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La nueva ministra de Sanidad apuesta por equiparar la gestación subrogada al tráfico de órganos y de menores

  • Aboga por una regulación internacional de los 'vientres de alquiler' para considerarlos ilegales
  • En España esta práctica está prohibida pero hay ciudadanos que acuden a terceros países

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La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, tras recibir la cartera
La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, tras recibir la cartera EFE / Juan Carlos Hidalgo

La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luis Carcedo, es partidaria de equiparar la gestación subrogada -los comúnmente conocidos como 'vientres de alquiler'- con el tráfico de órganos y de menores, de manera que esta práctica pueda ser declarada ilegal en el ámbito internacional.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE poco después de tomar posesión de su cargo, la titular de Sanidad ha abogado por una regulación internacional de la maternidad subrogada que considere ilegales estas prácticas, prohibidas en España, pero a las que se puede acceder a través de convenios con terceros países.

"Hay que tomar decisiones internacionales y declarar ilegales" estas prácticas, que, gestionadas por las agencias de maternidad subrogada, permiten a ciudadanos españoles recurrir a esta técnica de reproducción en otros países, ha considerado Carcedo.

La gestación o maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida por la que una persona o una pareja (heterosexual u homosexual) conciertan con una mujer la gestación, de forma que, tras dar a luz la madre gestante renuncia a la filiación materna y entrega el bebe a la persona o pareja contratante.

Para conseguir el embarazo se utilizan técnicas como la fecundación "in vitro" o la inseminación artificial. En algunos casos, cada vez menos, la madre gestacional aporta su propio óvulo, aunque en la mayoría tanto el óvulo como el espermatozoide son aportados por los futuros padres (los denominados padres intencionales), de modo que la mujer embarazada no tiene ninguna relación genética con el bebé, según informa Efe.

La gestación subrogada trae a España al año entre 700 y 1.000 niños, según las estimaciones de la asociación Son nuestros hijos, que demanda la legalización de esta práctica. El único partido que lo apoya actualmente es Ciudadanos, mientras que el PP, el PSOE y Unidos Podemos se oponen. El movimiento feminista, con asociaciones como No somos vasijas, también se opone al considerar que es una "mercantilización" del cuerpo de la mujer.

Carcedo reconoce que los bebés "no pueden ser apátridas"

Carcedo ha recordado que esta práctica está prohibida en España, "pero los bebés llegan" y "no pueden ser apátridas", están amparados por una serie de derechos, por lo que hay que actuar con carácter previo y evitar que existan los convenios internacionales entre países que facilitan estas prácticas.

Sobre las agencias de gestación subrogada que operan en España cree que "habrá que analizar en qué marco legal se mueven y, si traspasan algún límite en algún asunto que interfiera con la legislación española, se podría actuar", ha advertido.

No obstante, la nueva ministra de Sanidad ha subrayado que "la forma más eficaz y útil de resolver el problema" es contar con una regulación internacional que declare ilegales estos convenios entre países "en el mismo plano que lo están tanto la venta de órganos como la prohibición de venta de niños".

"Regular la prostitución sería como regular la esclavitud"

La prohibición de la maternidad subrogada exige acuerdos internacionales, ha insistido, al igual que la lucha contra las mafias de trata de mujeres, muchas de ellas obligadas a ejercer la prostitución.

Carcedo considera que regularizar esta práctica sería "como plantearse regular la esclavitud. Son cuestiones que están fuera de los límites que se pueden tolerar como derechos humanos y dignidad de la personas".

"No se puede ilegalizar lo que no es legal", ha recalcado la ministra, quien ha considerado que la prostitución "es básicamente trata de mujeres semiesclavizadas", lo que "contraviene de forma flagrante los derechos humanos y las sitúa en una situación de subsidiariedad para que sus cuerpos satisfagan otros intereses".

Ha reconocido la dificultad de poner fin a esta práctica, porque atañe a muchos ámbitos que exceden a las competencias de su departamento, como el control de las mafias.

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