La juez Alaya impone una fianza civil de 7,2 millones al exviceconsejero Mañas por los ERE

• También piden que se le retire el pasaporte y comparezca cada 15 días
• La juez le imputa por prevaricación, malversación y por no perseguir delitos
• Anticorrupción urge a "acelerar" la investigación para ver si han prescrito delitos

La juez que investiga los ERE irregulares en la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros al exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Justo Mañas, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

En un auto dictado después de la comparecencia, la instructora atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias e impone dicha fianza civil al que fue viceconsejero de Empleo desde el 30 de marzo de 2010 hasta el 6 de mayo de 2012 y al que se le imputan los delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos.

De igual modo, se le impone la prohibición "absoluta" de salir de España y le han retirado el pasaporte, a lo que se suma que el imputado deberá comparecer cada 15 días en el juzgado.

La juez considera que en la época de Mañas como viceconsejero (2010-2012) se siguió utilizando el mismo sistema para pagar las ayudas sociolaborales investigadas y que "no hizo nada para evitar los pagos ni la refinanciación de las pólizas". El abogado del imputado ha alegado que todas las actuaciones de Mañas estuvieron avaladas por los informes de los servicios jurídicos de la Junta.

Según la magistrada, "además del uso indebido de fondos públicos", el ex alto cargo, a su llegada al puesto, "llegó a ser conocedor de lo que había acontecido" en la Dirección General de Trabajo, a pesar de lo cual "incumplió con el deber legal de poner los hechos en conocimiento de la Justicia.

Este informe, según la juez, también establecía "que se había eludido la fiscalización previa e individual de las subvenciones, al concederse mediante transferencias de financiación que la Consejería de Empleo transfería a IDEA según la Ley de Presupuesto".

La magistrada dice que Mañas adoptó como "dinámica" la sustitución de las transferencias de financiación por una encomienda de gestión, la cual no tenía justificación y "no sirvió más que para aparentar un cambio que en realidad no se produjo porque no se requirió la fiscalización previa de las subvenciones solicitadas y otorgadas como control de legalidad".

Alaya asevera que "la guinda del pastel" fue que esta encomienda "se dictó a sabiendas de una infracción esencial de procedimiento", ya que de conformidad con la Ley de Administración de la Junta dicha encomienda "debía haberse aprobado con carácter previo" por el Consejo de Gobierno, todo ello "al pertenecer IDEA a la Consejería de Innovación y no a la de Empleo".

De este modo, "y en ejecución de dicha encomienda, indiciariamente ilegal, se tramitaron 101 expedientes de subvenciones en 2010 y otros cuatro en 2011", dice la juez, que, en relación a las ayudas pendientes de pago, asegura que el imputado "dio continuidad al sistema".

Anticorrupción urge a la Guardia Civl a "acelerar" la investigación

La Fiscalía Anticorrupción ha urgido a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "acelere" la investigación y entregue los atestados sobre cada una de las empresas y ayudas investigadas en el caso de los ERE para poder pronunciarse sobre si han prescrito o no delitos.

En un auto dictado el pasado 4 de octubre, la instructora pidió a la Fiscalía que informara sobre el periodo de prescripción que "maneja" a fin "de decidir si procede encomendar la investigación" a la Guardia Civil "de las ayudas sociolaborales más antiguas", aunque sin perjuicio de lo anterior instó al Instituto Armado a que concluyera "y en su caso inicie" el estudio de los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003.

Anticorrupción ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que asevera que "no es posible, con carácter previo ni en abstracto, tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos cometidos ni su fecha de comisión" en tanto "no se reciban en las actuaciones los atestados de la UCO sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas beneficiadas e implicadas en la trama".

La Fiscalía dijo en este escrito de septiembre, y reitera ahora, que esta situación "se podría plantear en relación a perceptores de fondos públicos" vinculados con hasta 14 expedientes, entre los que citaba los casos del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, Santana Motor, Jerez Industrial, Gestifesa o Bufete Olivencia Ballester.

No obstante, desde el Ministerio Público, "desconociendo las directrices dadas" por la juez para la "investigación policial" que desarrolla la Guardia Civil, se "ha venido reiterando la necesidad de priorizar las ayudas abonadas en los primeros años objeto de investigación, así como la participación de los empresarios y entidades que se han venido beneficiando de las mismas, entendiendo que las conductas de aquellos empresarios que han recibido fondos para 'compromisos asumidos'" por la Dirección General de Trabajo "son asumibles a la de los 'intrusos'".

Por ello, añade, "es necesario acelerar, o en su caso iniciar, las investigaciones y actuaciones encaminadas al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas", motivo por el que interesa que la Guardia Civil "siga investigando todas las ayudas sociolaborales".