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Cataluña

Una partida de 400 millones revelada por el exsenador Santiago Vidal llevó a investigar el 1-O

  • Vidal: "Están debidamente camuflados, porque sino los impugnarían"
  • Un juzgado abrió diligencias para averiguar su veracidad

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El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont junto al conseller de la Presidencia Jordi Turull
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al conseller de la Presidencia Jordi Turull. EFE/ Quique García

La partida "camuflada" de 400 millones que el exsenador de ERC Santiago Vidal aseguró que tenía el Govern para el referéndum y la independencia abrió la puerta a que un juez de Barcelona indagara los preparativos del referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre, en una investigación que coordinan la Fiscalía Superior de Cataluña y la Guardia Civil.

El titular del juzgado de instrucción número 13 abrió diligencias el pasado mes de abril, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, para averiguar la veracidad de lo manifestado por Vidal en sus conferencias y esas diligencias han acabado por centrarse ahora en los preparativos del referéndum y en la financiación de los instrumentos encaminados a organizar la consulta, lo que incluye las webs garanties.cat o del Pacto Nacional por el Referéndum.

El gobierno catalán, por su parte, considera que el juez ha convertido en una "causa general contra la voluntad de votar del pueblo de Cataluña" lo que era una denuncia concreta por unos hechos particulares, por lo que ha anunciado que se querellará contra el juez y la Guardia Civil por vulneración de derechos fundamentales.

El juez abrió la causa en febrero pasado al admitir a trámite una denuncia por delito informático y revelación de secretos que un particular presentó contra Santi Vidal, lo que motivó que la Fiscalía se inhibiera y dejara en manos del magistrado la investigación impulsada a raíz de las conferencias del exsenador de ERC.

Una partida de 400 millones "camuflada"

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó el pasado mes de febrero no admitir a trámite una querella que VOX había presentado contra el gobierno catalán por las manifestaciones Vidal, hasta comprobar si sus revelaciones eran veraces o "meras soflamas".

El magistrado del TSJC Carlos Ramos decidió entonces enviar al juzgado de instrucción la parte de la querella de VOX que afectaba a no aforados, entre ellos el propio Santi Vidal, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y el jurista Carles Viver i Pi-Sunyer.

El juez de instrucción recabó las conferencias de Vidal, así como la transcripción de la comparecencia en el Parlament en que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, desmintió lo revelado por el exsenador, y encargó a la Guardia Civil que investigara las polémicas revelaciones.

De esa forma, las pesquisas se centran ahora en el anuncio de Vidal de que el gobierno catalán dispone de una partida de 400 millones de euros, "camuflada" en los presupuestos, para organizar un referéndum e ir construyendo las estructuras de Estado de una futura Cataluña independiente.

No os diré en qué epígrafes de los presupuestos están incluidos

"No os diré en qué epígrafes de los presupuestos están incluidos, porque están debidamente camuflados, porque si no nos los impugnarían inmediatamente", aseguró el juez y exsenador en unas declaraciones que los investigadores creen dan pie a indagar si la Generalitat ha incurrido en una malversación de caudales públicos.

La investigación policial se hizo de forma coordinada con la Fiscalía Superior de Cataluña, que recientemente había abierto unas diligencias sobre los preparativos del referéndum centradas en la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el exterior encargado a la Guardia Civil y que, ahora, también tiene en sus manos el juzgado de instrucción número 13.

Investigación de iniciativas ligadas al referéndum

En sus diligencias, la Guardia Civil ha seguido los pasos de todas las iniciativas vinculadas a convocar un referéndum de independencia, lo que incluye investigar la financiación y gestión de la web de Pacto Nacional por el Derecho a Decidir -plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades soberanistas que recoge apoyos a favor de una consulta- o la web garanties.cat, en la que el Govern pretende dar a conocer los detalles del 1-O.

También investiga el juez el coste y organización del acto organizado el pasado 4 de julio por JxS en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, informó de los detalles de la futura ley de referéndum.

Paralelamente a la investigación del juez de instrucción, el TSJC tiene abierta una causa contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el concurso -después declarado desierto- que convocó para la compra de urnas, a raíz de una querella de la Fiscalía que la vincula a un posible referéndum de independencia.

Si la causa del TSJC por la compra de urnas acabara desembocando en una investigación por los preparativos del 1-O, lo más probable es que el alto tribunal acabe asumiendo las diligencias que ahora lleva el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y, en su caso, pueda dirigir sus pesquisas contra aforados.

El Tribunal Constitucional decretó el pasado 5 de julio, solo un día después de que se presentaran los preparativos del 1-O, la anulación de las partidas presupuestarias que se destinaran al referéndum.

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