Un juez extiende la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del IVIMA a un fondo buitre a todos los inmuebles

• Señala que "no puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales"
• Los afectados piden a la presidenta de la Comunidad de Madrid que inicie de inmediato la recuperación de las viviendas

Fachada de un edificio de Madrid

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha determinado que la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión declarada en mayo de 2018 afecta a la totalidad de los inmuebles y no al caso concreto del vecino de Navalcarnero que acudió a los tribunales.

El pasado 21 de mayo de 2018, una sentencia anuló la venta en 2013 de estas viviendas por un valor de más de 200 millones de euros a un fondo de inversión resolviendo el caso de un inquilino que accedió en 2007 a un piso de protección oficial de este plan de viviendas impulsado por el entonces presidente regional Ignacio González. La adjudicación fue emitida por el IVIMA sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios la trasmisión de la propiedad de sus viviendas.

Ahora, en un auto al que ha tenido acceso RTVE.es, el juzgado declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo del consejo de administración de la Agencia Social de la Vivienda, de 18 de junio de 2020, en la parte en que restringe el alcance de la sentencia de este juzgado, de mayo de 2018, a "la anulación de la adjudicación respecto de las viviendas ocupadas por los inquilinos que recurrieron la adjudicación de la enajenación de las 32 promociones".

De este modo, se declara que la sentencia de este juzgado alcanza a "la anulación de la adjudicación a Azora Gestion del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran".

Da 10 días al Gobierno regional para el proceso de reversión de la venta

Asimismo, el juez insta a Azora Gestion y Encasa Cibeles, filiales de Goldman Sachs, a que se abstengan y cesen de "cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente".

De igual modo, se requiere a la Agencia de la Vivienda Social a que en "el plazo de diez días proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada".

El juez afirma que "no es posible requerir" a Azora Gestion y Encasa Cibeles a que, en tanto, la Agencia Social de la Vivienda "no tome posesión de los inmuebles, se abstengan de iniciar o seguir frente a los inquilinos de dichos inmuebles cualquier procedimiento de desahucio o cualquier otro tipo de procedimiento iniciado con la misma finalidad o a instar el lanzamiento de cualquiera de los inquilinos".

En la resolución, se señala que "no puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales, dada la situación de precariedad social en que van a quedar sumidas muchas familias como consecuencia de la crisis desatada por la epidemia del COVID-19".

"Y, si ésta afecta a algunos de los actuales inquilinos, no tendrán más que acudir, para evitar desahucios, a la Comunidad de Madrid en busca de las ayudas y beneficios de alquiler que requiera su situación de vulnerabilidad social, como por ejemplo la bonificación de los alquileres, como las que al recurrente vino concediendo precisamente en razón de su situación de vulnerabilidad".

Los afectados piden a Ayuso la recuperación de las viviendas

La portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), Montse González, ha pedido "a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que cumpla con los autos de los tribunales y, cuando antes, inicie los trámites para recuperar la totalidad de los pisos y nosotros los derechos como adjudicatarios de vivienda pública protegida que perdimos en 2013", según recogen en un comunicado.

En la misma línea que la portavoz de los damnificados se ha mostrado el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos. "Los tribunales nos han dado la razón de forma contundente, por lo que exigimos al Gobierno regional que se siente a negociar de inmediato la recuperación de todas las viviendas y locales malvendidos, compensando a las miles de familias afectadas, velando por fin por sus intereses y derechos como madrileños y madrileñas beneficiarios de vivienda pública", ha expresado.

Además, Villalobos ha añadido que aunque la Comunidad de Madrid puede presentar un escrito de apelación, "es muy poco probable que salga adelante, lo que nos sitúa al final de uno de los casos más vergonzosos de nuestra historia reciente". Asimismo, espera que se deje "de una vez por todos de obstruir a la justicia y de martirizar a unas familias que, por su difícil condición, debería de haber apoyado en todo momento".

Ante esta situación, la FRAVM ha pedido a la Comunidad de Madrid que abra una mesa de diálogo con las familias afectadas y las asociaciones vecinales para estudiar cómo llevar a cabo esta reversión y restituir los derechos de los hogares involucrados.