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La Generalitat reconoce "errores" con Canal 9 pero defiende que las dimisiones "no arreglarían" nada

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La Generalitat valenciana podría exigir responsabilidades sobre el cierre del Canal Nou, según José Ciscar

El vicepresidente de la Generalitat valenciana, José Císcar, ha pedido "perdón" este viernes por "las decisiones erróneas que han tomado los gobiernos del Partido Popular" respecto a Canal 9, pero ha descartado dimitir porque, argumenta, no solucionaría la situación de los trabajadores.

"Si una dimisión arreglase la situación de 1.700 trabajadores, no tengan la más mínima duda de que esa dimisión se produciría, pero desgraciadamente no es el caso", ha explicado en declaraciones a la prensa.

Por eso, ha asegurado que el Gobierno valenciano no se ha planteado "ningún tipo de privatización, externalización, ni nada que se le parezca" referente a la Radio Televisión Valenciana (RTVV). "No se ha planteado, ni pienso que en los próximos meses vaya a plantearse", ha manifestado Císcar.

RTVV cerrará después de 24 años de emisión después de que su deuda se disparara por una mala gestión desde los 22 millones de euros que acumulaba en 1995, cuando el PP ganó las elecciones autonómicas, hasta sobrepasar los 1.200 millones en apenas 15 años.

El Gobierno valenciano ha decidido cerrar Canal 9 después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulara el ERE que se aprobó el año pasado para echar a 1.200 trabajadores de los 1.800 con los que contaba en ese momento. La sentencia obliga a readmitir a los despedidos, pero el Consell dice que es "inviable".

"Todos los bienes de RTVV se tienen que externalizar"

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, reconoce que no se siente "responsable", aunque sí "afectado" porque asegura que no querían llegar a cerrar Canal 9. Sobre otras cuestiones, como si exigirán responsabilidades a los anteriores equipos directivos de RTVV, no descarta "nada en absoluto".

Tampoco ha aclarado si se baraja un acuerdo de colaboración con otra televisión para ofrecer información valenciana; a ello, José Císcar ha respondido que "estas posibilidades, a día de hoy, no se han estudiado en absoluto".

Císcar sí que ha explicado respecto a la liquidación del patrimonio de RTVV que "todos sus bienes se tienen que externalizar", aunque en aquello que sea "merecedor de ser protegido", como los fondos documentales, se tomarán "todas las medidas necesarias para que queden protegidos y de titularidad pública".

Preguntado de forma concreta por los postes de emisión, ha indicado que "no va a resultar perjudicado ningún otro medio de comunicación que esté utilizando instalaciones de RTVV".

Ha asegurado que, según los informes de la Abogacía de la Generalitat y Garrigues sobre la sentencia del Supremo, esta basa la nulidad en decisiones tomadas durante el proceso de ejecución del ERE, una competencia exclusiva de los órganos directivos de la empresa.

En este sentido, el vicepresidente no ha descartado exigir responsabilidades a la última dirección general, ni tampoco a las anteriores, y que dimitiría "si una dimisión arreglara la situación de 1.700 trabajadores".

Císcar ha afirmado que el Gobierno valenciano se personará en la pieza separada del caso Gürtel que investiga los contratos de RTVV en relación con la visita del papa a Valencia en 2006 si se produce un ofrecimiento de acciones por parte del juez, porque la Generalitat puede resultar perjudicada.

El PP avanza en Les Corts para liquidar RTVV

El grupo popular de Les Corts Valencianes ha presentado este viernes una proposición de ley para extinguir, disolver y liquidar el ente público de radio y televisión valenciana (RTVV), de modo que quede derogado su actual Estatuto y se extingan los contratos de trabajo de toda la plantilla.

La proposición de ley suprime la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y autoriza al Gobierno valenciano "a la extinción, disolución y liquidación" de la empresa pública RTVV SAU, que gestiona esos servicios.

Además, autoriza al ejecutivo autonómico para que, constituido en junta general de accionistas, disuelva y extinga la empresa pública, y establece que en el acuerdo de disolución se nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros para llevar a cabo las actuaciones.

La Generalitat responderá de las consecuencias económicas derivadas de la anulación del ERE de RTVV, una vez dichas consecuencias económicas sean "líquidas, vencidas y exigibles", mientras que se faculta al Gobierno valenciano para cesar a los miembros del consejo de administración de la empresa pública.

El texto afirma que la situación económica de RTVV llevó a redimensionar la plantilla mediante un expediente de regulación de empleo para facilitar su viabilidad, pero fue impugnado y los tribunales lo declararon nulo y determinaron el reingreso de los despedidos, unos gastos que la Generalitat no puede asumir en momentos de crisis económica.

La proposición de ley será tramitada el próximo martes por la Mesa de Les Corts y remitida al Gobierno valenciano para que emita su criterio al respecto, tras lo que estará ya en disposición de ser incluida en el orden del día de un pleno para su debate y votación.

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