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Eutanasia

El Congreso admite a trámite por segunda vez la ley de la eutanasia, que dependerá de la formación de Gobierno

  • Todos los grupos, excepto PP y Vox, votan a favor de tramitar la ley para la muerte digna
  • Si no hay acuerdo para la investidura antes del 23 de septiembre, la iniciativa decaerá de nuevo

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La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, felicita a Patxi López tras su presentación de la propuesta de ley de regulación de la eutanasia en el Congreso de los Diputados.
La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, felicita a Patxi López en el Congreso.

El Congreso de los Diputados admitirá a trámite la proposición de ley del Grupo Socialista para regular la eutanasia, tras el respaldo verbal en el Pleno de todos los grupos políticos, con excepción de los de PP y Vox.

Se trata de la segunda ocasión en la que esta propuesta llega a la cámara, ya que durante la legislatura pasada el Congreso ya inició su tramitación, aunque nunca pudo materializarse porque en la Mesa PP y Ciudadanos acordaron ampliar de forma indefinida el plazo de presentación de enmiendas.

Tras la disolución de la Cortes provocada por el adelanto electoral del pasado 28 de abril la iniciativa decayó, por lo que ha sido necesario volver a registrarla. Una situación que puede repetirse si no hay un acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno antes del próximo 23 de septiembre, lo que desembocaría de una nueva convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre.

La propuesta socialista sobre la regulación de la eutanasia pide "reconocer el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedad grave o incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidable".

Se trata de la primera iniciativa que se tramita en esta legislatura en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del Grupo Socialista en el debate, Patxi López, ha asegurado durante la presentación de la propuesta que la ley de la eutanasia "no debiera ser una cuestión de ideologías ni de creencias religiosas, porque no puede haber ningún dios que bendiga un sufrimiento insoportable". Además, ha criticado la posición en esta materia del líder del PP, Pablo Casado, a quien ha acusado de "vivir fuera de la realidad" al asegurar que el de la eutanasia "no es un problema" en nuestro país.

Acusaciones de electoralismo

El PP se ha mostrado contrario a la tramitación, presentando como alternativa a la eutanasia la elaboración de una ley de cuidados paliativos. Su portavoz, José Ignacio Echániz, ha asegurado que los socialistas estaban haciendo "uso de las instituciones para la campaña electoral" de Pedro Sánchez y ha indicado que no existe una demanda social para la legalización de esta práctica ni tampoco hay un respaldo generalizado en los países de la UE.

También Unidas Podemos ha acusado al PSOE de utilizar la eutanasia de modo electoralista. La diputada Noelia Vera ha asegurado que los socialistas están haciendo "campaña con el dolor de la gente" aunque ha asegurado que su voto era afirmativo por "responsabilidad", la misma que ha pedido al Grupo Socialista para evitar una repetición electoral que pueda "abrir las puertas" del gobierno a Vox, en referencia a las posturas enfrentadas entre ambas formaciones a la hora de lograr un acuerdo de investidura.

Ciudadanos, que también votará a favor, ha pedido que la eutanasia se regule a través de "un proceso garantista" en el que prevalezca la "igualdad" para todos los ciudadanos en este asunto, por encima de la situación socioeconómica.

Vox, a través de su portavoz en este asunto Lucía Méndez, se ha mostrado en contra de la regulación ya que, ha señalado, el Gobierno usa la etuanasia y la inmigración como "únicas medidas contra el problema demográfico" en España y ha asegurado que esta ley, como la del aborto, "pretende cambiar nuestra cultura de vida por una cultura de muerte".

El resto de los grupos se han mostrado partidarios de la tramitación de la ley aunque han criticado el hecho de que la ley tenga que empezar de cero aunque el Partido Socialista la haya situado como una de las prioridades de su programa.

Supresión de aforados en Murcia

Además, el Congreso iniciará por segunda vez la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia para suprimir la figura de aforado en esta región.

A falta de votación final, la mayoría de los grupos se han mostrado partidarios de volver a tomar en consideración la iniciativa del parlamento murciano para eliminar el aforamiento a sus 45 diputados regionales y a los 11 miembros de su gobierno, incluido el presidente de la Región de Murcia, Juan José López Miras.

La tramitación de la propuesta para la reforma de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto de Murcia, que ya fue aprobada el 12 septiembre de 2017, volverá a iniciarse de este modo dos años después en el Congreso, adonde este martes ha viajado una ampliación delegación de la región para asistir al debate de totalidad.

Todos los grupos del Congreso han manifestado su postura favorable a la reforma, con excepción de ERC, que ha optado por la abstención porque su deseo de lograr la independencia de Cataluña hace que no se sientan "legitimados para intervenir en las comunidades autónomas de España", según ha manifestado su diputada Carolina Telechea.

Reactivar la comisión sobre el accidente de Spanair

El pleno del Congreso también ha aprobado la creación de ocho nuevas comisiones parlamentarias, entre ellas las del Pacto de Toledo, de seguimiento de RTVE, del Pacto de Estado contra la violencia machista o de políticas para atajar la pobreza infantil.

Asimismo, se reactivará la comisión que la legislatura pasada comenzó a investigar el accidente del vuelo JK 5022 de Spanair ocurrido en agosto de 2008 y que causó 154 muertos. Los grupos de Unidas Podemos y ERC han solicitado la reapertura de esta comisión una vez que los trabajos se vieron interrumpidos al suspenderse las Cortes para las elecciones generales de abril.

Todos los partidos políticos han apoyado por unanimidad la creación de esta comisión para que no se cierre en falso. Las últimas comparecencias de esta comisión por la que han pasado 43 personas se produjeron en noviembre de 2018. La comisión tenía un plazo de seis meses para elaborar sus conclusiones, que no ha dado tiempo a cerrar.