El PP pide al Supremo que anule el nombramiento de Delgado como fiscal general por su vinculación con el Gobierno

• Los 'populares' dudan de su imparcialidad por haber sido miembro del Gobierno y su vinculación al PSOE
• Alegan que el nombramiento "rememora" la Ley Orgánica del Estado de 1967 del Franquismo

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en una imagen de archivo.

El PP ha solicitado al Tribunal Supremo que anule el real decreto por el que se nombró a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, al dudar de su idoneidad e imparcialidad para dirigir el Ministerio Público debido a la "vinculación inequívoca" con el PSOE y con el Gobierno, del que formó parte como ministra de Justicia en la legislatura pasada.

Para los 'populares', "Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible", por lo que piden al Alto Tribunal que declare la nulidad de la designación de la exministra de Justicia como fiscal general porque constituye "una desviación de poder al ser un fraude constitucional".

La exministra entregó la cartera de Justicia a su sucesor el 14 de enero, el mismo día en que se propuso su nombramiento como fiscal general del Estado. Tras conocerse la propuesta, los 'populares' ya anunciaron que recurrirían esta designación, pero el escrito de demanda se presentó a finales del mes de julio.

A ello, el PP suma la "indiscutible militancia material/sustancial" en el PSOE, del que ha sido diputada hasta que dejó el escaño tras ser elegida como fiscal general, defendiendo "los postulados del partido sin matices".

"Rememora" la Ley Orgánica de 1967

Así, el partido liderado por Pablo Casado considera que con el nombramiento de Delgado, el Gobierno solo persigue "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación", y "rememora" así la Ley Orgánica del Estado de 1967 del Franquismo que otorgaba al fiscal general del Estado la función de "mero órgano de comunicación entre el Gobierno y la Administración de Justicia".

Por ello, cuestiona la designación de Delgado para este cargo, a quien califica como la "longa manus" del Gobierno.

Además, a lo largo de 79 páginas, la demanda presentada ante la Sala Tercera del Supremo recuerda que fue ministra de Justicia hasta dos días antes de ser propuesta como fiscal general y entregó la cartera a sucesor el 14 de enero, el mismo día en que el Consejo de Ministros aprueba esta propuesta.

Para el PP, que recalca que siete vocales del Consejo General del Poder Judicial cuestionaron la idoneidad de Delgado, la coincidencia de fechas supone el "mayor desprecio por nuestra Carta Magna y la imparcialidad del Ministerio Fiscal que la misma consagra en su artículo 124.2 la Constitución Española".

Para incidir en la falta de imparcialidad, recuerda las polémicas declaraciones del presidente del Gobierno sobre "de quién depende" la Fiscalía y asegura que Delgado "rezuma prejuicios, prevenciones y odios" contra los 'populares'.

Según indica el escrito, es "pública y notoria la aversión" contra el partido de Casado y así se ha podido ver en sus distintas intervenciones como diputada del PSOE y como ministra. El PP sostiene que la "ausencia de objetividad es palmaria" y que por ello le genera "indefensión e intranquilidad".

Por otro lado, el escrito destaca que tampoco cumple el requisito de jurista de "reconocido prestigio",  uno de los "elementos reglados específicos" para ser fiscal general del Estado. Según explica, Delgado "es jurista con más de 15 años de servicios efectivos en la carrera fiscal", si bien "su prestigio como jurista es ignoto".

Por eso, con esta decisión "se produce un fracaso de la Constitución", según el PP, que considera que la Carta Magna "entra en barrena en la configuración de una institución de relevancia constitucional" como la de la Fiscalía.