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Han declarado ante el juez dos profesoras, las que dijeron que la niña acudió drogada a las clases de música y también una vecina de Teo que pasó por el lugar en el que se encontró el cadáver, sin ver nada, las tres se han ratificado en sus declaraciones.

La Fiscalía de Palma ha renunciado también a presentar un recurso contra la imputación de la Infanta Cristina. Ahora lo que se tiene que decidir es como accederá al tribunal. El ministro de Justicia ha dicho que espera que no tenga que hacer el paseillo a pie.

Asunta Basterra le mandó un mensaje a una amiga el cinco de julio diciéndole que la habían intentado matar. Ese mismo día el padre de Asunta compró Orfidal por primera vez. El comisario jefe de Santiago ha declarado en el juzgado sobre un testigo que pudo haber visto a la niña la misma tarde de los hechos.

Novedades en el caso de las ITV de Cataluña que implica al diputado y exnúmero dos de Convergencia Democrática, Oriol Pujol. La fiscalía pide que se le impute un nuevo delito, que se suma al de tráfico de influencias.

En los próximos días se van a conocer más datos sobre la intoxicación de niña Asunta Basterra. Las dos profesoras que la vieron bajo los efectos de ansiolíticos van a declarar la próxima semana en el juzgado.

Un antiguo miembro de las SS nazi ha sido acusado en Alemania por la matanza de 25 personas en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El caso de este alemán de 88 años no es el único. La falta de pruebas impide que respondan por sus crímenes unos 50 nazis que todavía viven.

La Infanta Cristina se encuentra en Madrid y ayer se reunió con sus abogados. Lo ha confirmado uno de ellos, Miquel Roca que, sin embargo, no ha querido desvelar si se han reunido o no con la defensa de Iñaki Urdangarín.. Sobre el recurso, cuyo plazo para presentarlo expira el próximo miércoles, Roca asegura que todavía no está listo.

El exconsejero valenciano de Solidaridad, Rafael Blasco, ha declarado durante seis horas ante el tribunal del llamado "caso Cooperación". Se le juzga por el supuesto desvío de fondos publicos destinados a ONG. Blasco ha asegurado que los expedientes que firmaba venían avalados por los técnicos.

Blasco se enfrenta a penas que van de los 11 a los 15 años de prisión y hasta 31 de inhabilitación.