La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este jueves el acuerdo alcanzado sobre la ley de amnistía, asegurando que "se ha dado un paso importante": "En el acuerdo político que firmamos acordamos que queríamos una ley de amnistía integral, es decir, que no dejara a nadie fuera y que fuera una ley de amnistía también de aplicación inmediata. Esta ley no era la del 30 de enero. Sí es la de hoy”, ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.
Nogueras ha advertido de que “la ley de Amnistía se tiene que aplicar”, tal como "también ha dicho la Comisión de Venecia en su informe preliminar": “Veremos si hay algún juez que está dispuesto a prevaricar, en todo caso, por no aplicar esta ley”, ha recalcado.
En su opinión, "la ley de Amnistía era imprescindible que se hiciera. Y a partir de aquí, una vez todas aquellas personas que están injustamente acusadas puedan volver a la normalidad". "A partir de aquí puede empezar también un diálogo político de igual a igual. Era imprescindible que esto fuera así”, ha concluido.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' apunta a que la trama sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en contratos para la compra de material sanitario en la pandemia podría ser aún más extensa. Dicho informe, incluido en el sumario de la investigación, incluye conversaciones interceptadas en 2020 a los socios del comisionista, el presidente y empresario del CF Zamora Víctor de Aldama, en las que se supone el 'ok' del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuyo nombre aparece junto al del expresidente canario, Ángel Víctor Torres, en el informe del que se desprende que habría habido contactos con ambos. En concreto, las conversaciones hablan de una reunión con el jefe de gabinete de Illa que les ha dado buena impresión y poco tiempo después dicen que ya tienen el 'ok' de Sanidad a una gestión sin especificar. Además, se refieren al entonces presidente de Canarias, con el que dicen que va a hablar Illa para darle el 'ok'. Y en otro contacto directo, dice, con Víctor Torres, les pide ir a hacer unos test al ministerio de Transportes. El informe profundiza no solo en el negocio de la trama sobre las mascarillas pero también en las pruebas PCR, que en el marco de esta trama habrían estado haciendo de forma gratuita a altos cargos como favor para lograr después adjudicaciones en concursos públicos. En mayo de 2020 dejan constancia de su primera adjudicación irregular por la que habrían pagado comisiones a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que mencionan como 'K'. Los pagos, recurrentes, se habrían efectuado en República Dominicana y ascenderían, según los documentos intervenidos, a 10.000 euros cada uno. La conclusión de la UCO es que Koldo, Aldama y el empresario Cueto se habrían valido de sus relaciones personales y su capacidad de influencia para obtener un lucro económico junto a otros colaboradores necesarios. Foto: EFE/Sergio Pérez.
Se cumple la Constitución en materia de derecho al trabajo y en relación con los derechos sociales? Ha evolucionado mucho España en el reconocimiento y garantía de la labor que realizan los sindicatos? Los discursos políticos que se pronuncian en defensa de los sectores más desfavorecidos son creíbles, pueden contrastarse con los hechos? Para hablar de todo ello hemos invitado hoy a “La España vivida” a un catedrático de Derecho Laboral, Miguel Rodríguez-Piñero, nacido en Sevilla en 1935 y poseedor de una larga experiencia, que le permite comparar con perspectiva el país en el que el Fuero del Trabajo precedió durante muchos años al Estatuto de los Trabajadores de la democracia. Rodríguez-Piñero obtuvo su cátedra con sólo 26 años, y tuvo entre sus alumnos a un joven sevillano llamado Felipe González, que primero sería abogado laboralista, más adelante secretario general del PSOE y ya desde 1982 hasta 1996 presidente del Gobierno. Rodríguez-Piñero, a su vez, fue desde 1992 al 95 presidente del Tribunal Constitucional, donde ingresó como magistrado –para que hubiera un laboralista- en 1986. Más tarde, en 1996, fue designado miembro del Consejo de Estado, donde sigue desde entonces, ahora ya como consejero vitalicio. Hablaremos con Rodríguez-Piñero, entre otros asuntos, de las propuestas de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Sabemos que hay acuerdo pero no sus detalles. PSOE, Junts y Esquerra han pactado cambios en la ley de amnistía para que mañana la comisión de justicia pueda aprobarla y enviarla a pleno. Así lo han anunciado los tres partidos en un comunicado conjunto.
El PSOE, Junts y ERC han llegado a un acuerdo para la ley de Amnistía en un comunicado de once líneas donde las formaciones no concretan qué han tocado de la ley dentro de la enmienda transaccional acordada por las tres formaciones.
Preguntado por "qué han tocado en relación al terrorismo", el senador de ERC Joan Queralt ha afirmado en 24 horas de RNE con Josep Cuní que del contenido de momento no pueden hablar: "Mantendremos la confidencialidad hasta mañana, que se hará público el texto", ha dicho en la antena de la radio pública. Por tanto, hasta este jueves no se sabrá con exactitud lo que se ha modificado.
No obstante, según fuentes de Junts a las que ha tenido acceso RNE "el texto incluirá los delitos de terrorismo y de alta traición adaptados a los estándares europeos y no al código penal español", ha informado en 24 horas de RNE Rosa Carreño. Asimismo, desde Junts explican que la futura ley recoge "las principales recomendaciones de la Comisión de Venecia" y también según la formación de Puigdemont "se tocaría lo relativo a la cobertura de la ley". Igualmente quedarían también incluidos todos los acusados por el Tribunal de Cuentas. "Dicen que han aguantado su posición hasta el último momento y que por eso votaron en contra hace un mes", explica en RNE la periodista Rosa Carreño, jefa de la redacción parlamentaria.
Patxi López, portavoz socialista, ha expresado que la ley "da cobertura a todos los que participaron en ese procés", y el PP considera que el acuerdo es una "evidencia de que Sánchez acepta que en Cataluña durante un tiempo no había leyes que cumplir ni sentencias que aplicar".
El portavoz del PSIB en el Parlament balear y 'exnúmero dos' del Govern de Francina Armengol, Iago Negueruela, ha asegurado este martes que no recibieron órdenes ni del Ministerio de Fomento ni de José Luis Ábalos para adquirir material sanitario en la empresa investigada en el 'caso Koldo' y ha defendido que el contrato "fue legal y tramitado exclusivamente por el Servicio de Salud de las Islas Baleares”. "Para nosotros Fomento era más fiable", ha reiterado el socialista.
"Había un pedido del Gobierno de España de mascarillas para distintas administraciones y había posibilidad de entrar en él", ha explicado Negueruela en La noche en 24 horas, donde ha recordado que fue el sistema sanitario balear (IB-Salut) quien verificó y validó que la operación podía llevarse a cabo, un procedimiento habitual en estos casos. "Se puso en conocimiento el nombre de esta empresa, al igual que se hizo con el de otras muchas empresas", ha apuntado.
Francina Armengol ha dado explicaciones en el Congreso de los Diputados en relación al ‘caso Koldo’. La presidenta del Congreso ha recordado que ni ella ni su gobierno en Baleares aparecen en el sumario y ha cargado contra el PP: “No dejaré que mancillen mi nombre”, ha insistido la socialista.
En 24 horas de RNE ha estado el exportavoz del gobierno de Armengol y actual portavoz del PSOE en Baleares, Iago Negueruela: “El Ministerio de Fomento nos daba todas las garantías y el contrato fue legal y tramitado exclusivamente por el Servicio de Salud de las Islas Baleares”, ha argumentado cuando ha sido preguntado por Josep Cuní acerca de si tiene constancia sobre la persona del ministerio de Ábalos que les aconsejó comprar las mascarillas a la empresa de la trama del ‘caso Koldo’: “Jamás recibimos ningún tipo de presión ni orden para suscribir el contrato. Lo hemos reclamado y les hemos exigido la devolución por la diferencia de mascarillas quirúrgicas a FFP2 KN95, y hemos verificado y mantenido el material para poder exigirlo”, ha explicado.
Negueruela ha tirado por tierra el argumento de su homólogo actual del gobierno balear, que sostiene que la Administración de Armengol mandó la reclamación a la empresa tras las elecciones del mes de mayo de 2023: “El 20 de marzo de 2023 mandamos la primera carta de reclamación a la empresa. Por entonces todo el mundo pensaba que seguiríamos en el Gobierno. Si uno lee el sumario se da cuenta que gracias a esto es cuando la trama se pone más nerviosa y se puede seguir mejor el rastro de las personas implicadas”, ha argumentado en RNE.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha acusado al PP de “saltarse todas las líneas rojas posibles” con sus acusaciones respecto al ‘caso Koldo’: “No dejaré que mancillen mi nombre ni mi gestión”. Armengol ha recordado además que ni ella ni nadie de su gobierno están siendo investigados ni aparecen en el sumario de la investigación y ha apuntado a que dirigentes del PP sí aparecen en el mismo. También ha dejado claro que no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para contratar con su empresa y que la decisión la tomaron en exclusiva los técnicos del Servicio Balear de Salud.
Dos diputados del PP y del PSOE viajaron a Ucrania el pasado fin de semana cuando se cumplían dos años del inicio de la guerra. Su experiencia allí, lo que se encontraron y lo que les impresionó de la visita se lo han contado a un equipo de este programa.
La sesión de control ha estado marcado por el 'caso Koldo'. El PP centra en Pedro Sánchez toda la responsabilidad del escándalo, y apunta a una crisis interna sin precedentes entre los socialistas.
José Luis Ábalos ha sido el protagonista de la semana en el Congreso. Desafía a la dirección del PSOE y se niega a renunciar a su escaño por el caso Koldo.
Congreso y Senado investigarán la compra de mascarillas durante la pandemia. El PP ha registrado la del Senado y el PSOE la del Congreso que se extenderá a las comunidades autónomas. Vox quiere que el parlamento balear también investigue el contrato del anterior gobierno de Francina Armengol con la empresa vinculada al exasesor de José Luis Ábalos, que no deja su escaño y se marcha al grupo mixto.
El Partido Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una petición por escrito solicitando la “inmediata” dimisión de Francina Armengol, presidenta de la Cámara, por su relación con el llamado ‘Caso Koldo’, donde se investiga las supuestas comisiones irregulares por la compra y venta de mascarillas en la pandemia, entre otros, en un contrato con el Gobierno de Baleares, en aquel momento bajo el mandato de Armengol. Hoy la presidenta del Congreso comparecerá ante los medios de comunicación. En Las Mañanas de RNE, hablamos con Borja Sémper, portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular: "Lo que necesitamos son explicaciones, transparencia y que nos cuenten qué pasó”.
El Govern balear, presidido por Armengol en el año 2020, adjudicó un contrato por valor de 3,7 millones de euros por la compra de material sanitario a la empresa investigada en el ‘caso Koldo’. Por la relación que mantiene con este caso la presidenta del Congreso, el PP, pide destituir a Armengol como la tercera autoridad del Estado: “Nosotros estamos absolutamente convencidos, por la información que tenemos, de que la acción política de la señora Armengol en el Gobierno de Baleares justifica que no sea la tercera autoridad del Estado”, asegura el popular. "Va a ser la presidenta de una Cámara en la que se van a tratar estos temas, por eso está inhabilitada. Entre otras cosas para votar nada referido a esta investigación y para dirigir los debates en esta materia", insiste Sémper, que cree que "está en otro escenario dirimir las responsabilidades penales".
El portavoz nacional del PP afirma que “nosotros no vamos a la caza de nadie, vamos a exigir transparencia y verdad”, y añade que, ante la Comisión de Investigación propuesta por el Partido Socialista, esto les genera dudas, ya que “el Congreso de los Diputados está presidido por alguien que tiene un interés directo en esta investigación”. Sémper añade que "estamos convencidos, a la luz de las informaciones publicadas, de que el presidente del Gobierno lo sabía, y todo se termina por saber”.
