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Cataluña | Artículo 155

Los argumentos del Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución

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Cronología: 45 días para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución

"Restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes” son los "cuatro grandes objetivos" que persigue el Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según se recoge en la argumentación jurídica para justificar las medidas aprobadas este sábado por el Consejo de Ministros.

En el apartado "Objetivo y necesidad de las medidas del artítuclo 155" del documento de 10 páginas del argumentario, el Ejecutivo sostiene que la actitud de “los impulsores del denominado ‘proceso soberanista’” en Cataluña, “además de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua” porque “la deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales, están afectando gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña”.

Por ello, el Ejecutivo entiende que se trata de una “situación improrrogable” y que hace “preciso atajar mediante la activación de las facultades que el artículo 155 de la Constitución otorga al Gobierno de la Nación”.

REUNIÓN DEL GOBIERNO QUE DECIDE LAS MEDIDAS EN APLICACIÓN DEL 155

Reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las medidas concretas en aplicación del artículo 155 de la Constitución. EFE EFE/Juan Carlos Hidalgo

Estos son los cuatro "grandes objetivos" de las medidas aprobadas:

1- "Restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña”

Para el Ejecutivo, éste es un cometido “irrenunciable desde la constatación de que las autoridades autonómicas han ignorado la legalidad vigente”. Además, aduce que “no solo se han obviado las bases legales de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho” sino que “se ha tratado de suplantar el marco constitucional y estatutario del autogobierno de Cataluña, en apenas unas horas”, en alusión a las leyes de transitoriedad y de referéndum aprobadas en el Parlament y anuladas ya por el Tribunal Constitucional.

Con esta situación, el Ejecutivo considera que hay que “garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña”.

2- "Asegurar la neutralidad institucional"

Como segundo objetivo, el Gobierno pone el foco en que estas medidas se adoptan para “asegurar la neutralidad institucional” de manera que "el interés general de los catalanes sea, en todo caso, el principio rector de sus responsables públicos por encima de los intereses políticos".

En este sentido, el Ejecutivo central entiende que la Generalitat ha "obviado el interés general de los catalanes en favor del ideario independentista de una parte de ellos”, y, sin querer "cuestionar su legitimidad en un sistema democrático que ampara el pluralismo político", cree que "no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de catalanes, no pueden traducirse en un discurso único de imposición de la independencia y no puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido".

Continúa argumentando que la Generalitat y las instituciones de autogobienro "deben responder al bienestar de los ciudadanos y actuar en favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte", por lo que cree necesario asegurar que las instituciones actúen “con normalidad y neutralidad atendiendo al conjunto de los catalanes, a quienes se deben".

3- "Mantener el bienestar social y el crecimiento económico"

En tercer lugar, argumenta que “responder de forma debida al interés general de todos los catalanes implica que sea objetivo irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica”.

El Gobierno alerta de que una hipotética Cataluña independiente sufriría un empobrecimiento de entre el 25 y el 30% con una "coyuntura económica insostenible" y un aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales, situación que el Estado debe evitar por el interés general. "Esta situación no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger", asegura el documento.

Desde el punto de vista comercial, supondría el abandono de la Unión Europea pasando a ser un país tercero al que se le aplicarían aranceles, además de controles aduaneros en frontera con la consecuente pérdida de competitividad de la economía catalana.

También acarrearía la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria, de su amparo y de sus beneficios y, en concreto, del acceso al crédito del Banco Central Europeo. Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, muchas empresas se trasladaran fuera de Cataluña.

4- "Preservar los derechos de todos los catalanes"

Como último gran objetivo, el Gobierno afirma que las medidas propuestas se adoptan para “preservar los derechos de todos los catalanes. Los derechos que las leyes les otorgan y que las instituciones deben hacer efectivos”.

En definitiva, aplica el 155 en Cataluña porque “resulta esencial garantizar íntegramente esos derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad que son consustanciales a un Estado de Derecho y a una democracia avanzada, y a los principios y fundamentos que la Constitución recoge y que, con este procedimiento, se quieren preservar”.

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