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La juez de los ERE pide a la Junta de Andalucía la agenda de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera desde el 2000

  • Atiende de este modo a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción
  • También advierte de la inexistencia de la agenda de la exconsejera Magdalena Álvarez

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Chaves y Griñán, en una fotografía de archivo de 2011
Los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, en una fotografía de archivo de 2011 EFE

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha pedido a la Junta de Andalucía que le remita las agendas desde el año 2000 y hasta el cese en sus cargos de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como las de los exconsejeros Gaspar Zarrias y José Antonio Viera.

En una providencia fechada el 10 de diciembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que "el contenido de dichas agendas puede ser relevante" tanto para la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas como para la causa matriz y el resto de piezas "ya delimitadas o que se delimiten".

La juez acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas e incluyó dentro de esta pieza separada a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 altos cargos imputados.

Entre estas 50 personas se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Avila y Gaspar Zarrías.

María Núñez Bolaños abrió hace un mes una pieza separada que incluye como presuntos autores de un delito de prevaricación a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cincuenta ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la consejera Magdalena Álvarez.

La agenda de Magdalena Álvarez

Asimismo, la juez Bolaños también ha trasladado a las partes lo aportado por la Junta de Andalucía en relación a la inexistencia de la agenda de la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez durante el periodo 2000-2011.

La juez ha vuelto a requerir a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que le proporcione la agenda de sus responsables durante este periodo, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hay que recordar que, en una providencia fechada el pasado 25 de noviembre, la instructora volvió a pedir a la representación legal de la Junta de Andalucía que "aporte a la presente causa agendas del periodo 2000-2011" de 12 imputados "de las que pueda disponer como cargo, empleado público o contratado externo" en relación con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Administración autonómica.

Estos imputados son, además de Magdalena Alvarez, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores generales de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois; el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el ex diputado Ramón Díaz Alcaraz y la ex asesora de Empleo María José Rofa.

En el escrito remitido a la juez, consultado por Europa Press, la Junta aporta el oficio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se remiten comunicaciones del Servicio de Documentación, Registro e Información, así como de la Dirección General de Política Digital, en relación con la solicitud de las agendas de Magdalena Alvarez.

En este sentido, la jefa del Servicio de Documentación informa de que las agendas de Magdalena Alvarez solicitadas "no constan en el fondo documental custodiado en el Archivo Central" de la Consejería de Hacienda, ya que, "como serie documental, esta tipología de documentación no está reflejada en el Cuadro de Clasificación del Archivo Central de esta Consejería desde los inicios de su actividad, ni ha sido transferida al mismo por parte de ninguno de los centros directivos que la integran".

Además, precisa que, una vez consultado el Cuadro de Clasificación Funcional de los Organos Centrales de la Administración General de la Junta, elaborado por el Archivo General de Andalucía, adscrito a la Consejería de Cultura, "no hay constancia de la existencia de dicha documentación, como serie documental de esta Administración autonómica", por todo lo cual informa "de la inexistencia de la documentación solicitada en los fondos documentales de esta Consejería".

El informe de la Junta sobre la agenda de Álvarez

De su lado, el director general de Política Digital explica en un informe de que, entre los sistemas de información desplegados en la infraestructura física que gestiona el Servicio de Producción de esta Dirección General, "se ofrece a los usuarios una agenda/calendario que se encuentra en el software Exchange Server de Microsoft, la cual pudiera ajustarse a lo solicitado por el Juzgado".

No obstante, y según la política de seguridad establecida en la Dirección General de Política Digital, "se realizan una serie de copias de seguridad con una determinada frecuencia (diaria, semanal, mensual y anual) y con un determinado tiempo de conservación de dichas copias", por lo que, "a fecha actual, la copia de que dispone la Dirección General de la agenda/calendario basado en el software de Microsoft Exchange es, en lo relativo al periodo solicitado, la copia de la agenda a fecha de enero de 2011".

"Es decir, que la copia más antigua disponible corresponde a enero de 2011, de acuerdo a la política de seguridad aplicada", una copia que "dejará de estar disponible en enero de 2016", precisando que, en esa copia de 2011, "no existen datos de salvaguardia de Magdalena Alvarez, ya que en la fecha de implantación del sistema no pertenecía ya a esta Consejería".

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