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La ley contra la Violencia de Género cumple 15 años: los retos y las asignaturas pendientes

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La ley contra la Violencia de Género cumple 15 años

Nacida del consenso político en 2004, la ley contra la Violencia de Género cumple este sábado 15 años en un contexto político en el que retumban los discursos que niegan la existencia de violencia específica hacia la mujer. Al reto que supone seguir avanzando en ese escenario se suman las asignaturas que la norma tiene todavía pendientes. Entre ellas, la de ampliar el concepto restringido de violencia de género, que actualmente se limita al ámbito de la pareja.

La ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó el inicio en España de una batalla inconclusa que tiene como objetivo garantizar la integridad de las mujeres y evitar la violencia estructural ejercida contra ellas.

En este sentido, la norma trajo consigo la adopción de medidas concretas que empezaron a combatir y visibilizar el maltrato que históricamente han sufrido las mujeres en el ámbito privado. Además, sirvió para que el foco se pusiera en el castigo del maltratador y para otorgar a las víctimas recursos de ayuda y defensa.

Desde su entrada en vigor, más de 1,5 millones de mujeres han denunciado maltrato, algo impensable antes de la ley porque el sistema judicial no contaba con una respuesta para plantar cara a la violencia machista.

Las herramientas para poner freno a esta lacra, sin embargo, siguen siendo insuficientes a tenor de los datos oficiales. En lo que va de 2019, 55 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y, desde el año 2003, fecha en la que se puso en marcha el registro oficial, el número de víctimas asciende a 1.033.

Un "referente mundial"

Desde el Gobierno en funciones destacan que la ley "marcó un hito y convirtió a España en un referente mundial en la conquista de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género". Con esas palabras se ha referido a la norma la vicepresidenta y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, quien ha presentado un balance con los últimos datos en Consejo de Ministros.

En el análisis ha reivindicado su "eficacia", aunque ha apuntado que los retos de futuro están marcados por su implementación total, el cumplimiento de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul.

Durante el acto que el Ministerio de Igualdad organizó la pasada semana para reivindicar la ley y rendirle homenaje, fueron muchos los políticos, fiscales, abogados y forenses los que coincidieron en calificar de “valiente” y “pionera” una normaque también recibió una mención de honor de ONU Mujeres por ser una de las más eficaces del mundo.

No obstante, la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue gestada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y gracias al impulso de las asociaciones feministas, tiene todavía varias tareas pendientes.

Las cuentas pendientes

La más evidente es la de recoger todo tipo de violencia ejercida contra la mujer por el hecho de serlo, ya que, de momento, la norma solo se aplica en los casos de violencia que sufren mujeres por parte de sus parejas o exparejas y excluye el resto de feminicidios y también las agresiones sexuales, algo que “es contrario al ordenamiento internacional”, según ha señalado a Europa Press la portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas, Lucía Avilés, quien considera necesario que la ley se adapte “a la nueva realidad social y jurídica”.

Para Avilés, la ley "tal y como está es un gran instrumento", pero considera que tiene que implementarse el aumento de recursos, las Unidades de Valoración Forense y la "uniformidad" en la protección de las víctimas, así como en los recursos y medios de todos los juzgados con competencias en la materia.

En esa misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime de Pablo, que añade que en el ámbito educativo se ha producido un "fracaso", en términos de aplicación de esta norma. Existe "deficiencia en la prevención" de la violencia contra las mujeres, algo que apenas se aborda en el sistema educativo, de forma que los adolescentes, dice, aprenden a través del porno, donde se "naturaliza" la violencia y agresiones.

Otros de los retos tienen que ver con la dotación presupuestaria, la formación de los operadores jurídicos en el respeto y la igualdad desde los primeros años.

'Viogén', la herramienta que ayuda a proteger a las víctimas de la violencia de género

El reto de avanzar pese al negacionismo

El décimo quinto aniversario de la ley llega en un año en el que Vox, que defiende que la violencia es 'intrafamiliar' y no específica contra las mujeres, ha irrumpido con fuerza en las instituciones locales y autonómicas, y también en el Congreso, donde logró 52 escaños tras las elecciones del 10N.

Con el actual arco parlamentario la unanimidad alcanzada en 2004 para impulsar esa norma sería impensable hoy día.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, lamenta en declaraciones a Europa Press que transcurridos 15 años de la aprobación de la ley, "precisamente ahora", haya una fuerza política con un discurso negacionista.

Tal y como ha recordado, el Tribunal Constitucional ya ratificó la constitucionalidad de esta ley, que fue cuestionada por varios partidos políticos que entonces consideraron "discriminatoria".

Esa diferenciación rechazada por Vox también fue muy criticada en el pasado, cuando varios partidos cuestionaron el incremento de las penas en el caso de lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones leves cuando son los hombres los que lo perpetran contra mujeres con las que tienen o tuvieron una relación sentimental.

Superada aparentemente la polémica, en 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque las voces contrarias han ganado fuerza durante los dos últimos años.

"Los discursos negacionistas refuerzan la posición e impunidad de los maltratadores y añaden vulnerabilidad a las víctimas", ha señalado Yolanda Besteiro, que ha destacado que esta norma "ha sido reconocida y premiada internacionalmente por ser el instrumento más eficaz en la lucha contra la violencia de género".