La Fiscalía mantiene la solicitud de imputación a Fabra, a su mujer y a otras dos personas más

• Pide, sin embargo, el sobreseimiento del resto de imputados del caso
• El juez les imputó delitos de cohecho y tráfico de influencias

El Fiscal Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de la causa para todos los imputados en el conocido como "caso Fabra" a excepción del empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives, y el matrimonio formado por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y María Amparo Fernández.

Así lo han explicado a su salida de los juzgados de Nules el abogado Alfonso Rubiales, que representa al imputado Rafael Milán, y el letrado de la acusación particular, José Luis Vera, tras asistir a la comparecencia prevista en la ley del jurado que se ha prolongado durante cerca de tres horas.

Tanto el fiscal como el abogado del Estado han mantenido las imputaciones propuestas por el juez para Fabra, Fernández, Vilar y Vives pero han solicitado el sobreseimiento libre para los otros nueve imputados al considerar que no hay indicios de delito.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules imputó a un total de 13 personas al entender que los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado.

Según el juez instructor, a los delitos mencionados había que sumar otros conexos en lo que a Fabra y su mujer, María Amparo Fernández, se refiere, que son los delitos contra la Hacienda Pública.

La acusación particular del caso Fabra pide más imputaciones

Por su parte, la acusación popular ha concretado las imputaciones a las cuatro personas citadas, así como las que afectan a otras nueve personas más, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además, ha interesado la ampliación de la imputación a otras personas por considerar que podrían haber intervenido en los hechos.

La defensa de Fabra y su esposa ha reiterado la solicitud de determinadas diligencias de instrucción que ya había planteado y que habían sido denegadas por el juez, así como la práctica de otras nuevas y el sobreseimiento de la causa respecto a sus patrocinados, al igual que lo han hecho el resto de defensas respecto a los demás imputados.

En los próximos días el instructor dictará una resolución en la que se pronunciará sobre las peticiones formuladas y dará impulso a la causa de conformidad a lo establecido en la ley del Tribunal del Jurado.

El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules acordó a principios de junio transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra Carlos Fabra y los otros doce imputados en el denominado "Caso Fabra".

Delitos de cohecho y tráfico de influencias

El instructor entiende que los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado, aunque a esos delitos hay que sumar otros conexos en lo que a Carlos Fabra y su ex mujer, María de los Desamparados Fernández se refiere, que son los delitos contra la Hacienda Pública.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre 2003 por el empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de fitosanitarios.

A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.

El informe pericial elaborado por técnicos de Hacienda concluyó que el matrimonio formado por Carlos Fabra y María Amparo Fernández habría cometido un total de nueve delitos de fraude fiscal por no haber ingresado 1,7 millones de euros entre los años 1999 y 2004.

En febrero de este año, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer de modo provisional otra causa que investigaba el juzgado número 2 de Nules y por la que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba dos años de prisión para Carlos Fabra por supuesta falsedad documental.