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El Alto Tribunal obliga a la Administración Trump a mantener el programa DACA (Acción Diferida para los Llegado en la Infancia), un programa aprobado en la época de Obama que protegía de la deportación a los migrantes llegados siendo niños al país y que no tenían legalizado el estátus migratorio. Informa el corresponsal de RNE en Washington D.C., Fran Sevilla.

Los líderes del movimiento independentista condenados por sedición seguirán en prisión mientras el Alto Tribunal resuelve los recursos de amparo que se han interpuesto contra esas condenas. Asimismo, ha rechazado dejar en suspenso esa pena ya que es una medida excepcional que solo se aplica si las penas son inferiores a cinco años. Informa Teresa Coto.

El tribunal atribuye al miembro de ETA Iurgi Garitagoitia 25 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. Asimismo, está acusado de presuntamente organizar los asesinatos del empresario vasco Ignarcio Uría y el exconcejal socialista Isaías Carrasco en 2008. Informa Araceli Sánchez.

La ministra de Igualdad Irene Montero dice que "se ha desmontado la estrategia de la derecha de señalar al movimiento feminista" y es que el Ejecutivo defiende que se haya investigado la actuación del delegado del Gobierno en Madrid y, según Salvador Illa, se demuestra que "se ha dado todo, lo que se tenía y no tenía, para derrotar al virus". Por su parte, desde el PPPablo Montesinos muestra su respeto a la decisión, aunque dice que exigirán "responsabilidades políticas" al Gobierno.

La sentencia señala que no puede ser expulsado por ser castigado por un delito con pena superior a un año. "Se modifica así una sentencia del Tribunal Supremo, que hacía una interpretación absolutamente estricta que tan solo tenía en cuenta los medios de vida del ciudadano español", explican desde la Asociación Española de Abogados Extranjeristas. Informa Minerva Oso.

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha declarado este viernes durante cerca de dos horas ante la fiscalía en la que es la primera investigación abierta por la gestión de la pandemia. La denuncia parte de varias familias de víctimas. La investigación se centra en esclarecer las motivaciones del Ejecutivo italiano que le llevó a no decretar el confinamiento en las regiones más afectadas por el coronavirus.

La juez que ha investigado la manifestación del 8M ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Dice la magistrada que no existe el delito de prevaricación porque el delegado no contaba con ningún dato sobre posibles riesgos para la salud,

La jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid,  José Manuel Franco, ha tomado declaración a trabajadores de la Delegación y otros convocantes de actos en esas fechas. Varios de estos han matizado el informe de la Guardia Civil, como un representante de Forum Filatélico que dice que el 6 de marzo fue cuando recibió el permiso de la Delegación y no cuando canceló la manifestación ante la gravedad de la situación. Otros, como un representante de CGT Amazon decidieron no celebrarla tras recibir una llamada de la Delegación "creo que el 11".

Por primera vez el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre uno de los casos más conocidos de la trama de los bebés robados. Concluye que Inés Madrigal no fue una bebé robada. Los jueces consideran que no queda probado el delito de detención ilegal de la menor. Como anunció ella, su familia biológica la dio en adopción voluntariamente en 1969.

Sin embargo mantienen dos delitos que la audiencia de Madrid imputó al doctor Eduardo Vela. El de falsedad documental y el de suposición de parto, porque participó en la certificación irregular en el Registro Civil y en la maniobra ilegal de entrega del bebé.

El alto tribunal no entra en el fondo de la cuestión, en la prescripción de los delitos, lo que motivó que la audiencia de Madrid absolviese al doctor. Consideran improcedente resolver este asunto porque el acusado ha fallecido. Esta era una cuestión clave para los cientos de casos de bebés robados denunciados, que aún no han podido juzgarse. Tendrán que esperar a lo que resuelva el alto Tribunal en futuros recursos.