El abogado de Manos Limpias deja el caso de Begoña Gómez por su uso con fines "políticos"
- Cree que "los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal"
- Manos Limpias atribuye la renuncia a "falta de confianza" y le acusa de haber "violado el código ético de la abogacía"
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El abogado que representa a Manos Limpias en la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha comunicado vía burofax su renuncia a seguir representando a la organización al apreciar que las decisiones de esa asociación responden a "fines de naturaleza política".
Carlos Perales, abogado de Prico Jurídicos S.L., ha notificado su renuncia al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras remitirla vía burofax a Manos Limpias, organización que formalizó la primera denuncia por la que el juez Peinado comenzó a investigar a la mujer de Pedro Sánchez.
En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el letrado explica que el planteamiento de Manos Limpias es "incompatible" con los principios del despacho, dado que "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".
A su juicio, las decisiones estratégicas del procedimiento "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".
Cree que están utilizando el procedimiento judicial para obtener rédito político
Esa deriva "resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos", añade el letrado, quien recuerda que el Código Deontológico de la Abogacía Española impone al letrado el deber de actuar con plena independencia, preservando la función social de la Abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso.
"La utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar", argumenta.
En ese contexto, recalca que "la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública" y que "el abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático".
Por ello, seguir en el caso cuando "los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal", supondría "diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso".
Manos Limpias atribuye la renuncia a "falta de confianza"
En un comunicado, la organización Manos Limpias ha achacado la renuncia del abogado a la "falta de confianza y falta de colaboración con las otras acusaciones populares".
En este sentido, han señalado que las manifestaciones del letrado "carecen de fundamento" y aseguran que las decisiones en el procedimiento de Begoña Gómez "se formalizan de manera colegiada bajo la dirección letrada de Hazte Oír". Y niegan que "bajo ningún concepto", tiene que ver con motivaciones de "naturaleza política".
Asimismo Manos Limpia acusa al abogado de haber "violado el código ético de la abogacía".
El Gobierno: "El caso ya no se basa en la lógica jurídica"
Para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la decisión del letrado muestra que el caso "ya no se basa en la lógica jurídica", sino "en cálculos políticos, efecto mediático y posicionamiento ideológico". "No hay más preguntas, Señoría", ha escrito en redes.
Mientras, el titular de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que lo descrito por el exabogado de Manos Limpias es "ni más ni menos, la descripción exacta de la utilización espuria de la jurisdicción penal", prohibida en la ley de enjuiciamiento criminal.
