Bruselas insiste a España en renovar con "prioridad" el CGPJ y señala que afecta "negativamente" a la Justicia

• La Comisión Europea exige que después se inicie la reforma para que los siguientes nombramientos los realicen los jueces
• El Gobierno cree que "atribuye claramente al PP" la responsabilidad y le da "un severo toque de atención por su deslealtad"

Fachada del edificio del CGPJ

La Comisión Europea ha insistido de nuevo este miércoles a España en renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "como asunto prioritario" al considerar que se trata de una situación que afecta "negativamente" a la Justicia, al tiempo que ha exigido que "inmediatamente después" de tal renovación se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.

Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático. En sus recomendación también urge a separar el mandato el fiscal general del Gobierno.

Esta situación de bloqueo plantea a Bruselas "serias preocupaciones", ya que no se ha renovado el Consejo a pesar de la "urgencia" ni se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros.

Es el cuarto año consecutivo que la Comisión Europea alerta a España sobre este asunto en su informe anual del Estado de derecho y el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, había urgido en dos viajes a Madrid a que la renovación se culminase antes de que España asumiese la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante este segundo semestre de 2023.

Una situación que "afecta negativamente" a la Justicia

Los retrasos en la renovación, abunda el informe, "afectan negativamente" a la labor del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto, con hasta un 30% de puestos vacantes en el Supremo debido a las competencias más limitadas de un CGPJ en funciones y 1.230 decisiones menos al año en las dos salas del Supremo donde hay más ausencias, la tercera y la cuarta.

"La situación ha sido descrita por el Tribunal Supremo como insostenible, ya que socava la eficiencia de la justicia y tiene un impacto negativo en la duración de los procedimientos ante el Tribunal Supremo", señala el informe.

Bruselas tampoco percibe ningún progreso en el refuerzo del estatuto del Fiscal General del Estado, especialmente de cara a desvincular su mandato y el del Gobierno, ni en "los retos asociados a la duración de las investigaciones" para aumentar "la eficiencia en la gestión de casos de corrupción de alto nivel".

"No se han tomado medidas para abordar la separación de mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno (...). En su informe de diciembre de 2022, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa también señala que no se han tomado medidas para aumentar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa de la Fiscalía", recalca la Comisión Europea.

Recuerda que la renovación está pendiente desde 2018

Con estas recomendaciones, Bruselas confía en "animar" a los Estados miembro a asumir las mejoras necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar "dónde es necesario mejorar", si bien se trata de indicaciones no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a analizar han sido tenidas en cuenta en el siguiente informe anual.

Bruselas recuerda que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde entonces, "sigue siendo una preocupación" para los servicios comunitarios, que han llamado repetidamente a modificar el sistema de nombramientos para que la menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.

El informe apunta que están pendientes una reforma del procedimiento penal para abordar la duración de las investigaciones y los procesamientos, y un proyecto de ley sobre los grupos de presión, además de recordar que la reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y revisó el de malversación en algunos casos, lo que suscitó críticas.

El Gobierno cree que Bruselas "atribuye claramente" al PP la responsabilidad

El Gobierno considera que el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la UE atribuye "claramente al PP" la responsabilidad del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le da "un severo toque de atención por su deslealtad constitucional".

Fuentes del Ejecutivo señalan que la recomendación Bruselas es "renovar de forma inmediata el CGPJ y posteriormente analizar las alternativas existentes para reforzar su independencia".

Además, califican de "muy poco habitual" que en un informe de estas características se diga "tan abiertamente" que el "principal problema" del Estado de Derecho de un país "se debe a la actitud de la oposición", y eso muestra, según señalan las mismas fuentes del Ejecutivo, la "profunda preocupación" que existe en Bruselas por el "incumplimiento sistemático" de la Constitución "por parte de Feijóo".

El informe destaca, según señalan fuentes del Gobierno, los "progresos de España en la lucha contra la corrupción, creando el delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos" y "avala la homologación del delito de malversación con los países de nuestro entorno". Se trata, según afirman, de un "análisis descriptivo de la reforma y solo menciona críticas de asociaciones conservadoras" y "no se incluye ninguna mención a este delito en las recomendaciones del informe, por lo que valida la reforma efectuada y no recomienda ningún cambio".

El PP cree que la advertencia de Bruselas es "demoledor para el Gobierno"

El PP, por su parte, cree que la advertencia de Bruselas es "demoledora para el Gobierno de España", ya que es "el último responsable de la situación de la Justicia". "El informe insiste en que el Gobierno no ha hecho nada y no ha conseguido la renovación. Tampoco la reforma del modelo de elección de los jueces", ha dicho en un comunicado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

El 'popular', que dice que la renovación del modelo de elección es "urgente", considera que la atribución directa a la falta de renovación del CGPJ es para la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil: "Así está en la ley".

Pons, además, afirma que el informe señala también que "uno de los graves defectos de la separación de poderes" en España es que no se garantiza "la independencia de la Fiscalía General del Estado" y alerta de la rebaja de las penas en los delitos de sedición y malversación. Por último, critica que haya "ministros que hacen declaraciones contra los jueces para condicionar sus decisiones".