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El juez desoye a la Fiscalía y mantiene el tercer grado a Forcadell y Bassa

  • La expresidenta del Parlament y la exconsellera mantendrán, por ahora, el tercer grado concedido por la Generalitat

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La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a su salida a primera hora de esta mañana de la prisión de Wad-Ras en Barcelona, para llevar a cabo labores de voluntariado
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell a su salida de prisión para llevar a cabo labores de voluntariado.

El juez de vigilancia penitenciaria ha rechazado la petición de la Fiscalía y ha descartado suspender de inmediato el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, mientras tramita el recurso del ministerio público para revocar su semilibertad.

En sendos autos el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Cataluña opta por mantener, por ahora, el tercer grado a ambas, a diferencia de lo que resolvió el pasado martes el juzgado de vigilancia penitenciaria 5, que atendió la petición de la Fiscalía y suspendió cautelarmente la semilibertad del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn y Raül Romeva y 'los Jordis'. Este mismo jueves ha sido suspenido también el tercer grado para Jordi Turull y Josep Rull.

Boletines RNE - El juez rechaza suspender la semilibertad de Forcadell y Bassa - Escuchar ahora

En sus escritos, el juez resalta que para que el recurso de la Fiscalía sobre el tercer grado tenga inmediatamente un efecto suspensivo tiene que darse en fase de apelación, en este caso ante el Tribunal Supremo, y no ante la primera instancia para revocar la concesión de la semilibertad que la Generalitat concedió a los presos del 'procés'.

De esta forma, una vez la Fiscalía ha recurrido el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado 14 de julio a los nueve presos del procés, a cinco de ellos se les ha suspendido cautelarmente la semilibertad y ya no pueden salir de prisión -Junqueras, Forn, Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-, a dos se les mantiene mientras se resuelve el fondo del asunto -Forcadell y Bassa- y los otros dos siguen pendientes de la resolución judicial -los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull Turull- .

A diferencia de lo acordado con los presos, el juzgado que se encarga de las cárceles de mujeres de Wad Ras, en Barcelona, donde está presa Forcadell, y de la gerundense de Puig de les Basses, donde cumple condena Bassa, concluye que dar en este momento del proceso un carácter suspensivo al recurso del fiscal "puede afectar al principio de legalidad".

La Fiscalía había recurrido el tercer grado a Turull, Rull y Bassa

La Fiscalía había recurrido el tercer grado concedido por la Generalitat el pasado 14 de julio a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa y había solicitado al juzgado de vigilancia penitenciaria que suspendiese de forma inmediata su semilibertad mientras resuelvía el fondo del asunto.

Así lo solicitaba en tres escritos la Fiscalía Provincial de Barcelona, después de que el pasado martes, 28 de julio, ya lograse que el juez de vigilancia penitenciaria dejara sin efecto de forma cautelar el tercer grado del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn y Raül Romeva y los 'Jordis'.

De esta forma, la Fiscalía, que el pasado martes también recurrió el tercer grado de Carme Forcadell, ya ha llevado al juzgado de vigilancia penitenciaria la semilibertad que la Generalitat ha concedido a los ocho presos condenados por el procés.

Rull, Turull y Bassa

Los exconsellers catalanes Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, en una imagen de archivo de 2017. EFE

Si el juzgado de vigilancia penitenciaria accede a la petición fiscal para suspender de forma inmediata su semilibertad, Turull, Rull y Bassa volverían a un segundo grado estricto, incluso sin las salidas laborales y de voluntariado en aplicación del artículo 100.2, al menos hasta que las respectivas juntas de tratamiento lo volvieran a plantear.

Precisamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió este miércoles al alto tribunal que, a medida que le lleguen los recursos sobre la aplicación del 100.2 a los presos del "procés" los suspenda inmediatamente de forma cautelar, lo que también cerraría la puerta a que volvieran a salir para trabajar, ejercer voluntariado o cuidar de familiares dependientes.

Experimentar la "culpabilidad"

En sus recursos contra el tercer grado de Turull, Rull y Bassa, la Fiscalía esgrime argumentos parecidos a los que expuso en los escritos para revocar la semilibertad de los otros cinco presos del 'procés', en el sentido de que la educación y resocialización de los internos no son las únicas finalidades de la pena de cárcel, ya que no es "menos importante" que experimenten la "culpabilidad" y que su encarcelamiento es "algo merecido".

En el caso de Turull, Rull y Bassa, la Fiscalía advierte de que aún no están preparados para pasar al tercer grado, porque no han seguido en prisión un curso para aprender a vivir "respetando el elenco de mandatos y prohibiciones contenidos en la ley penal".

Pese a que los exconsellers reconocen las consecuencias de sus hechos, el fiscal sostiene que siguen sin admitir que cometieron el delito y no han seguido ningún programa de tratamiento sobre los "déficit" que les llevaron a delinquir: "falta de respeto a las leyes y a los tribunales, creencia de un mandato superior del Parlament por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional y creencia de su capacidad para interpretar la voluntad popular".

Por este motivo, insiste que el programa de tratamiento que deberían seguir tendría que enseñarles a respetar la ley y a que solo se puede conseguir lo que se desea mediante los mecanismos legalmente establecidos, "de manera que un gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma".

Como en la mayoría de los escritos en que la Fiscalía pide que se revoque el 100.2 o el tercer grado de los presos del "procés", el ministerio público subraya que no están en prisión por querer transformar la estructura del Estado, un fin que ve "totalmente legítimo y respetable", sino por "querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos".