La justicia alemana deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión al no ver "violencia"

• Queda en libertad bajo fianza hasta que resuelva sobre su entrega a España
• Rechaza la idea de "violencia" en la que el Supremo sustenta el delito de rebelión
• Sin embargo, acepta el delito de malversación, por el que puede ser extraditado
• También el juez belga decide libertad sin fianza para los tres exconsejeros huidos

La justicia alemana deja en libertad bajo fianza a Puigdemont y descarta la rebelión

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en Alemania, ha descartado el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo ha dejado en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia la entrega. Sí acepta el delito de malversación que también le imputa la justicia española, por lo que el proceso de extradición sigue adelante y el expresidente catalán esperará la decisión sobre su extradición, con la prohibición de salir de Alemania y la obligación de comparecer semanalmente como medidas cautelares.

Los jueces alemanes rechazan además que Puigdemont pueda ser víctima de persecución política en España, tal y como ha esgrimido la defensa para socavar la solicitud de extradición.

La decisión del tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía alemana, implicaría en principio que Puigdemont no podría ser extraditado por el delito de rebelión que le imputa el Tribunal Supremo y, por ello, no podría ser juzgado en España por dicha conducta, según ha explicado el jurista Ignacio Gordillo en declaraciones en TVE.

Respecto a la acusación de malversación, el tribunal alemán considera que puede ser admisible, pero avisa de que será necesario aclarar más hechos y solicitar información adicional. Además, la defensa de Puigdemont podría recurrirla, en un recurso similar al amparo que existe en España frente al Tribunal Constitucional, según las fuentes citadas por Europa Press.

El Supremo no podría juzgarle por rebelión

Las consecuencias de esta decisión de la justicia alemana son trascendentales, por la diferencia de ser juzgado finalmente en España por rebelión, que conlleva penas de hasta 25 años de prisión, o tan solo por malversación, con penas de ocho años, además de provocar una evidente diferencia con los líderes secesionistas que están en prisión en España. Es decir, parte del antiguo Govern, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras, así como los 'Jordis', podrían ser juzgados por rebelión, pero no el expresidente de ese Govern, a quien el juez del Supremo considera principal responsable.

Por este motivo, mientras el Gobierno se limita a enunciar su respeto a las decisiones judiciales, el independentismo ha saludado esta decisión como un "gran éxito" para su causa, un "batacazo" para el Estado español o un "zasca" de la justicia alemana. Para el coordinador de la defensa del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, "al quedar desacreditados de esta forma por la justicia de otro país", los magistrados españoles deberían cuestionarse su relato de la investigación.

Simultáneamente, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, remarcaba el "gran contraste" entre la justicia alemana que "aplica el derecho" y la española, que actúa con "condenas previas", y el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha subrayado que la causa contra Puigdemont y los líderes soberanistas "no se aguanta desde el punto de vista de los estándares europeos", por lo que ha pedido su archivo y la libertad de los encarcelados.

Rechazada la "violencia" en el presunto delito de rebelión

Según apunta la Audiencia de Schleswig-Holstein, "por motivos jurídicos" no puede aceptar una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania".

A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de "alta traición", no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia", un punto de vista que ha sido central en la investigación en España del proceso independentista catalán y en la argumentación del Tribunal Supremo.

La percepción de "violencia" en los actos propiciados por la estrategia política en torno al referéndum del 1-O, que para el juez del Supremo Pablo Llarena justifica la acusación del delito de rebelión a 13 dirigentes independentistas y la prisión provisional para la mayoría de ellos, es de esta manera puesta en tela de juicio por la justicia alemana.

“La violencia, según explica el Tribunal Regional, debe llegar al punto de poder doblegar la voluntad del Estado y "no es el caso"“

Esta decisión no sigue el criterio de la Fiscalía General alemana, que el pasado martes respaldó la petición de extradición emitida por el Tribunal Supremo español por los cargos de rebelión y malversación de fondos públicos y consideró también que Puigdemont debía permanecer en la cárcel. La fiscalía alemana entendía que el delito de rebelión que le imputa la justicia española puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán.

La "violencia" independentista no doblegó al Estado

En un caso similar, el Tribunal Supremo alemán determinó que para cumplir con el concepto de violencia "no basta con que se amenace con ella o que se use" para inducir a los órganos del estado a actuar del modo deseado, sino que es necesario también que esa violencia tenga la capacidad de "doblegar la voluntad de esos órganos constitucionales". "Este no es el caso", destaca la Audiencia.

A su juicio, aunque es cierto que se pueden achacar a Puigdemont, como promotor y defensor del referéndum independentista, los actos de violencia registrados durante la jornada electoral, "por su naturaleza, extensión y efecto" estos actos no tenían la capacidad de "someter al Gobierno a una presión tal que se hubiera visto obligado a capitular ante las exigencias de los violentos".

El propio Puigdemont alegó en su primer recurso al Tribunal Supremo que no hubo "ningún tipo de violencia" en la jornada del referéndum ilegal que justifique la acusación de rebelión, sino a lo sumo casos "aislados" de ciudadanos que "pudieron haberse excedido" en su "resistencia pasiva".

La interpretación de la justicia alemana es la misma que ha aplicado la Audiencia Nacional este mismo jueves, cuya magistrada Carmen Lamela ha procesado al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los exjefes políticos del cuerpo policial por sedición, al entender que no hubo violencia en el acoso a la Conselleria de Economía en la manifestación del 20 de septiembre ni en la jornada del 1 de octubre.

La "caja de solidaridad" de la ANC paga la fianza

Aunque el tribunal germano afirma que continúa el riesgo de fuga, considera que al ser "inadmisible" el delito de rebelión dicho riesgo se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con la citada fianza de 75.000 euros. En un mensaje en su perfil en Twitter, Puigdemont afirmaba a sus seguidores: "Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!".

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) informó a última hora de la noche que ya abonó la fianza recurriendo a la "caja de solidaridad" de aportaciones ciudadanas para sufragar los gastos del "procés". La ANC añadió que ya llevan pagados "casi cuatro millones de euros en fianzas" de los presos soberanistas.

Sin embargo, los trámites pendientes harán Puigdemont no abandone la prisión hasta el viernes. El expresidente de la Generalitat ingresó en la cárcel de Neumünster pocas horas después de su detención el 25 de marzo tras entrar en Alemania por la frontera con Dinamarca en aplicación de la euroorden que reactivó el juez del Supremo Pablo Llarena, que lleva la causa por el 'procés'. Al día siguiente a su detención, el juzgado de primera instancia de esa ciudad ordenó que siguiera en esa prisión por riesgo de fuga.

La justicia alemana ha sido la que ha tomado esta decisión, tras más de cinco meses de huida de Puigdemont, quien recaló en primer lugar en Bélgica, sabedor de que en este país no existe el delito de rebelión y de que la legislación sobre la euroorden impide juzgar en España a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que ha sido detenido.

Al considerar que existía riesgo de que fuera extraditado por delitos menores, el juez Llarena retiró el 5 de diciembre las órdenes europeas de detención contra Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros huidos, para activarlas de nuevo el 23 de marzo por los delitos de rebelión y malversación (dejando esta vez fuera de la orden el delito de sedición).

Tras esta decisión, el tribunal regional de Schleswig-Holstein continuará analizando si entrega a Puigdemont a España, para lo que no existe un plazo determinado, según la normativa que regula la euroorden, que tan solo recomienda un plazo de 60 días, ampliable a 90 en casos excepcionales.

Libertad sin fianza también para los exconsejeros huidos a Bélgica

Además, horas después, los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña huidos a Bélgica, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret han salido también en libertad sin fianza, por decisión de la Justicia belga, mientras se resuelven las órdenes europeas de detención y entrega dictadas por el Tribunal Supremo.

Los exconsejeros estaban citados en Bruselas para declarar ante un juez de instrucción que debía decidir si imponía medidas cautelares a estos tres políticos reclamados por la justicia española. En concreto, tendrán que permanecer en Bélgica, comunicar un domicilio fijo y ponerse a disposición de las autoridades belgas cuando lo requieran, las mismas medidas que el juez de instrucción dictó para ellos en noviembre.

Comín es el único de los tres al que Llarena ha procesado por rebelión, además del delito de malversación. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados por delitos de desobediencia y malversación.