Una comisión de la OEA denuncia que en Honduras continúa la violación de los DD.HH.

• Las condiciones actuales no garantizan que "no se persiga" a Zelaya
• Cuatro jueces pro Zelaya han sido destituidos por oponerse al golpe

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA)- ha manifestado su preocupación por la continuidad de las violaciones en Honduras en el marco del golpe de Estado contra Manuel Zelaya y afirma que no se dan las condiciones para el regreso del presidente derrocado en junio del 2009.

El presidente de la CIDH, Felipe González -no tiene nada que ver con el ex presidente español-, subraya que "es importante" que Zelaya regrese al país y que "no se le persiga", y que en las condiciones actuales no se le garantiza un juicio imparcial porque las actuales autoridades están implicadas en el golpe de Estado.

González encabeza una delegación de la CIDH que el sábado pasado llegó a Honduras para dar seguimiento a la primera visita del mismo organismo en agosto pasado sobre denuncias de violaciones de derechos humanos tras el derrocamiento de Zelaya por los militares, y ha expresado su preocupación porque "continúan las violaciones" de las garantías constitucionales ".

Condena simbólica de Honduras

Miembros de la CIDH se han reunido con representantes de los tres poderes del Estado, defensores de derechos humanos que condenan el golpe a Zelaya, periodistas y representantes de la sociedad civil.

También han visitado a los miembros de la Comisión de la Verdad, órgano encargado de investigar los crímenes cometidos tras el golpe, una labor que puede considerarse simbólica teniendo en cuenta que el Parlamento hondureño aprobó una amnistía. De hecho, los seguidores de Zelaya ignoran sus informes, aunque pueden proponer el derrocamiento de dicha ley.

González ha subrayado que "se debe poner prioridad en las investigaciones" sobre violaciones de los derechos humanos en Honduras y que el Estado "debe poner especial énfasis" en aquellos casos en los que los involucrados en ese tipo de delitos son agentes de los cuerpos de seguridad.

"Esperamos que se investiguen los hechos y sancione a los violadores de los derechos humanos", ha agregado González, al término de una visita de cinco días de la misión del organismo a Honduras, país que a raíz del golpe de Estado fue aislado por la comunidad internacional y suspendido del Sistema Interamericano.

El comunicado de la CIDH indica que "han recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos".

Denuncian la expulsión de jueces pro- Zelaya

El organismo ha expresado además su preocupación por el "hostigamiento" contra jueces que participaron en protestas contra el golpe de Estado, de los que cuatro fueron despedidos el pasado día 5 por el poder judicial. Los despedidos iniciaron el pasado lunes una huelga de hambre en la planta baja del Parlamento hondureño.

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que la destitución de estos jueces representa "un grave revés" para la independencia judicial en ese país y pide su inmediata readmisión.

"El poder judicial hondureño debería estar trabajando para restablecer el Estado de Derecho y reparar los daños provocados por el golpe de Estado del año pasado", ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Al respecto, el presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha dicho este miércoles en Madrid que no comparte la decisión de la Corte Suprema de Justicia de su país de expulsar a los cuatro jueces contrarios al derrocamiento de Zelaya. "Esta situación nos crea una dificultad a los hondureños", ha señalado.

Piden acciones, no informes

En Tegucigalpa, el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, que exige una Constituyente y el regreso de Zelaya, ha explicado a Efe que esperan que la CIDH no se limite a dar informes sino que sancione al Estado de Honduras por "violador" de esas garantías.

Por su parte, el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, ha afirmado que la CIDH "responde más a los dictados de los países que integran la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y no al derecho interamericano".

El presidente de la CIDH ha dicho en referencia a la declaraciones de Custodio, a quien los opositores al derrocamiento de Zelaya acusan de "golpista", que no le dan crédito porque sus afirmaciones "no tienen ninguna base".

Zelaya fue depuesto cuando promovía una consulta popular orientada a reformar la Constitución, pese a tener una prohibición legal de varios organismos del Estado, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros son acusados de "golpistas" por los seguidores del ex gobernante y la resistencia popular que exige su regreso.