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Las víctimas de la tragedia del 11M aunaron fuerzas para conseguir justicia y reparación en la Asociación Afectados del Terrorismo, pero se encontraron con un objetivo más: defender la verdad y luchar contra las teorías alternativas que se generaron sobre la autoría de los atentados. "Hemos sufrido una doble victimización, al hecho de tener una persona asesinada se une el dolor de aguantar esas mentiras durante tanto tiempo", nos cuenta Eulogio Paz, víctima y presidente de la asociación. Para él, el 11M unió a la sociedad española, pero después se fracturó por completo. Informa Mar Lupión.

Desde el gobierno y el PSOE auguran una legislatura larga. "Hay gobierno para rato", dice Patxi López. A cuatro días de que se vote la amnistía en el congreso, los partidos independentistas catalanes afirman avanzan e insisten que la amnistía es un primer paso hacia un referéndum de independencia.

EFE/ Javier Lizón

Solo tres de los condenados por los atentados del 11M continúan en prisión. Jamal Zougam fue condenado a casi 43.000 años por ser uno de los autores materiales de los asesinatos; Othman el Gnaoui, a casi 35.000 años por transportar los explosivos y al español José Emilio Suárez Trashorras, 34.000 años por ser cooperador necesario por suministrar la dinamita. Los 15 restantes ya terminaron sus penas y 8 de ellos fueron expulsados a su país, la mayoría a Marruecos. Los detalles con Gema Alfaro.

Homenaje del PSOE en Bilbao al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando van a cumplirse 20 años de su victoria electoral el 14 de marzo de 2004. En el acto, Pedro Sánchez no ha eludido la defensa de la amnistía; tampoco las alusiones a la corrupción. El presidente del Gobierno asegura que la ley de amnistía traerá una España "más fuerte" y pide avanzar "en la reconciliación".

El exdiputado de Coalición Canaria, Paulino Rivero, que presidió la comisión de investigación del Congreso del 11M, nos cuenta que estos atentados supusieron un antes y un después en la política española. "Más que el atentado en sí, fue la gestión por parte de unos y de otros", asegura en el programa 'Parlamento' de Radio 5. Destaca que, a pesar de haber sido una comisión difícil e intensa, se aprobaron por consenso medidas de apoyo para las víctimas y de mejora para las actuaciones policiales y judiciales. "La conclusión más importante es que España, que había sido un ejemplo en la lucha contra el terrorismo de ETA, no estaba preparada para un ataque del terrorismo yihadista", expresa. Rivero considera que la herida sigue abierta y que la fractura política que se produjo hace 20 años sigue presente en la sociedad. "Ha habido poca voluntad de alcanzar grandes acuerdos entre los dos grandes partidos en España", asegura el exdiputado.

Tras llegar a un acuerdo el PSOE, Junts y ERC, la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la ley de Amnistía. "Hoy se ha dado un paso importante y definitivamente esperemos votar una ley de Amnistía que, ahora sí, es para todo el mundo", ha expresado Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, en 24 horas de RNE. 

Nogueras ha considerado que la ley puede entrar en vigor "aproximadamente a mediados de mayo cuando se ratifique la ley y al día siguiente se publique en el BOE", contando con que la ley fuera a pleno del Congreso la próxima semana antes de ir definitivamente al Senado: "Los plazos son los que son. El PP ya ha hecho todo lo que han podido para alargar este proceso al máximo", ha dicho en RNE. 

Preguntada por la efectividad de "orillar" el Código Penal español a favor de la normativa europea en relación al terrorismo, Nogueras cree que en la normativa española "las definiciones de terrorismo son muy subjetivas" y añade que son "mucho más de las que se usan en la definición internacional". Además, la portavoz de Junts en el Congreso ha razonado sobre el proceso de negociación llevado a cabo hasta el acuerdo final en comisión parlamentaria: "Es verdad que el PSOE era mucho más optimista respecto a la cúpula judicial española, aunque las actuaciones del juez García Castellón o Aguirre nos han dado la razón". "El límite de la imaginación de algunos miembros de la cúpula judicial española es absolutamente denunciable", ha sentenciado. 

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, ha estado en Las Mañanas de RNE para analizar el acuerdo de PSOE, ERC y Junts para la ley de Amnistía. Si bien aún no se conocen todos los detalles de esta última versión, las fuentes señalan que se pasará del Código Penal al marco europeo en el tratamiento del terrorismo y del delito de traición. El catedrático reflexiona al respecto de las posibles consecuencias, con el ejemplo del delito de malversación. En lo que se refiere a la traición, Gimbernat indica que no es necesario que haya un movimiento de carácter violento: "Una vez que se apruebe esa ley, si se aprueba, pierde el control de esa ley. Quien la tienen que interpretar son los tribunales. Ellos serán los que tengan que decir hasta qué punto eso es conforme con el derecho europeo o es conforme con la Constitución", expone el catedrático.

En cuanto a si la ley de amnistía es constitucional, Enrique Gimbernat añade que no puede serlo “en ningún caso”. Explica que la Constitución Española es la única que prohíbe los indultos generales, y la amnistía es una medida de gracia "más amplia que el indulto". “Si la medida más limitada de perdón, que es el indulto general, está prohibido constitucionalmente, con mayor motivo tiene que estarlo la amnistía”, sentencia. 

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este jueves el acuerdo alcanzado sobre la ley de amnistía, asegurando que "se ha dado un paso importante": "En el acuerdo político que firmamos acordamos que queríamos una ley de amnistía integral, es decir, que no dejara a nadie fuera y que fuera una ley de amnistía también de aplicación inmediata. Esta ley no era la del 30 de enero. Sí es la de hoy”, ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.

Nogueras ha advertido de que “la ley de Amnistía se tiene que aplicar”, tal como "también ha dicho la Comisión de Venecia en su informe preliminar": “Veremos si hay algún juez que está dispuesto a prevaricar, en todo caso, por no aplicar esta ley”, ha recalcado.

En su opinión, "la ley de Amnistía era imprescindible que se hiciera. Y a partir de aquí, una vez todas aquellas personas que están injustamente acusadas puedan volver a la normalidad". "A partir de aquí puede empezar también un diálogo político de igual a igual. Era imprescindible que esto fuera así”, ha concluido.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' apunta a que la trama sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en contratos para la compra de material sanitario en la pandemia podría ser aún más extensa. Dicho informe, incluido en el sumario de la investigación, incluye conversaciones interceptadas en 2020 a los socios del comisionista, el presidente y empresario del CF Zamora Víctor de Aldama, en las que se supone el 'ok' del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuyo nombre aparece junto al del expresidente canario, Ángel Víctor Torres, en el informe del que se desprende que habría habido contactos con ambos. En concreto, las conversaciones hablan de una reunión con el jefe de gabinete de Illa que les ha dado buena impresión y poco tiempo después dicen que ya tienen el 'ok' de Sanidad a una gestión sin especificar. Además, se refieren al entonces presidente de Canarias, con el que dicen que va a hablar Illa para darle el 'ok'. Y en otro contacto directo, dice, con Víctor Torres, les pide ir a hacer unos test al ministerio de Transportes. El informe profundiza no solo en el negocio de la trama sobre las mascarillas pero también en las pruebas PCR, que en el marco de esta trama habrían estado haciendo de forma gratuita a altos cargos como favor para lograr después adjudicaciones en concursos públicos. En mayo de 2020 dejan constancia de su primera adjudicación irregular por la que habrían pagado comisiones a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que mencionan como 'K'. Los pagos, recurrentes, se habrían efectuado en República Dominicana y ascenderían, según los documentos intervenidos, a 10.000 euros cada uno. La conclusión de la UCO es que Koldo, Aldama y el empresario Cueto se habrían valido de sus relaciones personales y su capacidad de influencia para obtener un lucro económico junto a otros colaboradores necesarios. Foto: EFE/Sergio Pérez.