Documentos de Defensa señalan que el Gobierno pagó 11 millones de dólares por liberar al Alakrana

• El rescate incluía el pago de dinero a las familias de los piratas detenidos
• Además, habría un pacto jurídico para liberar a los piratas condenados

Un documento del Ministerio de Defensa, del que se hace eco el diario ABC, afirma que el Gobierno de Zapatero pagó 11 millones de dólares por la liberación del atunero Alakrana, secuestrado el 2 de octubre de 2009 por piratas frente a las costas de Somalia.

Y esto se conoce precisamente cuando cuatro marineros del atunero han anunciado que recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional y que pedirán ser víctimas del terrorismo.

Según dicho documento, la cantidad fue ligeramente superior a la prevista inicialmente porque hubo que añadir más dinero para las familias de los piratas detenidos y trasladados a España.

Aunque varios ministros del Ejecutivo de Zapatero, e incluso el mismo presidente, han negado en varias ocasiones el pago del rescate, en los papeles de Defensa aparecen detalles de cómo se llevó a cabo la operación.

Pago desde una avioneta

El pago se habría realizado lanzando desde una avioneta civil que salió del puerto de Yibuti dos cilindros que contenían el dinero. Los piratas recogieron del mar enseguida dichos cilindros.

Y una vez que se repartieron el botin, la liberación del atunero tuvo lugar casi de inmediato, el 17 de noviembre, 47 días después de iniciarse el secuestro. Aunque según el documento de Defensa, no se esperaba que esto ocurriera hasta pasadas incluso 72 horas.

Pero no solo el dinero formaría parte del rescate. También habría un acuerdo para la posible liberación de los piratas capturados. La documentación de Defensa hace referencia a un pacto jurídico por el cual tras la condena de los piratas, el Gobierno español pactaría con Somolia para entregarles, aunque se desconoce si habría prisión en dicho país a donde enviarles.

Pérdida de un millón de euros

Por otro lado, los papeles de Defensa a los que hace mención ABC señalan que el Ejecutivo habría perdido un millón de euros en la operación ya que los miembros del Centro Nacional de Inteligencia que se desplazaron a la zona para coordinar las tareas de liberación fueron engañados por una persona a la que se consideró intermediaria, pero que no lo era.

Aunque la Audiencia Nacional habría intentado esclarecer los hechos, la sentencia destaca que la materia necesaria para ello habría sido clasificada. La sentencia de la Audiencia, además de establecer penas de 439 años de prisión para los piratas, aseguró que "sin duda alguna" no fue "la empresa armadora sino organismo públicos vinculados al Gobierno español" quienes satisfacieron "la cantidad que se abonó por la liberación de los tripulantes y el propio pesquero".