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'Caso Cooperación'

El exconseller valenciano Blasco alega vulneración de derechos en el caso Cooperación

  • Comienza el juicio al exconseller por presunto fraude en subvenciones
  • Rafael Blasco asegura a su llegada que está convencido de su inocencia
  • Hay nueve imputados por tráfico de influencias, prevaricacion y malversación

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Comienza el juicio a exconseller valenciano Blasco por fraude en subvenciones

El abogado del exconseller valenciano Rafael Blasco, Javier Boix, ha alegado este martes vulneración de derechos y ha reclamado unir en una única pieza todo el caso Cooperación, que investiga el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat a la cooperación internacional.

Así lo ha pedido Boix en el primer día del juicio oral abierto contra Blasco y otras ocho personas por tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación y fraude en la concesión a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) de 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, adonde solo llegaron 43.000 euros.

El juicio, que se prolongará varias semanas, ha arrancado a las 10:00 de la mañana en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con la primera de las dos jornadas dedicadas a las cuestiones previas.

Blasco ha llegado al juicio "sereno y tranquilo"

Blasco ha llegado en solitario a las 8.50 horas y ha afirmado a los periodistas que lo hacía con "mucha serenidad y tranquilidad", "convencido completamente" de su inocencia, con la "conciencia muy tranquila" y la convicción de no haberse "aprovechado nunca de ningún cargo público" por el que ha pasado.

Una vez en la sala, su abogado ha planteado que Blasco ha sido acusado de un delito de falsedad documental por el que no fue imputado en la fase de instrucción, por lo que no ha tenido capacidad de defenderse y ello supone una vulneración de sus derechos.

Boix -quien también ejerció la defensa del expresident Francisco Camps en la conocida como "causa de los trajes" del caso Gürtel, del que resultó absuelto- ha señalado que se trata de una acusación "sorpresiva", pues se basa en unos hechos que se dieron a conocer a raíz de unas declaraciones testificales en marzo de 2013, mientras que su defendido declaró en fase de instrucción en octubre de 2012 y no se le volvió a llamar.

También ha solicitado volver a la fase de instrucción para unir las dos piezas en las que se separó la causa porque "el hilo conductor acusatorio en ambos casos es el mismo", la "íntima amistad" entre Blasco y César Augusto Tauroni, por lo que podrían darse "sentencias contradictorias" o una podría condicionar la otra.

Anticorrupción pide 14 años de prisión

La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco; la Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller, y el PSPV-PSOE, personado en la causa, pide 15 años de prisión y 42 de inhabilitación.

Esta es la primera de las dos piezas que conforman el caso Cooperación, en el que también se investiga a un entramado de empresas que recibieron entre 2009 y 2011 al menos 3,5 millones de euros de subvenciones públicas de la Generalitat para cooperación internacional.

El origen del caso fueron unas denuncias ante la Fiscalía en octubre de 2010 de las diputadas de la oposición Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís), que en mayo de 2011 llegaron al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia y en septiembre de 2012 asumió el TSJCV por la condición de aforado del exconseller Rafael Blasco.

La defensa del único encarcelado pide la nulidad

Por su parte, el abogado de Tauroni -único imputado en prisión- ha pedido la nulidad del procedimiento instructor por considerar que se ha vulnerado "el principio de imparcialidad objetiva" por parte de la jueza instructora en el TSJCV, Pía Calderón.

Gómez ha señalado que la instrucción realizada por la magistrada tendía a dar "pábulo y cobijo a las tesis de las acusaciones", y ha reclamado también la nulidad de las intervenciones y escuchas telefónicas por haber sido, entre otras cosas, "prospectivas", al igual que los registros domiciliarios.

Los abogados de Alejandro Català y Josep Maria Felip, ex altos cargos de la Conselleria de Solidaridad, han coincidido en pedir que se prohíba a la Abogacía de la Generalitat valenciana seguir ejerciendo la acusación particular en este caso porque anteriormente les había defendido en la misma causa.

El letrado de Català ha destacado que la ley prohíbe acusar a quien se ha defendido previamente, y ha denunciado que hubo un cambio de actitud repentino por parte de la Generalitat y que el president, Alberto Fabra, "menoscabó la credibilidad y la presunción de inocencia" de ambos ex altos cargos.

Ha criticado que Fabra hizo "unas declaraciones durísimas" el mismo día en que ambos fueron destituidos y ha señalado que se les "criminalizó ante la sociedad", cuando había un informe de la Abogacía que decía que "todo era correcto" y que "se ocultó" y cuando previamente se les había defendido.

Por ello, ha considerado que de mantenerse la Abogacía de la Generalitat como acusación particular se daría continuidad a una "conducta infractora" e "ilegal" y ha pedido que se retire la acusación contra Alejandro Català.

En la misma línea se ha manifestado el abogado de Felip, para quien es "inviable" que alguien que ha tenido conocimiento de unos hechos y acceso a unos documentos como letrado de una parte "cambie de banqueta y donde ha estado defendiendo, ahora sea acusación".

El juicio se retomará mañana con la segunda jornada dedicada a cuestiones previas, mientras que el jueves está previsto que declare Blasco.

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