Anticorrupción pide 38 años para Villarejo por el espionaje en la herencia de 'La Finca'

• El comisario ofreció a Procisa servicios que incluían la obtención de forma ilegal de datos reservados
• Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio

Imagen de archivo del excomisario José Manuel Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción solicita 38 años y 10 meses de cárcel para el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo en su escrito de conclusiones provisionales de la pieza 'Land' del caso 'Tándem', en la que juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo de "La Finca".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, acordó a mediados de mayo el pase a procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, de la pieza número 3 de la macrocausa.

El magistrado consider´que había indicios para juzgar a Villarejo, a su esposa, a su socio Rafael Redondo, al excomisario Enrique García Castaño, a los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver y a su jefe de seguridad David Fernández Aumente, por delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Segunda petición de cárcel

Se trata de la segunda petición de cárcel que Anticorrupción hace pública respecto de Villarejo, para quien la semana pasada solicitó una condena notablemente mayor, de 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros por diversos delitos investigados en la pieza número 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

En esta pieza, llamada 'Land', del conocido también como 'caso Villarejo', se han investigado las actuaciones del comisario en torno a la promotora Procisa.

Dos de los investigados, Francisco Peñalver y Susana García-Cereceda, promotores de la urbanización de lujo 'La Finca', así como su responsable de seguridad, David Fernández, contrataron los servicios del entonces comisario en activo para recabar información sobre en qué situación había quedado la inmobiliaria tras la muerte de su presidente.