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¿Quién es quién en el caso del asesinato del concejal de IU de Llanes?

  • El 16 de agosto de 2018, Javier Ardines fue hallado muerto a pocos metros de su casa con varios golpes en la cabeza
  • El juicio comenzará con el interrogatorio de los cuatro acusados, que afrontan penas de 25 años de prisión

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Agentes de la Guardia Civil trasladan al detenido como presunto inductor del asesinato de Ardines
Agentes de la Guardia Civil trasladan al detenido como presunto inductor del asesinato de Ardines

La Audiencia Provincial de Oviedo acoge a partir de este martes la vista oral ante jurado popular por el asesinato del concejal de IU en Llanes (Asturias) Javier Ardines.

El juicio por el asesinato cometido en 2018, que exigió una laboriosa investigación que se prolongó durante meses para dar con los presuntos responsables, comenzará con el interrogatorio de los cuatro acusados, que afrontan penas individuales de 25 años de prisión.

En el banquillo se sentarán Pedro N.A., amigo personal de Ardines y presunto inductor del crimen por celos; los presuntos autores materiales y sicarios Djilali B. y Maamar K., y el señalado por los investigadores como intermediario, Jesús M.

¿Quién era la víctima?

Javier Ardines, de 52 años, casado y con dos hijos, compatibilizaba su pasión por la mar como patrón de una embarcación con la política como único concejal de IU en un Gobierno cuatripartito en el Ayuntamiento de Llanes, donde había renunciado a cobrar un sueldo.

El 16 de agosto de 2018, Ardines fue encontrado muerto a pocos metros de su casa con varios golpes en la cabeza, uno de ellos en la nuca. Aunque en un primer momento se barajó que podría haber muerto de un infarto y haberse golpeado, las heridas que presentaba no parecían compatibles con las de una caída.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los agentes de la Comandancia de Gijón buscaron las primeras pistas sobre su asesinato en su vertiente política como responsable de las áreas de Pesca, Medio Rural, Playas y Personal, ya que había mantenido algunos conflictos con la plantilla municipal relacionados con una nueva Relación de Puestos de Trabajo o con el derribo del hotel Kaype, en Barro.

La Guardia Civil ha detenido este martes a tres hombres y ha reclamado la extradición de una cuarta persona arrestada en Suiza en relación al asesinato del concejal de Llanes (Asturias), Javier Ardines González, de 52 años, el pasado 16 de agosto.

Sin embargo, las investigaciones descartaron la vía política y cobró más fuerza el móvil pasional, donde los investigadores lograron tirar del hilo hasta dar con los supuestos autores.

¿Quiénes son los acusados?

Pedro N. A., el presunto inductor Pedro N. A., el presunto inductor

Pedro N.A., residente en Amorebieta (Bizkaia) y presunto autor intelectual del crimen, sospechaba que su esposa, prima segunda de la mujer de Ardines, le engañaba con el concejal, con quien le unía una relación de amistad que le llevó a adquirir una casa a escasos metros de la del edil en Belmonte de Pría.

Según la Fiscalía, descubrió el idilio tras grabar con su móvil una conversación entre su esposa y el fallecido, y así se lo hizo saber a ella, aunque ambos siguieron conviviendo como pareja. A partir de ahí empezó a idear la forma de darle un escarmiento.

Jesús M., el intermediarioJesús M., el intermediario

Para llevar a cabo su plan, según las investigaciones, Pedro N.A. contactó con su amigo, el acusado Jesús M. , a quien le confesó sus intenciones. Jesús M. no aceptó llevar personalmente el encargo pero, según las investigaciones, le puso en contacto con Djilali B. y este, tras saber quién era la víctima a través de una fotografía, concertó los pormenores del plan con el cuarto acusado, Maamar K.

Sin embargo, la declaración que Jesús M. prestó el 10 de diciembre de 2018 en el cuartel de la Guardia Civil en Bilbao, donde supuestamente se destapaba la trama, ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al haber sido efectuada en calidad de testigo y no de investigado.

Djilali B. y Maamar K., los asesinos a sueldoDjilali B. y Maamar K., los asesinos a sueldo

La vida del edil tenía precio: 25.000 euros para cada sicario. Según consta en el sumario, los dos presuntos sicarios recibieron supuestamente esa cantidad y ambos se desplazaron hasta el pequeño pueblo de Belmonte de Pría junto a los otros dos investigados para estudiar sobre el terreno la forma de llevarlo a la práctica.

¿Cómo fueron los hechos según la investigación?

Tras un primer intento fallido, el crimen se llevó a cabo el 16 de agosto de 2018, cuando Ardines encontró tres vallas de obra que le obstaculizaban el paso cuando se dirigía al puerto de Llanes, donde iba a iniciar una jornada de pesca como patrón en su embarcación, 'El Bramadoira'.

Según la investigación, las colocaron de forma que impedían el paso de cualquier vehículo, para asegurarse de no fallar e incrementar el tiempo disponible para abordar a Javier Ardines. Además, para tener más garantías de acierto y anular la posibilidad de defensa de la víctima, cada uno de los acusados llevaba un bote de spray de pimienta.

Al bajarse de su vehículo para retirar las vallas, Ardines fue golpeado con un bate de béisbol y posteriormente asfixiado. La víctima no pudo defenderse, tan solo colocar de forma intuitiva su brazo derecho como escudo. Una vez en el suelo, fue sujetado y/o arrastrado unos metros.

A consecuencia de la agresión, Ardines falleció. Tras los hechos, el acusado J.M. entregó a M.K. el dinero por el trabajo realizado.

¿A qué delitos se enfrentan? ¿Qué condena pide la Fiscalía?

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato. De este responderían: el acusado Pedro N., en condición de inductor; el acusado Jesús M., en condición de cooperador necesario; y los acusados Djilali B. y Maamar K., en condición de coautores.

Asimismo, solicita que se condene a cada acusado a 25 años de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación absoluta y abono de tiempo cumplido preventivamente y libertad vigilada con una duración de 10 años.

Por vía de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados indemnicen a la viuda del fallecido con 113.000 euros; a su hijo con 30.000 euros y a su hija con 25.000 euros (la diferencia responde a que ella era independiente económicamente en el momento de los hechos), todo ello más los intereses legales correspondientes.