Miles de menores, sin protección frente a la violencia de género
- Desde 2013, 65 menores han sido asesinados y más de 430 han quedado huérfanos por violencia de género
- Los expertos denuncian la falta de protocolos específicos y la ausencia de valoración del riesgo infantil
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El asesinato de Ruth y José, de seis y dos años, a manos de su padre en Córdoba en 2011, marcó un punto de inflexión en la forma de abordar la violencia de género en España. Durante los casi dos años que esperó juicio, José Bretón insistió en ver a su exmujer. “Seguramente para asesinarla y luego acabar con todo”, a juicio de Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género.
Aquel caso, que dejó una huella social profunda, evidenció una forma de violencia de género dirigida a causar daño a la madre a través de los hijos. “Hizo que muchos agresores vieran que se produce mucho más daño dejando a la mujer viva que matándola junto a sus hijos”, señala Lorente. Un patrón que se ha repetido en otros casos, como el de un español que en 2015 asesinó a sus dos hijos en Aurich (Alemania) tras advertir que haría “lo de Bretón” o el de Tomás Gimeno, que en 2021 mató a sus hijas Anna y Olivia en Tenerife para vengarse de su expareja y causarle "el mayor dolor que pudiera imaginar”.
Desde 2013, en España se registra de forma específica la violencia ejercida sobre los menores en contextos de violencia de género. En estos doce años, 65 niños y niñas han sido asesinados y más de 480 han quedado huérfanos por el asesinato de sus madres. Estas cifras permiten dimensionar una violencia que también alcanza a los hijos, utilizados como instrumentos para dañar y reafirmar el poder del agresor sobre la mujer. Víctimas para las que la protección o es insuficiente o no llega, según los expertos.
La instrumentalización de los menores en casos de violencia de género
De los 65 menores asesinados en contextos de violencia de género en España, 38 fueron víctimas de violencia vicaria, es decir, asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres con el propósito de causar daño a la mujer. Los demás murieron en casos de violencia machista, aunque sin esa motivación explícita.
El término violencia vicaria se ha consolidado para describir este tipo de crímenes, aunque no todos los expertos coinciden en su conveniencia. Miguel Lorente advierte que “ponerle muchos nombres a una misma realidad hace que se distorsione” y recuerda que la violencia de género puede extenderse hacia los hijos, familiares o personas del entorno con el fin de mantener el control, intimidar o aumentar el daño.
En cambio, la socióloga Uxía López Mejuto defiende que esta denominación es necesaria para nombrar y visibilizar una violencia específica, hasta ahora diluida en las estadísticas generales de violencia de género, y que afecta especialmente a menores de muy corta edad: más de la mitad de los asesinados en España desde 2013 tenía menos de siete años, según los datos del Ministerio de Igualdad.
Más allá del debate terminológico, los datos muestran un patrón: en el 86% de los casos, el autor del crimen fue el padre biológico o adoptivo, y las edades más frecuentes de las víctimas están entre los cinco y seis años o en bebés de hasta dos años. Además, en 41 casos existía denuncia previa contra el agresor, y en 38 las madres seguían aún en la relación o en pleno proceso de separación.
El caso de Ruth (6 años) y José (2) se enmarca precisamente en este último escenario: no existía denuncia previa, pero sí una separación reciente. Lorente subraya que la separación es el “elemento objetivo de mayor riesgo”, tanto para la mujer como para sus hijos. Ese peligro, explica, no se limita al momento de la ruptura, sino que se mantiene durante el proceso y tiempo después, cuando el agresor asume que no va a recuperar a la pareja.
Pero el control y la manipulación no aparecen solo en el momento de la ruptura. El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género recuerda que más de 1,7 millones de niños y niñas —el 18% de los menores de edad— viven en hogares donde el padre maltrata a la madre, según una macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en 2019. “No podemos plantear que la violencia hacia los menores empiece en el momento de la separación; es solo una fase más”, señala. En esa dinámica, la psicóloga Elena Delgado identifica dos factores comunes: “pensamientos machistas” y sensación de poder sobre su pareja, además de ver a los hijos “como objetos para despertar en la madre sufrimiento, dolor y culpa”.
Esa misma lógica de control puede prolongarse tras la ruptura, cuando el conflicto se traslada al ámbito familiar y judicial. La abogada Estela Rodríguez advierte que, en los procesos de separación, la manipulación o instrumentalización de los menores puede producirse “por ambas partes”, especialmente en conflictos de custodia prolongados donde los niños quedan a cargo de uno de los progenitores. En todo caso, subraya, “el daño real lo sufren los hijos”, que terminan siendo el vehículo o el escenario donde se materializa la violencia.
La protección que no llega o es insuficiente
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 había 1.758 menores con medidas de protección activas en casos de violencia de género contra sus madres. En la práctica, los niños “son tratados como un apéndice de la madre”, explica Estela Rodríguez, porque los procedimientos se centran en la víctima adulta, mientras que “a los menores no se les hace una valoración de riesgo propia, ni se analiza cómo les afectan los hechos o qué necesitan”.
“Se asume que si la madre está protegida, ellos también lo están y, como mucho, se les aplican medidas cuando los niños han presenciado la violencia o han resultado heridos. Son el eslabón más débil y el menos protegido de todo el sistema”, denuncia la abogada.
En esa línea, la socióloga Uxía López Mejuto advierte de que las cifras del INE “solo muestran una parte de la realidad”, ya que se limitan a los menores con medidas de protección y no permiten estimar cuántos sufren realmente la violencia de género en España. Quedan fuera los niños y niñas que viven en hogares donde la madre es maltratada —que también padecen las consecuencias psicológicas y sociales de ese entorno—, así como las menores que son víctimas directas de sus propias parejas.
Los equipos psicológicos y sociales, explica Elena Delgado, “trabajan en condiciones de saturación que pueden dificultar la atención individualizada y la valoración exhaustiva” de cada caso. Esa falta de recursos se traduce en demoras graves: según Estela Rodríguez, el informe psicosocial —clave para determinar la situación del menor— puede tardar hasta año y medio en iniciarse desde su solicitud. “Qué valor tiene esa valoración si no se corresponde con la realidad que hay en ese momento, porque las circunstancias de hace dos años puede que no sean las mismas”, lamenta.
Para la abogada, las medidas de protección “llegan tarde y mal”. Añade, además, que el sistema confunde protección con automatismo en decisiones como la suspensión “de forma automática” del régimen de visitas: “Se hace sin valorar si la relación con los menores era buena o no. A veces, incluso las madres reconocen que el padre se comportaba bien con los niños, pero la medida se impone igual”, explica Rodríguez.
Según Miguel Lorente, el problema de fondo está en la ausencia de protocolos específicos y de un modelo integral de protección que permita valorar el riesgo infantil y atender la salud mental de los menores: “Muchos son víctimas de violencia y nadie está abordando sus problemas de salud física y mental”. La psicóloga Elena Delgado añade que estos niños “viven en un estado de miedo constante y en un estado de alerta”, y que la exposición continuada “puede generar alteraciones físicas, emocionales, cognitivas y de conducta”.
Y más adelante, en la adolescencia, esos efectos se manifiestan en “hipervigilancia, gran ansiedad, cambios de humor, sentimientos de culpa” —por no haber intervenido—, así como en la repetición o normalización de relaciones basadas en la agresión o la sumisión. Por ello, Delgado insiste en que “es fundamental reforzar los recursos humanos y materiales, y crear herramientas específicas para hacer un seguimiento y valorar el riesgo, de modo que, ante cualquier sospecha, se priorice su protección y seguridad”.
