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La Justicia uruguaya condenó a 28 años de prisión al general Miguel Dalmao, el primer general en activo en Uruguay juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), por el asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, según confirmaron a Efe fuentes oficiales.

El general, que se encuentra en prisión desde noviembre de 2010, cuando se desempeñaba como jefe de la División IV del Ejército, fue condenado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado", cometido cuando era alférez y cumplía funciones de lucha antisubversiva en la unidad del Ejército donde apareció muerta Sabalsagaray.

La versión oficial de la época señalaba que la joven Sabalasagaray, militante comunista, se ahorcó en el calabozo a las pocas horas de haber sido detenida, pero de las investigaciones forenses adjuntadas al expediente judicial se desprende que fue víctima de torturas.

Según confirmaron a Efe fuentes de la Suprema Corte de Justicia, Dalmao fue encontrado responsable de este homicidio ya que cuando sucedieron los hechos, era el segundo responsable de la unidad donde fue detenida.

La Justicia italiana ha confirmado la condena a cuatro años, que quedan en uno gracias a la ley de indultos, al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por un delito de fraude fiscal en el llamado caso Mediaset, su grupo de comunicación. La sentencia todavía puede ser recurrida, pero con esta acumula ya dos condenas de cárcel y está a la espera de otra sentencia.

Después de casi diez años de investigación y seis de proceso, el Tribunal de Apelación de Milán condenó el pasado octubre a Berlusconi a cuatro años de cárcel por evasión de impuestos en la compraventa de derechos de películas estadounidenses para sus cadenas de televisión. En concreto, se ha demostrado que aumentó el precio real de los derechos y el dinero defraudo se desvió a cuentas en el extranjero entre 1994 y 1999.

En primera sentencia, se detallaba también que el político --ahora sin cargo-- quedaba inhabilitado para ejercer cargo público durante cinco años y que debería resarcir al fisco con 10 millones de euros. Todo eso queda ahora ratificado, informa el corresponsal de RNE en Roma, Iñaki Díez. Sorprendió el fallo porque la pena de carcel era superior a la que solicitó el fiscal.

En el Tribunal Constitucional, el pleno ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el acuerdo del Parlamento catalán del pasado 23 de enero que defendía que Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano