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Elecciones gallegas

¿Derecho al voto o protección de la salud? Dudas sobre el voto en A Mariña a cuatro días de las elecciones

  • La Xunta ha recomendado a los contagiados de Covid-19 o casos sospechosos de la zona no votar el domingo "por prudencia"
  • La mayoría de juristas cree que no se puede limitar el derecho fundamental al voto y que debe garantizarse la seguridad

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Elecciones gallegas en A Mariña: dudas sobre cómo votar con el brote de Covid-19

Desde hace varios días, la campaña de las elecciones gallegas del 12 de julio se ha visto sacudida por el brote de Covid-19 surgido en la comarca de A Mariña, al norte de la provincia de Lugo, que ha provocado el confinamiento durante cinco días de los 70.000 habitantes de los 14 municipios de esta zona. A esta medida sanitaria le ha acompañado la recomendación del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de que las personas contagiadas o que tengan síntomas compatibles con la Covid-19 no acudan a votar el domingo "por prudencia".

El número de infectados desde el pasado 23 de junio en A Mariña ha aumentado este miércoles a 144 casos activos, tras confirmarse otros 23 positivos en las últimas horas. La mayoría son asintomáticos o presentan síntomas de carácter leve y tienen la obligación de guardar cuarentena durante 14 días, señalan las autoridades sanitarias.

De momento, no hay un pronunciamiento definitivo. La Xunta mantiene la jornada electoral sin cambios; diez alcaldes de A Mariña han pedido en un manifiesto que se retrasen las elecciones en esta comarca, y también Galicia en Común y Marea Galeguista han elevado un recurso a la Junta Electoral Centras la resolución de la Junta Electoral gallega, que no consideró "afectadas las condiciones del proceso electoral" en la comarca lucense.

Esta situación sin precedentes ha suscitado el debate jurídico acerca de si es posible restringir el derecho al voto en A Mariña en este contexto, a dos días de que termine el confinamiento de cinco jornadas dictado por la Xunta y a cuatro de que se celebren los comicios autonómicos. Están en pugna dos derechos fundamentales, el del voto y el de la salud. ¿Debe prevalecer uno sobre otro? ¿Cómo hacerlos compatibles sin poner en riesgo la salud de las personas?

Buscar soluciones para que todos puedan votar

La mayoría de los juristas defienden que no se puede limitar el derecho al voto y creen que habría que buscar soluciones para que se pueda ejercer sin poner en riesgo la salud. Por ejemplo, asesores sanitarios de la Xunta han sugerido al gobierno gallego que las 400 personas que están en cuarentena por ser contactos estrechos de casos positivos voten a determinadas horas o que no hagan cola por seguridad.

14 horas - Confinados con el voto? - Escuchar ahora

Por ejemplo, María Núñez, doctora en Derecho Constitucional en la UNED propone "ampliar el plazo de solicitud de voto por correo" para estos ciudadanos, aunque el plazo oficial terminó el pasado 2 de julio. "El voto es un derecho, no una obligación; no te pueden obligar a votar, pero aquellas personas que deseen votar y estén enfermas, que pueden poner en riesgo la salud de los demás, se les podría permitir hasta el último momento ejercer el derecho al voto".

Otros expertos no lo tienen tan claro y creen que un contagio por Covid-19 es una situación análoga al caso en que alguien sufre un infarto, es hospitalizado u operado en vísperas de unas elecciones, y no puede ejercer por ello su derecho al voto: un problema de salud conduce, así pues, a no poder votar.

Ignacio García de Vitoria, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, considera que con un confinamiento prolongado no se limitaría "directamente" el derecho de voto, sino la libertad de circulación, de modo que  "la restricción del voto sería un efecto indirecto", admite.

El también profesor de la Universidad Complutense, Rafael Rubio, contempla esa restricción, aunque no estaría clara la manera de llevarla a cabo. Por el contrario, Agustín Ruiz, catedrático de la Universidad de Granada, cree que, al estar ante un derecho constitucional, "los poderes públicos tienen que buscar alternativas para que los ciudadanos puedan votar".

Entre esas alternativas, podría hacerse que un funcionario público recoja el voto con todas las medidas de seguridad o bien poner en marcha un sistema de voto por correo especial. Llegado el caso, estos procedimientos deben ser aprobados por la Junta Electoral.

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