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María Fernández, administrativa del Servicio Público de Empleo y delegada del sindicato CSIF, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que hay mucha gente que aún no ha cobrado el ERTE y que temen que acuda a pedir explicaciones cuando abran las oficinas. “Tenemos miedo a abrir antes de que el dinero llegue a todas las familias porque yo he recibido insultos, cuando salimos hacia nuestra casa tenemos que salir corriendo, pegan golpes en los cristales”, ha asegurado Fernández. “Si abrimos es normal que la gente venga a agolparse a las oficinas porque muchos no tienen para comer; yo como madre, lo entiendo, si no tengo para dar de comer a mis hijos y alguien tiene mi dinero voy a buscarlo como sea. La desesperación provoca situaciones complicadas y puede pasar algo que nadie quiere que pase”, ha recalcado.

Fernández ha asegurado que los empleados del SEPE están desbordados por la avalancha de solicitudes que tienen que atender. “De un día para otros cuatro millones de personas se vieron inmersas en un ERTE y nuestra plantilla era de 6.000 funcionarios. Es imposible gestionar esa cantidad de expedientes”, ha dicho Fernández. “En mi oficina de Baleares trabajamos cinco personas y recibimos más de 150 solicitudes por día. Es inviable, el colapso va a seguir durante meses”, ha insistido.

La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, que los trabajos para cambiar la legislación laboral de nuestro país se retomarán cuando lo permita la pandemia, aunque no ha querido precisar fechas concretas. “Es imprescindible cambiar la legislación laboral de nuestro país […] Nos va a costar más salir de la crisis por las debilidades de nuestro mercado laboral que tienen el marchamo de la reforma laboral del PP. Se trata de una legislación tildada por De Guindos como muy agresiva y que dejó en absoluta desprotección a nuestros trabajadores”, ha explicado.

Díaz defiende que ese cambio en la legislación laboral se negocie con los agentes sociales. La mesa del diálogo social, 'rota' tras el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral se ha vuelto recomponer y la ministra ha subrayado el papel clave de los agentes sociales. “Es imprescindible que exista el diálogo social. Los agentes han de formar parte de las decisiones relevantes que se deciden en nuestro país, pero también es clave que se dirija con cierta discreción. Agradezco a los agentes sociales que dejen a un lado sus diferencias”, ha admitido.

Díaz ha afirmado, además, que"sin lugar a dudas" está abierta a la posibilidad de que ERTEs puedan extenderse hasta finales de año en aquellos sectores que lo necesiten. "Es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá.Desde luego tengo la clara convicción de que hay sectores que, por desgracia, van a requerir de ese acompañamiento", ha señalado.

La ministra de Trabajo y Economía Social cree que el Gobierno podría pactar unos presupuestos con Ciudadanos “sin lugar a dudas” y ha agradecido a la formación liderada por Inés Arrimadas haber apoyado las prórroga del estado de alarma. La titular de Empleo considera que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha dado “cumplidas explicaciones” sobre la destitución del coronel Pérez de los Cobos y ha acusado a la oposición de "no haber estado a altura”.

La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social,  Ana Ercoreca, ha explicado en ‘Las mañanas de RNE’ que están llevando a cabo una campaña para comprobar si las empresas están haciendo los ERTE de forma correcta. Por ejemplo, se aseguran de que los trabajadores que están cobrando el ERTE no han estado trabajando o que las empresas no han hecho actas ficticias. Ercoreca ha recordado que, en el caso de una infracción grave, las empresas pueden enfrentarse a sanciones de hasta 187.000 euros, mientras que el trabajador tendría que devolver la prestación sólo si se demuestra que era consciente de las irregularidades.

Cada vez más empresas reciben curriculums en los que los candidatos subrayan que han pasado el coronavirus y que son inmunes. Para las compañías esto puede suponer un problema ya que los datos sobre salud son muy sensibles y están obligadas a proteger esa información de una forma especial. Pero genera además un debate ético, sobre si se puede elegir a un candidato por su estado de salud

Última hora del coronavirus en España

Un teléfono móvil con datos suficientes para conectarse a internet, puede ser la única ventana de salvación para miles de personas en situación de vulnerabilidad y que necesiten tramitar ayudas. Trabajadores sociales de Madrid han diseñado una web que enseña a hacerlo.

Desde que se declaró el estado de alarma, miles de personas en la Administración y profesionales del trabajo social se han aplicado en tramitar una avalancha de solicitudes de ayudas, rentas mínimas reguladas por las Comunidades Autónomas, los conocidos ERTES, que han proliferado llegando a crear una verdadera capa social de afectados por los mismos.

El cuello de botella creado por semejante pico de trabajo ha provocado retrasos con efectos críticos en los destinatarios de las prestaciones, que de un día para otro se han quedado sin ingresos y paralizados por el confinamiento. Frente a esta situación, la tramitación telemática se ha convertido en un alivio al peso de una montaña de expedientes bajo la que miles de familias aguardan para seguir viviendo.

Un ordenador, un tablet, un teléfono móvil con datos, un locutorio, pueden marcar la diferencia, y no solo eso, además hay que saber usarlos. La carencia de estas condiciones es lo que se denomina ‘brecha digital’, y afecta a las clases más desfavorecidas, tanto por formación, como por la disponibilidad de tecnología.

Y ya no hablamos solo de trámites oficiales. Acudir a una de las colas de entrega de alimentos que han proliferado tras el golpe económico de la pandemia, requiere muchas veces tener un móvil por una simple cuestión de orden y organización. Es el caso de Mari González, de origen dominicano, que hace cola en la parroquia de Santa María Micaela en Madrid. Allí la Fundación Madrina presta ayuda y distribuye alimentos donados o suministrados por Servicios Sociales.

Lucía Gorjón,investigadora de ISEAK y doctora en Economía, considera que el ingreso mínimo vital, a falta de conocer los detalles, es una herramienta adecuada para luchar contra la pobreza en nuestro país. Gorjón cree que el error de este tipo de políticas es que sólo saca de la extrema pobreza a los hogares más pequeños, por lo que aboga por dar esta prestación de una manera más equitativa. "El ingreso mínimo vital suaviza la intensidad de la pobreza, es decir, los beneficiarios son menos pobres, pero no dejan de serlo".

En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, Gorjón ha expresado que la puesta en marcha del ingreso mínimo vital conlleva un riesgo: "la trampa de la pobreza". El hecho de que haya personas que prefieran cobrar esa ayuda a buscar trabajo puede suponer un problema. Para evitar esta situación, Gorjón plantea queel ingreso mínimo vital venga acompañado de otras políticas complementarias y estímulos al empleo "para que el escenario de trabajar sea preferible a no hacerlo”.

El Consejo de Ministros ha aprobado el ingreso mínimo vital para reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Se trata de una prestación de carácter permanente que busca garantizar un umbral mínimo de ingresos para todas las familias. Cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza en España, unos 850.000 hogares según la Seguridad Social, podrán cobrar esta prestanción. De ellos, 100.000 no tendrán ni que pedirlo, se le entregará de oficio en primera instancia.

Para poder solicitar el ingreso mínimo vital hay que cumplir una serie de requisitos. En prier lugar, tenerentre 23 y 65 años, aunque la edad mínima podría bajar si hay hijos a cargo. Además, la renta de un adulto que viva solo no debe haber superado los 16.614 € en el último año y 43.200 para una familia con cinco o más miembros. El ingreso mínimo vital será compatible con otras rentas salariales e irá vinculada a la búsqueda activa de empleo.

La prestación se podrá solicitar desde la sede electrónica de la Seguridad Social a partir del 15 de junio y se cobrará mensualmente con efectos retroactivos desde el día 1 de junio.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha hablado de la medida como"el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia de 2006" y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado"que va a tener un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza".

Informa Esperanza Martín

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Senado por primera vez tras el acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para "derogar la reforma laboral" y ha resaltado que el diálogo social con patronal y sindicatos es un "firme compromiso del Gobierno". La ministra ha pedido consenso político para hacer transformaciones laborales de fondo. "Es el momento del acuerdo", ha admitido.

Informa Esperanza Martín

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha indicado que el pacto entre EH Bildu y el Gobierno ha sido “un lío político” que hay que “relativizar” porque “los términos del acuerdo coinciden con el acuerdo de investidura”. “No aporta gran cosa sobre lo que ya sabíamos y sobre lo que queríamos trabajar”, ha señalado. También ha añadido que los trabajos se interrumpieron por la pandemia y ha esperado retomarlos “pronto”.

“Los aspectos más lesivos de la reforma laboral son todos”, ha puntualizado Sordo en respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta económica Calviño. El secretario general de CCOO ha explicado que las reformas laborales deben conducirse mediante el diálogo social porque “mejorar la situación de los trabajadores pasa por dar alternativas”. Es decir, crear una nueva legislación que sustituya a la reforma laboral que los sindicatos y el Gobierno quieren derogar. “La reforma del Partido Popular fue decretada sin consenso social”, ha indicado Sordo, que pese a considerar “prioritaria” la crisis del coronavirus, no ha renunciado a derogar la reforma laboral de 2012.

Sobre la no asistencia de la patronal a la reunión prevista esta tarde junto al ministro José Luis Escrivá, Sordo ha dicho que “no conviene sobreactuar” y se ha mostrado “convencido” de que la CEOE volverá a la mesa de diálogo porque la situación económica es “muy complicada”. “Estábamos haciendo bien las cosas”, ha declarado y ha incidido en que “por primera vez” la gran caída del PIB no ha sido acompañada de una gran caída del empleo, “a un coste de recursos públicos importantes”. “Hace falta un gran acuerdo para superar la crisis del coronavirus y recuperar las negociaciones que teníamos antes de marzo”, ha indicado.

En relación a los fraudes con los ERTE, Sordo ha señalado que le consta que existan, aunque ha asegurado que no es una generalidad: “Algunos trabajadores me han llamado para contarme que siguen trabajando mientras están acogidos a un ERTE”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado muy crítico con el acuerdo del Gobierno y EH Bildu para derogar la reforma laboral. En una entrevista en el Telediario de TVE, Garamendi ha asegurado que la decisión va "en dirección contraria" a lo que significa hacer las cosas bien. El presidente de la CEOE ha insistido en que "es muy peligroso lanzar mensajes no adecuados en una economía" ya que esto puede desencadenar en una pérdida de confianza no solo de cara a las empresas españolas, sino también a nivel global.

[Última hora sobre el coronavirus]

Tumbar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012 supondrían encarecer la indemnización por despiedo improcedente, que pasarían de 33 a 45 días por año trabajado. Además, las empresas no podrían aligerar plantilla sólo por una disminución de ingresos,  sino que se les exigiría acreditar perdidas. La justicia recuperaría la tutela sobre los despidos colectivos y el convenio del sector volvería a estar por delante del de empresa. Además el convenio seguiría vivo que se pactara uno nuevo. Informa Esperanza Martín.

Gobierno, empresarios y sindicatos han escenificado en La Moncloa la vuelta al diálogo social con la firma del primer acuerdo para hacer frente a la crisis del coronavirus: un acuerdo para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio. Mañana lo ratificará el Consejo de Ministros; este miércoles se reunirán por primera vez y analizarán la situación económica de cada sector económico. Entre los más perjudicados están el turismo y la automoción, que podrían mantener las condiciones de los ERTE más allá de la fecha acordada, según ha avanzado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, ministra de Empleo, ha asegurado que, durante el confinamiento por el coronavirus: "el teletrabajo está siendo muy bien valorado". "Por eso urge legislar sobre el trabajo a distancia. Ha quedado claro que necesitamos legislar sobre el tiempo del trabajo y los cuidados", ha añadido.

Sindicatos y patronal han dado el visto bueno al acuerdo para extender los ERTE por causa mayor hasta el 30 junio, aunque no se prorrogan todas las ventajas. Por ejemplo no podrán acogerse a ellos las empresas radicadas en paraísos fiscales. Además las compañías que se beneficien de ellos no podrán repartir dividendos y sigue la exigencia del mantener el empleo durante al menos seis meses salvo que la empresa esté al borde de la quiebra.

Yolanda Díaz ha anunciado este viernes que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han alcanzado un acuerdo para mantener los ERTE y buena parte de sus ventajas durante el confinamiento por el coronavirus hasta el 30 de junio. "Un pacto que es equilibrado porque pondera la protección con la incorporación paulatina a la actividad laboral y económica. Y que también tiene que ver con la protección social, sin dejar a nadie atrás. Priorizando el mantenimiento y la conservación del empleo y también con algunas garantias que hay que preservar como la nueva actuación en paraísos fiscales o que no acudan a reparto de dividendos en los momentos en los que nos encontramos".