Los escoltas denuncian la retirada de protección a 50 personas y Ares habla de "reorganización"

La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco ha denunciado este jueves la retirada de protección a más de 50 personas por parte del Ministerio del Interior y la consejería vasca de Interior.

Esta asociación ha denunciado en un comunicado que esta medida resulta "como mínimo, precipitada" ya que "la seguridad de estas personas sigue estando en entredicho".

"Dejar sin protección a todas estas personas dibuja un escenario propicio para los violentos que sin duda podrían aprovechar", han subrayado.

Ademas, los escoltas vascos han denunciado que detrás de esta actitud "se podría encontrar un anuncio de tregua por parte de la banda terrorista  ETA".

Un empresario pide seguir escoltado

Un conocido empresario de la provincia de Vizcaya se ha dirigido al Ministerio del Interior para pedir que no le retire la escolta personal el próximo lunes día 6 de septiembre.

El empresario entiende que su situación y el lugar donde reside hacen que siga siendo objetivo potencial de ETA.

Fuentes próximas a esta persona han explicado a Servimedia que el hombre ha entregado una carta en dependencias de la Guardia Civil en Bilbao, donde le han indicado que el documento se transmitirá por fax al Ministerio del Interior.

La misiva está dirigida al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, a quien este empresario le argumenta que todavía corre peligro, al tiempo que hace responsable a Interior de lo que le pueda suceder.

El Gobierno vasco: "Se protegerán a las personas con riesgo"

Rodolfo Ares, consejero de Interior del Gobierno vasco, ha subrayado en rueda de prensa que esta reorganización "no tiene nada que ver" con un  posible anuncio de tregua por parte de ETA y ha dicho que si dicho  anuncio se produjera sería "absolutamente insuficiente".

"El tiempo de las treguas ya ha pasado": sólo vale que ETA "desaparezca definitivamente".

Ares ha dicho que el servicio de escoltas se reorganizará de acuerdo con una evaluación de riesgos para "ser más operativos" y proteger a las personas que "objetivamente tienen riesgo".

Algo habitual, según Rodolfo Ares

El consejero ha explicado que dicha evaluación de riesgos se realiza periódicamente y que la de ahora se lleva a cabo "en contacto con los colectivos afectados", entre los que ha citado a los partidos políticos, la judicatura y las empresas.

Ares ha argumentado que la evaluación tiene en cuenta la amenaza terrorista y los cambios en la vida de los protegidos, puesto que algunos han abandonado la "responsabilidad institucional o política" que tenían cuando se les asignó escolta.

El objetivo de esta reorganización es "garantizar la máxima seguridad de las personas que objetivamente tienen riesgo", aunque "sabiendo -ha dicho- que mientras ETA no desaparezca la amenaza es sobre mucha gente".

Además, el consejero ha asegurado que "no es un problema de ahorro".

El PP, contra la "reducción" de los escoltas

Por su parte, el PP ha trasladado al Gobierno vasco su "desacuerdo" con esta "reducción" porque, según el parlamentario 'popular' Carlos Urquijo, "hablando de ETA y de vidas humanas, el coste de la seguridad nunca puede ser determinante".

Aunque ha considerado "oportuno" que el Departamento de Interior elabore los estudios de riesgo individualizados que considere adecuados, Urquijo ha  avisado de que "no se puede anteponer el presupuesto a la seguridad".

Según ha indicado, en un tema que afecta a la seguridad de las personas "lo que debe primar es establecer todas las medidas que garanticen su protección por encima de cualquier otra cuestión".

Los 'populares' piden discreción

Además, el parlamentario 'popular' ha exigido en un comunicado al Departamento de  Interior del Gobierno autonómico la "máxima cautela" con las  informaciones que se ofrecen sobre este asunto. 

"Pedimos  encarecidamente a Interior discreción absoluta, porque lo último que  se puede hacer es dar pistas a ETA a través de los medios de  comunicación", ha señalado.

Urquijo ha manifestado que el Partido Popular "ya conocía" los  planes del Departamento de Interior de reajustar los programas de  protección sobre las personas amenazadas por ETA, una decisión ante  la que ya había mostrado su "rechazo" al Ejecutivo autonómico.