la Unión Europea, según explica la Comisión Europea en su página web.

Este pacto fue propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2020 y, desde entonces, los Veintisiete han trabajado para llegar a un acuerdo que sea aceptado por todos los países miembros. "Es un expediente que va con retraso, porque el Pacto Europeo de Migración y Asilo no es solo un proyecto legislativo, es un conjunto de muchísimas propuestas", explica Raquel García.

En junio de este año, el Consejo Europeo dio un paso decisivo cuando los ministros del Interior del bloque acordaron dos nuevos reglamentos para reubicar y tramitar mejor las peticiones de los solicitantes de asilo.

Uno de los puntos clave para alcanzar ese acuerdo para lograr una gestión común de la política de migración y asilo en la UE es la posibilidad de pagar alrededor de 20.000 euros en lugar de acoger a un refugiado.

¿Por qué la UE no ha logrado cerrar todavía el pacto migratorio?

Los países de la Unión Europea llevan ya más de tres años intentando llegar a un acuerdo para la reforma del pacto sobre política migratoria con el objetivo de que los Veintisiete compartan la responsabilidad por la recepción de migrantes o al menos cubran los costes de su acogida.

A pesar de haber logrado grandes avances en junio tras cerrar dos elementos importantes del pacto -el reglamento sobre procedimientos de asilo y el de gestión de migración-, todavía queda conseguir un acuerdo sobre el Reglamento de Gestión de Crisis para aplicarlo en situaciones de la llegada masiva de migrantes.

"Ha habido serios avances en el Consejo Europeo en cuanto a concretar dos reformas normativas concretas de los actuales acuerdos de Dublín, que regulan sobre todo la cuestión referente a los que solicitan asilo desde el exterior", explica el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Manuel López Linares. "El Parlamento Europeo lo que está buscando es que se logre aprobar esa tercera norma en la que, lo que se pretende también, es concretar las medidas de una crisis que tenga lugar de forma inesperada", añade.

Para López Linares, ese tercer reglamento que regularía las situaciones de crisis "tiene más dificultades". "Precisamente porque para aprobar algo así hay que estar de acuerdo en cómo se trataría en una situación de urgencia a las personas que están en una situación límite, en relación con los derechos humanos", recalca.

¿Qué países ponen más obstáculos?

Dentro de los países del bloque comunitario, Polonia y Hungría son los que tradicionalmente tienen más reservas a la hora de aceptar que haya un reparto por cuotas de quienes llegan en estos flujos migratorios.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunció recientemente que su país vetaría la decisión de Bruselas sobre la reubicación forzosa de inmigrantes o hacer abonar 20.000 euros por cada refugiado a las naciones que se nieguen a acogerlos.

Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, también ha insistido en que su país no aceptará las cuotas de refugiados. Orbán apuesta por reforzar las fronteras con vallas y con vigilancia, y plantea llevar ayuda a las zonas en crisis de donde parten los migrantes y no traer los problemas a Europa.

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"Hay que conciliar muchas sensibilidades entre los que no quieren recibir cuotas obligatorias de migrantes y los que son países de primera entrada", indica la investigadora del Real Instituto Elcano. "También con los que son países de objeto de movimientos secundarios, que ahí están países como Alemania, que siempre tiene una posición favorable en llegar a acuerdos a nivel europeo, pero que, por su puesto, su posición hacia un acuerdo migratorio es distinta a la española, porque es un movimiento secundario y no de primera entrada", detalla.

¿Va a influir la llegada de migrantes a Lampedusa en el pacto?

A principios de septiembre, en tan solo tres días llegaron más de 10.000 migrantes a la isla italiana de Lampedusa, la más próxima a África, una situación que hace más visible la necesidad de diseñar un sistema de asilo y migración de la UE que dé soluciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la isla en medio de la llegada masiva de refugiados, y desde allí anunció un plan de acción para contener la inmigración irregular y para que los países del club compartan la gestión de los traslados de migrantes que llegan a las costas italianas.

"Las situaciones puntuales, sobre todo las presentes, van a hacer que los gobiernos con un sesgo muy determinado, que han realizado una serie de promesas para acabar con estos problemas que realmente se están mostrando inviables, van a plantear exigencias que para algunos van a ser difíciles", opina López Linares.

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"Podemos esperar que Meloni sea muy exigente y pretenda que el conjunto de la Unión Europea pueda responsabilizarse, que ella tenga que recibir el apoyo máximo, y habrá un debate sobre cómo se realiza ese reparto concreto de personas y la posibilidad de apoyo con fondos públicos del presupuesto de la UE. Habrá un regateo y una posición previsiblemente dura por parte de la primera ministra italiana", predice el profesor.

Por su parte, Raquel García cree que las situaciones críticas "van a resultar o están resultando en medidas que son bastante estrictas a la hora de recibir migración". "No creo que cuando veamos una crisis como las que desgraciadamente llevamos muchos años viendo resulte en una suavización en torno a la política migratoria. Por desgracia, creo que la dirección es toda la contraria y es lo que se ve en el pacto de Migración y Asilo, que es promover el retorno y mecanismos de gestión en la frontera. Medidas mucho más estrictas y acuerdos con terceros países para que sean ellos quienes gestionen la migración", subraya.

En su primer año en el poder, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aprobado cuatro decretos para reforzar los controles en materia migratoria.

¿Cómo está la UE intentando frenar la inmigración ilegal?

La Unión Europea ha alcanzado acuerdos con algunos de los países de los que salen las embarcaciones con migrantes y refugiados, naciones a las que suministran dinero y recursos para combatir la inmigración ilegal.

El último se alcanzó en julio entre Bruselas y Túnez por el que el país africano recibirá 105 millones de euros para frenar la migración ilegal, 150 millones de euros en apoyo presupuestario y 900 millones de euros en ayuda a largo plazo. La presidenta de la Comisión Europea afirmó que este acuerdo podría servir en el futuro como modelo para compromisos con otros países.

Pero no es el único pacto al que ha llegado la UE con otros países. En 2016 se alcanzó un pacto sobre refugiados con Turquía, con el objetivo de frenar el flujo migratorio enviando de vuelta a Turquía a los migrantes que entraran de forma irregular en Grecia.

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A cambio, la UE prometió dar a Turquía 6.000 millones de euros para ayudar a acoger a sirios, así como la liberación de visados para los turcos.

"Hay un acuerdo muy polémico con Turquía por el que, aparte de apoyo económico, se busca que Turquía retenga un 50% de las personas que llegan como país de paso", detalla López Linares. "En el norte de África hay acuerdos con prácticamente todos los países. El problema que está pasando Túnez en la actualidad es que tiene un problema económico propio muy importante de equilibrio de cuentas públicas y está muy necesitada de dinero", añade.