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En La Tarde en 24 horas, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hablado sobre el caso Kitchen y ha distinguido la investigación parlamentaria de la judicial. Habla de dejar a la justicia actuar con libertad, y también defiende la presunción de inocencia: "Que personas que han tenido representación o altos cargos en los puestos del Estado estén sometidos a investigación es preocupante. A partir de ahí, como ministro de Justicia tengo que repetir que hay que creer en la presunción de inocencia y dejar a la justicia actuar con libertad". "Son mecanismos normales en democracia que fortalecen el sistema", añade.

El exabogado de Podemos que ha denunciado la presunta financiación ilegal en el partido, José Manuel Calvente, ha insistido ante el juez que el caso 'Dina' fue un "montaje" organizado por la cúpula de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias e Irene Montero, para presentarse como "víctima" de las llamadas cloacas del Estado de cara a las elecciones de 2019, según ha podido saber TVE. También ha denunciado amenazas por parte de la formación, que el juez se ha comprometido a estudiar.

El juez, por su parte, ha anunciado que deducirá testimonio de las amenazas denunciadas por el exabogado despedido por Podemos y que dará traslado a la Fiscalía para que informe al respecto.

Fuentes de Podemos han asegurado a TVE que la de Calvente ha sido una declaración "sin pruebas", con afirmaciones basadas en "chismes y rumores".

Por primera vez, un informe policial menciona al expresidente del Gobierno. Los policías que investigan la operación Kitchen dicen que el operativo parapolicial estuvo "coordinado" por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, conocido por los policías del caso como "El Asturiano", al que los investigadores vinculan con el presidente, y por "El Largo", el abogado Javier Iglesias al que Villarejo y otros implicados señalan como nexo con el expolítico popular. Informa Teresa Coto.

El espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se investiga en la Operación Kitchen costó al menos 53.266,22 euros procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, según apunta el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en una resolución, hasta ahora bajo secreto de sumario, perteneciente a la investigación que el magistrado realiza de la caja B del partido.

En total, el informe cuantifica hasta 53.000 euros desviados de los fondos reservados para financiar la operación parapolicial Kitchen, cuyo objetivo era espiar al extesorrero popular Luis Bárcenas y su mujer y extraerles información comprometida para la formación y los dirigentes del partido. El sumario al que ha tenido acceso Radio Nacional detalla que 50.000 euros se destinaron a sueldos y salarios entregados en efectivo al chófer del matrimonio Bárcenas, Sergio Ríos, entre julio de 2013 y septiembre de 2015. El resto de los gastos consistieron en 2.500€ en comida o aparcamiento y otros 200 en gastos no concretados. Informa Teresa Coto.

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha defendido que la formación "preserva la presunción de inocencia" y que el líder del partido, Pablo Casado "ya ha dicho todo lo que podía decir" sobre las presuntas presiones del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz para obtener documentación sensible para el PP del extesorero Luis Bárcenas. Preguntado por la petición del PSOE y Unidas Podemos de una comisión en el Congreso que investigue el caso, Montesinos ha asegurado que le parece "sorprendente" que lo hagan tras rechazar una comisión sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El juez debe decidir si, como pide la Fiscalía, imputa o no al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a otra exministra, a María Dolores de Cospedal por su posible implicación en la Operación Kitchen. En 2013 estalla el caso Bárcenas. El extesorero del PP tiene documentos que supuestamente comprometen al Partido Popular. Y la Fiscalía considera que altos cargos del Estado iniciaron un operativo parapolicial para robar esos documentos a Bárcenas.

Y señala a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior, el único político imputado. También está imputada la cúpula de la Policía en aquellos años, y una figura clave, el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, el hombre que debía obtener la información.

La Fiscalía también quiere imputar a Jorge Fernández Díaz, el superior de Martínez, ya que cree que hay muchos indicios de su implicación. Y también a la entonces secretaria general del PP, a María Dolores de Cospedal, quien, según la Fiscalía, tenía un "interés personal" en la operación.