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Cataluña deja de sancionar coches sin ITV por "errores" que atribuye al registro de la DGT

  • La DGT achaca los errores a que Cataluña trabaja con datos desfasados
  • Se ha sancionado a vehículos que figuran como si no tuvieran la ITV al día
  • El Senado aprueba la reforma de la Ley de Tráfico

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Tráfico estudia multar con 1.000 euros el consumo de alcohol al volante
Imagen de archivo de carreteras durante la operación especial de tráfico de verano EFE EFE / PACO CAMPOS

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha anunciado que dejará, desde este miércoles, de denunciar de oficio a los conductores cuyos vehículos no tengan la ITV al día, debido a errores en la tramitación de las sanciones, que atribuyen a la "imprecisión" del registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico.

Por el contrario, según han informado a Efe fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el problema radica en que el organismo de la Generalitat trabaja con los datos que pidió a Madrid en septiembre pasado, que han quedado desfasados porque el archivo se actualiza cada día.

Según ha informado este jueves el director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, la decisión de dejar de denunciar de oficio a los conductores que no tengan la ITV en vigor se mantendrá vigente en Cataluña, al menos, hasta que tengan la certeza de que se ha actualizado el fichero de la Dirección General de Tráfico.

Trànsit ha adoptado esta medida al comprobar que existe un error en entre el 3% y el 4% de los casos de denuncias interpuestas de oficio en las últimas semanas a vehículos detectados por radares de velocidad o por lectores de matrícula, a los que se ha sancionado con hasta 200 euros porque en la base de datos de la DGT que consultan figuran como si no tuvieran la ITV al día, cuando en realidad sí que han pasado la inspección.

Ante esta situación, el SCT ha lamentado en un comunicado los perjuicios ocasionados a los conductores afectados por la "imprecisión del registro de la DGT" y ha anunciado que facilitará todos los recursos necesarios para que puedan corregir los errores "con comodidad".

Datos desfasados, según la DGT

Sin embargo, las fuentes de la DGT consultadas por Efe han subrayado que Trànsit les pidió los datos en septiembre pasado, y se los facilitaron, si bien desde entonces no han vuelto a reclamar ninguna actualización, pese a que los ficheros se renuevan día a día, por lo que entienden que la administración catalana no está haciendo un uso adecuado de los datos de los que dispone.

El Servei Català de Trànsit ha abierto, entre noviembre de 2013 y el pasado 1 de febrero, un total de 3.600 expedientes sancionadores a vehículos que no tenían la ITV al día, situación que fue descubierta al cotejar sus datos con la base de datos de la DGT, tras ser sorprendidos por un radar por exceso de velocidad.

Además, desde noviembre pasado, y hasta el 1 de febrero, los 19 lectores de matrículas instalados en la red viaria catalana han detectado a 75.000 vehículos que no tenían la ITV al día -también al cotejarlo con la base de datos de la DGT-, si bien en este caso sólo se les ha empezado a multar a partir del pasado 15 de enero.

El SCT impulsó el pasado año una campaña para que los conductores fueran conscientes de la necesidad del buen mantenimiento de su automóvil para evitar accidentes, ya que en Cataluña el 60% de los vehículos tienen más de diez años.

En declaraciones a Efe, el responsable de programas del RACC, Xavier Ruestes, ha pedido a la Generalitat que, además de dejar de denunciar de oficio, anule de forma urgente las multas impuestas a los conductores que han demostrado que sí que tienen la ITV al día, sin esperar a los cuatro meses que por lo general duran este tipo de procedimientos de alegaciones.

Aprobada la reforma de la Ley de Tráfico

Precisamente, el Pleno del Senado ha aprobado este jueves la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con los votos a favor de PP y CiU, la abstención de PNV y el voto en contra de Entesa Catalana de Progrés (ECP), Grupo Mixto y PSOE, que han calificado el texto de "agridulce" y de estar hecho "a la medida del afán recaudatorio de la Dirección General de Tráfico (DGT)".

Uno de los puntos más polémicos de este nuevo texto, la liberalización del actual modelo de concesión para impartir cursos de recuperación de puntos, ha sido finalmente retirado por el Grupo Popular a pesar de que había sido aprobado en la Comisión de Interior del Senado la semana pasada. Otra de las novedades que contempla esta norma es un aumento de hasta 1.000 euros para la sanción por dar positivo cuando se duplique la tasa permitida, es decir cuando se detecte 1 gramo de alcohol por litro de sangre.

También será de 1.000 euros cuando el conductor se niegue a someterse a la prueba de alcoholemia o cuando sea reincidente, es decir, que haya sido multado por consumo de alcohol durante el año inmediatamente anterior a la sanción.

Al respecto, el senador del PNV, Iñaki Anasagasti, ha denunciado que en este texto se "pasa por encima" de este punto que, a su juicio, "le falta más debate", sobre todo, teniendo en cuenta la "situación económica" que vive la sociedad española actualmente. Para el senador de ECP, Rafael Bruguera, "si el problema es conducir bajo los efectos del alcohol, en vez de subir la multa habría que reducir la tasa para conductores y profesionales" y dejar "los 1.000 euros para reincidentes".

Casco obligatorio en ciudades para ciclistas menores de 16 años

Además, este texto conlleva el establecimiento de obligatoriedad para los menores de 16 años del uso del casco de la bicicleta en ciudad, a pesar de que la intención inicial del Gobierno era imponerlo hasta los 18 años.

Durante el debate en la Cámara Alta, EPC y PSOE, se han mostrado críticos con este punto que consideran "contradictorio" en cuanto a seguridad se refiere. "Así un hijo y un padre podrán ir junto en bicicleta, uno sin casco y el otro con él cuando el peligro es el mismo", ha indicado el portavoz socialista, Enrique Cascallana.

Del mismo modo, Anasagasti, ha criticado que esta norma parta del Estado ya que, a su juicio, deberían ser "los ayuntamientos los que regularan" esta normativa.

El Senado también ha aprobado una enmienda de CiU por la que los conductores contarán con 20 días naturales, en lugar de 15, para pagar multas con tarifa reducida así como para formular alegaciones. Además, a propuesta por el Grupo Mixto y ECP, no se inmovilizará a los ciclistas que vayan sin casco cuando sea obligatorio.

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