El PSOE balear defiende la compra de las mascarillas: "La empresa gozaba de fiabilidad porque venía de Fomento”

• "Ábalos no presionó jamás", afirma el que fue 'número dos' de Armengol, Iago Negueruela
• El portavoz socialista asegura que se informó al Govern de Prohens del expediente de reclamación de las mascarillas

El portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela

El Gobierno balear que presidió Francina Armengol ha defendido su gestión de la pandemia y ha argumentado que compró las mascarillas a la empresa investigada en el 'caso Koldo' "porque venía del Ministerio de Fomento". Al ser una fuente oficial, "tenía más credibilidad que lo que nos llegaba de terceros o de los comisionistas que en esa época contactaban con nosotros", ha asegurado el que fuera entonces el 'número dos' del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, que ha negado presiones.

Desde el pasado mes de febrero, la Justicia española y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan el presunto cobro de comisiones irregulares en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes tanto a los ministerios de Fomento e Interior como a los servicios de salud de Baleares y Canarias.

En el caso de la Administración balear, se adjudicó un contrato de 3,7 millones en abril de 2020, en plena emergencia sanitaria.

Este lunes, en un encuentro informal con periodistas, Negueruela ha asegurado que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL "gozaba de fiabilidad" porque venía del Ministerio de Fomento, dirigido en ese entonces por José Luis Ábalos. Sin embargo, no ha aclarado quién fue el primer contacto del Departamento con el Govern balear, asegurando en todo momento desconocer esa información.

"Ábalos no presionó jamás a Armengol. No tenía capacidad para presionar", ha subrayado Negueruela ante las preguntas de los periodistas sobre si fue el exministro de Transportes quien incitó a firmar los contratos de compra.

"Nos sentimos víctimas"

"Nos sentimos víctimas", ha afirmado el socialista, que ha insistido en que el contrato era regular. De esta forma, ha defendido la gestión sanitaria, si bien ha señalado que, aunque la compra pasó por el Consell de Govern, todo el proceso lo llevó el Instituto Balear de Salud (IBSalut) y que ni la presidenta ni los consejeros estaban al tanto de los detalles.

De hecho, aseguran que en esos primeros tres meses de pandemia autorizaron compras de material por un valor total de 90 millones, y ese era uno de tantos contratos que pasaban por la mesa del Consell. 

Negueruela también ha reconocido que el pago a la empresa se hizo con celeridad –el 5 de mayo, ocho días después de recibir las mascarillas– porque "competíamos con todo el mundo" y ha incidido en que incluso hubo proveedores que pedían dinero por adelantado.

Reclamaron la compra tres años después

Por otro lado, ha apuntado que el contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas de uso domiciliario y para tener stock, no para uso inmediato en centros sanitarios, y la controversia arrancó cuando, en junio de 2020 vieron que el material adquirido no respondía a las cualidades técnicas que habían pedido.  

Cabe recordar que se les reprocha que, en agosto de ese año, y pese a haber visto que las mascarillas adquiridas no eran las que habían pedido, el IBSalut emitió un certificado a la empresa señalando que no había habido ninguna incidencia con el contrato, pero aseguran que aquello fue solo una especia de acuse de recibo sin trascendencia que se daba por defecto.

Pero con el tiempo empezaron a revisar los contratos firmados y, en julio de 2022, el IBSalut ya pensaba en reclamar. No fue hasta marzo de 2023 que se comunicó a la empresa. Su reclamación buscaba la devolución de 2,6 millones, la diferencia de coste entre la clase de mascarillas que habían pedido y lo que les llegó. Dicha reclamación se formalizó en julio, tres años después de la compra, pero sin agotar el plazo de prescripción.

A la pregunta de por qué tardaron tanto en hacer la reclamación, Negueruela ha indicado que la reclamación se hizo dentro de plazo y ha argumentado que los funcionarios avanzaban su trabajo de la pandemia al ritmo que les era posible.

Además, ha subrayado que en el traspaso de poderes al nuevo Gobierno del PP se informó de la existencia del expediente: "Por personal de la dirección, sabemos que se lo dicen". En este contexto, el PSOE ha pedido explicaciones a la presidenta actual, Marga Prohens, de por qué ha dejado caducar el expediente de reclamación.