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La agenda judicial arranca la semana que viene en el Tribunal Supremo con una vista sobre la inhabilitacion del presidente catalán, Quim Torra, por desobeder a la Junta Electoral Central. La Audiencia Nacional dictará sentencia para el mayor de los mossos Josep Lluis Trapero por su actuación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, el Tribunal Constitucional estudia los recursos de loslíderes independentistas en prisión. Además el Supremo espera el suplicatorio que ha pedido al parlamento europeo paraseguir su procedimiento contra el 'expresident' Carles Puigdemont. Muy pendientes habra que estar tambien de la investigación de la Fiscalía del Supremo al Rey Emérito por el presunto cobro de comisiones del Ave a la MECA . Espera información de Suiza para saber si cometió algún delito o si hay prescripción o inviolabilidad. La investigación surgió delcaso Villarejo, en el que declarará comoimputada este mismo mes la ex amiga de Juan Carlos I Corinna Larsen por contratar presuntamente al excomisario para espiar a una empleada suya. El Supremo tendrá también que resolver qué hace con las más decincuenta querellas y denuncias que distintos colectivos han interpuesto contravarios miembros del gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.

Entienden que el exministro del Interior y la exsecretaria general del Partido Popular también intervinieron en la llamada operación Kitchen para sustraer pruebas al extesorero del partido Luis Bárcenas. Según confirman fuentes jurídicas a RNE, piden que sean citados en calidad de investigados por delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Informa Teresa Coto.

El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha denunciado a las fiscales del Caso Púnica por no perseguir el delito, cohecho y prevaricación en el caso del chivatazo al exconsejero. Considera que beneficiaron al constructor David Marjaliza al no acusarle, a pesar de reconocer que el empresario quemó documentación después de que Granados le dijese que un guardia civil le había insinuado que los estaban investigando. Por ese chivatazo Granados está condenado a dos años de cárcel.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha anunciado que pedirá la retirada de las restricciones contra el coronavirus impuestas por la Junta de Castilla y León de forma cautelar y acusa al organismo de falta de diálogo. [Coronavirus: última hora en directo

A partir de este jueves, en Valladolid y en Salamanca los velatorios permitirán un máximo de 15 personas al aire libre o diez en espacios cerrados. En ceremonias civiles y religiosas, el máximo será de 50 al aire libre o 25 en sitios cerrados. Las reuniones de carácter privado o familiar se limitarán a diez asistentes como máximo y se podrá hacer deporte pero en grupos de hasta cinco personas, sin contacto físico.

Para evitar la disparidad de criterios de los tribunales a la hora de ratificar la aplicación de medidas restrictivas o confinamientos para contener los contagios de COVID-19, el Gobierno ha propuesto un cambio legal incorporando una enmienda en la ley de medidas procesales frente al coronavirus. Propone que las decisiones las tomen los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad en un plazo máximo de tres días y con la participación del Ministerio Fiscal. [Coronavirus: última hora en directo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que no es necesaria la intervención de los jueces al tratarse de recomendaciones. En su resolución, recuerda que las autoridades sanitarias de cada autonomía pueden acordar acciones preventivas y adoptar medidas y limitaciones sanitarias que consideren de urgencia o necesidad para controlar enfermedades transmisibles. Informa Paco Arjona.