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Anticorrupción pide la imputación de Aguirre por reducir las camas del hospital Puerta de Hierro

  • Según el escrito de la Fiscalía, la medida causó un quebranto económico a las arcas públicas superior a los 10 millones

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La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la investigación -antigua figura de imputación- de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en la causa que investiga las obras del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por la reducción de 135 camas que se habría realizado sin procedimiento administrativo alguno, causando un quebranto económico a las arcas públicas superior a los 10 millones de euros.

Según ha adelantado ABC y ha confirmado RTVE, el escrito de Anticorrupción ha sido presentado ante la titular del juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que investiga esa supresión de camas a raíz de una querella presentada a finales de 2020. La propia Fiscalía cree que se modificó un contrato sin el procedimiento administrativo correspondiente y se siguió pagando por unas camas que no existían. Por este motivo, solicita la investigación de Aguirre, del entonces consejero de Sanidad Juan José Güemes y de otros altos cargos.

Fue en diciembre de 2020 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.

Según la querella de Anticorrupción, hay indicios de que "prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto" el contrato de concesión de obra para construir dicho hospital. Debido a esa gestión "la administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados", produciéndose un menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad de más de 10 millones.

Las 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales

La obra pública fue adjudicada por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI, que constituyeron la sociedad Hospital Majadahonda S.A. El contrato se modificó en 2008 y las 135 habitaciones del citado hospital pasaron de ser dobles a individuales.

Para justificar este cambio se invocó una resolución de 5 de mayo de 2008 dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no existió, asegura la Fiscalía, que subraya "la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo".

Pero, además, "se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos". Sin embargo, al día de la fecha -diciembre de 2020- "no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto".