Tribunales

• Considera ajustado a derecho el auto de imputación dictado por la jueza de Catarroja que instruye la causa
• El Ministerio Público se opone por ahora a acusar al ex número dos de Emergencias en la dana

En un audio de WhatsApp que recoge el último informe de la UCO se escucha a Víctor de Aldama tranquilizar a Javier Hidalgo, directivo de Air Europa, sobre la intervención del Gobierno: "Van a hacer una nota de prensa desde el Ministerio". Aldama se refiere a una carta que la cartera que dirigía Ábalos —Fomento— hizo para apoyar el rescate público de la aerolínea.

En los audios también aparece la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez. De ellosse desprende que no trabajaba en la empresa pública Ineco, tal como declaró ante el Tribunal Supremo. En una conversación se queja a Koldo del papeleo para justificar su actividad en la empresa en la que estaba contratada.

También habla del piso en el que vivió en la plaza España de Madrid, que según la UCO pagó la trama del caso Koldo. Ante el juez, dijo que fue Koldo quien lo gestionaba, aunque creía que detrás estaba Ábalos.

Foto: El exasesor Koldo García en el Tribunal Supremo (EFE)

• El informe de la Guardia Civil recoge las conversaciones entre el exasesor, Ábalos y su expareja
• Aldama y Escolano habrían asumido los costes de la vivienda que Jéssica Rodríguez consideraba su "casita de novios"

• Ha presentado una demanda para requerir el libro a la Editorial Anagrama
• La Fiscalía quiere obtener 'El odio' para "analizar y estudiar su contenido", según indican

• La exconsellera y su ex 'número dos' descargan su responsabilidad en los técnicos y en la Confederación del Júcar
• Pradas y su ex 'número dos' han llegado a los juzgados entre abucheos y gritos de "asesinos"

La exconsellera valenciana Salomé Pradas ha negado este viernes ante la juez que ella estuviera al mando del operativo de respuesta el día de la dana. La que fuera titular de Justicia e Interior durante la tragedia del pasado 29 de octubre, que dejó 227 muertos y un desaparecido, ha asegurado que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias, según fuentes presentes en la declaración.

Pradas, que ha llegado a los juzgados de Valencia entre abucheos y gritos de "asesinos" y "Mazón dimisión", es junto a su ex 'número dos', el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, la única imputada en la causa que investiga las responsabilidades penales de la dana.

También ha asegurado que el mensaje de alerta a la población (ES-Alert) enviado a las 20:11 horas aquel día no se retrasó por esperar a la llegada del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), sino por los técnicos. Para la emisión del referido mensaje siguió las indicaciones de los técnicos presentes, ha aclarado.

La comparecencia, que ha tenido lugar a puerta cerrada, ha durado unas tres horas y se ha tenido que suspender en varios momentos por su estado emocional.

• Atribuye a los agentes un delito de lesiones con pérdida de órgano y un delito de torturas
• Además de la pena de prisión, solicita una indemnización económica de más de 320.000 euros

• Estaba citada al igual que Errejón, pero el exdiputado ya avisó que no acudiría porque lo había recurrido
• La actriz ha reconocido que borró parte de los mensajes porque se lo recomendó su primera abogada

La actriz Elisa Mouliaá ha entregado este viernes su teléfono móvil en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para que la Policía Nacional pueda analizar las conversaciones que mantuvo con el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón antes y después de la presunta agresión sexual que ella denunció.

También el exdiputado estaba citado para entregar su dispositivo, pero no ha acudido, pues ha alegado que está pendiente de un recurso que presentó en la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de entregar el móvil.

FOTO: Elisa Mouliaá, acompañada de su abogado, sale de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, este viernes. EFE/Daniel González

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que pagó 5.000 euros al mes por el alquiler de un ático que está situado justo encima de la vivienda donde vive con Ayuso.

Así lo ha declarado este jueves en su primera declaración en sede judicial como imputado por la compra de una empresa a la mujer del presidente del Grupo Quirón, además de fraude fiscal y falsedad documental. González Amador pagó casi medio millón de euros por esta sociedad que, según la Fiscalía, carecía de valor y podría tratarse de una comisión encubierta que, además, utilizó como una sociedad pantalla para ocultar unos ingresos no declarados.

La pareja de Ayuso ha justificado estos movimientos y ha asegurado que trasladó activos desde su empresa principal porque quería quedarse únicamente con una. Asimismo, ha añadido que la transacción tenía el visto bueno de la inspectora fiscal.

• El emérito plantea un acto de conciliación con una disculpa y una indemnización económica por parte de Corinna
• El rey emérito también demandó recientemente a Miguel Ángel Revilla por supuestas injurias y calumnias

El rey emérito, Juan Carlos I, ha exigido al expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla que rectifique unas declaraciones producidas entre mayo de 2022 y enero de 2025 para defender su derecho al honor. Le ha reclamado, además, una indemnización de 50.000 euros, que irían dirigidos a Cáritas. Su defensa ha solicitado un acto de conciliación con el dirigente del PRC para llegar a un acuerdo y evitar interponer una demanda. En este sentido, María Navarro, de VerificaRTVE, explica en Malas lenguas si Revilla y Juan Carlos I están obligados a acudir a dicho acto.

Ni el expresidente de Cantabria, ni el emérito, deben de hacerlo, ya que se puede resolver por medio de sus defensas. Así queda reflejado en el artículo 144 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Lo que sí que indica el comunicado del Consejo General del Poder Judicial es que si no acude la defensa del rey emérito, el expediente se va a archivar.

Por primera vez, Alberto González Amador ha declarado ante la jueza que le investiga por corrupción en los negocios y administración desleal. Lleva más de un año imputado por fraude fiscal y falsedad documental, pero fue pidiendo aplazamientos y finalmente se negó a declarar. Después, la jueza amplió la causa y le imputó dos delitos de corrupción. Hoy por primera vez Alberto González Amador contesta a sus preguntas.

Pagó casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, una de las mayores contratistas con la Comunidad de Madrid. La magistrada está investigando si podría tratarse de una comisión encubierta porque, según la Fiscalía, el novio de Ayuso le compró una empresa sin valor.

El exfutbolista del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué defendió en su declaración ante la jueza que le investiga por el traslado de la Supercopa de fútbol masculino de España a Arabia Saudí que "en cualquier otro país del mundo te pondrían una estatua" por esa gestión, que defendió como "el contrato más grande de la historia de la Real Federación Española de Fútbol".

• El monarca, que vive en Abu Dabi, no está obligado a acudir ya que puede presentarse su defensa
• El rey emérito reclama una rectificación y 50.000 euros al expresidente cántabro por supuestas "injurias" y "calumnias"

• Más Madrid reprocha que se ausente cuando declara su novio: "El arte de la evasión se cultiva en pareja"
• El portavoz del Gobierno madrileño afirma que los españoles han "pagado polvos a un ministro"

• Alega que la decisión del juez Llarena "no contraviene la voluntad del legislador", que excluyó de la amnistía el enriquecimiento
• El expresidente catalán podrá recurrir al Tribunal Constitucional su decisión

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara este jueves como investigado en los juzgados de plaza Castilla. Se presenta ante la jueza en el marco de la causa abierta contra él por un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal en el marco en sus relaciones con el grupo Quirón. Se trata de la pieza separada que la magistrada Inmaculada Iglesias abrió en octubre de 2024 para indagar si González Amador –ya investigado por un presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda y falsedad documental– pudo incurrir en "otros delitos distintos" mediante el presunto uso de una sociedad pantalla para ocultar ingresos que debían ser declarados por la consultora sanitaria Maxwell Cremona, de la que es administrador.

FOTO: Gustavo Valiente / Europa Press

• Se trata de una pieza separada para investigar si usó una sociedad pantalla
• En su declaración ha revelado que paga por el ático 5.000 euros al mes

• Fue el autor de las autoliquidaciones por impuesto sobre sociedades por las que se abriría más tarde la investigación
• El letrado declarará como investigado el próximo 6 de mayo