El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha roto este viernes su silencio tres días después de conocer la imputación de su partido. Iglesias ha recordado en Twitter que las cuentas de su partido ya han sido investigadas en varias ocasiones y lamenta el daño que provoca "el juicio mediático". Mientras, el PSOE defiende que el Gobierno de coalición es "fuerte y cohesionado", toda vez que el PP pide a Pedro Sánchez que actúe.
El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por la imputación de Podemos por una presunta financiación irregular. Para Casado "no es aceptable" que Sánchez tenga una "doble vara de medir" en este caso de corrupción que afecta al secretario general de Podemos.
El exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, ha roto este jueves su silencio y ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que algunos dirigentes del partido habrían "metido la mano" en la caja de la formación morada. Sin embargo, cuando le preguntan cómo lo sabe, responde que es "rumorología" de militantes o trabajadores, tal y como ha desvelado La Sexta.
La familia Pujol ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto por el que el juez José de la Mata dio por concluida la instrucción de la causa por la fortuna del expresidente catalán iniciada en el 2012 tras la denuncia de la exnovia del hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. El magistrado considera que hay indicios suficientes contra ellos por organización criminal, delitos fiscales o blanqueo de capitales, entre otros, para llevarles a juicio. Los abogados de la familia, Cristóbal Martell y Albert Carrillo, piden ahora a la Sala que ordene al instructor modificar su criterio y que se dé carpetazo al asunto al no existir indicios ni pruebas contra ellos. Consideran que se pretende sentarlos en el banquillo por llamarse Pujol.
La policía de Cayo Hueso (Florida) detuvo en 2018 a un niño afroamericano de ocho años discapacitado tras responder de manera agresiva a una profesora que quería cambiarle de sitio. Ben Crump, el abogado de la familia y el mismo que defendió el caso de George Floyd, ha decidido compartirlo ahora en redes sociales. La familia anunció que tomará acciones judiciales contra la ciudad por esta actuación policial.
Podemos ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo de la investigación abierta sobre sus cuentas al considerar que no se sustenta en indicio delictivo alguno. Esta solicitud se suma al suplicatorio de nulidad ya presentado al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que ha abierto las diligencias basadas en la denuncia del abogado despedido por el partido el pasado mes de diciembre, José Manuel Calvente. La investigación trata de dilucidar presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, aunque la denuncia de Calvente planteaba desde financiación ilegal de partidos hasta blanqueo de capitales. Rafael Mayoral dice que si sale esto no es por casualidad.
Podemos ha pedido la nulidad de todas las investigaciones sobre una presunta caja B del partido. El coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, RafaelMayoral, ha criticado que el partido haya sido imputado "sin indicios delictivos" y en base a "suposiciones".
Ángel Juárez, portavoz de la Plataforma de Afectados por Coronavirus, ha contado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que en la actualidad cuentan con unos 1.000 casos de ancianos muertos en residencias que son causa de litigio judicial. Denuncia la opacidad que ha rodeado estos fallecimientos y se pregunta: ¿Quién decide quién muere y quién no?. Su madre, recuerda, falleció sin que se le hiciera ningún tipo de prueba o test. No entiende por qué no se les derivó a los hospitales y que no haya datos concretos.
Un juez ha imputado a Podemos como partido y a varios responsables de sus finanzas por presunta malversación. Desde la formación morada han pedido la nulidad de las investigaciones alegando indefensión. Están convencidos de que estas acusaciones quedarán en nada porque el verdadero objetivo es fabricar durante meses un juicio mediático contra ellos. La oposición le pide a Iglesias que dé explicaciones.
El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado como investigados a Juan Manuel del Olmo, estrecho colaborador de Pablo Iglesias, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, además de al responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Val, tras la denuncia presentada por el abogado despedido por el partido José Manuel Calvente. Podemos, como partido político, está imputado en la causa.
Un juez de Madrid ha imputado al secretario de comunicación de Podemos, a su tesorero, a la gerente y también al partido como persona jurídica. El origen de la investigación es la denuncia presentada por el abogado depedido por Podemos, José María Calvente, quien denunció financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos en el partido, entre otros delitos.
El juez que investiga la posible financiación irregular de Podemos ha citado como investigados al secretario de Comunicación, Juan Manuel Olmo, a la gerente, Rocío Val y al tesorero del partido, Daniel de Frutos y a una trabajadora de compras y finanzas el 20 de noviembre. Informan Araceli Sánchez y David Fernández.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada ha defendido en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, la actuación de los jueces cuando, como en el caso de la pandemia, se intentan restringir derechos fundamentales como el confinamiento sin justificar. "Es normal que los jueces no quieran tomar medidas sin estado de alarma" También recuerda la necesidad de modificar la ley del estado de alarma y la de medidas especiales en salud pública.
Son varias las comunidades autónomas que han optado por confinar localidades enteras debido al coronavirus, otras refuerzan la presencia policial.... Pero el control es complicado porque no hay medidas comunes. Según los expertos, no existe una legislación clara.
