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El Gobierno ha difundido este lunes, ante la inminente publicación de la sentencia del procés, un vídeo en el que varios miembros del Ejecutivo explican las fortalezas del sistema democrático español en diversos idiomas y defienden que "España es la casa de todos". En el vídeo, que tiene una duración de ocho minutos, participan la vicepresidenta, Carmen Calvo, junto a los ministros Josep Borrell, Fernando Grande Marlaska, Isabel Celaá, Nadia Calviño, Luis Planas, Teresa Ribera, José Guirao y Pedro Duque. El vídeo ha sido publicado en redes sociales con el hashtag #EverybodysLand.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra este lunes la vista sobre el alcance de la inmunidad europarlamentaria del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Lo hace el mismo día que se espera conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas en prisión juzgados por promover el procés en Cataluña.

La cuestión prejudicial que debe examinar la justicia europea es si la inmunidad sobreviene cuando se es elegido eurodiputado o bien después de haber retirado el acta que le identifica como tal. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sienta jurisprudencia, por tanto será extensiva también para Carles Puigdemont que salió elegido eurodiputado, pero no ocupó su lugar en el Parlamento Europeo ya que tenía que retirar el acta en España y se arriesgaba a su detención.

¿Quiénes son los principales acusados del procés y qué penas se piden para ellos? Sobre Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, recae la petición más alta: 25 años. Le sigue la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, para quien la Fiscalía ha solicitado 17 años de cárcel. El mismo número para los Jordis. El banquillo de este juicio del procés se completa con otros miembros del Govern que firmaron el decreto de convocatoria del referéndum y, en algunos casos, la DUI en el Parlament. Informa Nuria Alcalá.

Durante su último turno de palabra, a punto de terminar el juicio, los acusados insistieron en que se enfrentaban a un juicio político, que en ningún momento hubo violencia y que la solución al problema en Cataluña pasa por el diálogo y la política. Por Julio Leyte.

Tras más de cuatro meses de sesiones, la celebración de elecciones generales, europeas, autonómicas y locales y un interés mediático extraordinario, el juicio del procés quedaba visto para sentencia el 12 de junio. 52 sesiones que han dejado momentos que ya forman parte de la historia política y judicial de nuestro país. Por Julio Leyte.

Oriol Junqueras fue el primer acusado que declaró en el juicio del procés. El 14 de febrero de 2019, decidió solo responder a las preguntas de su abogado. Durante todo el tiempo insistió en que estaba privado de libertad por sus ideas políticas, que es y será siempre un hombre pacífico y que ama a España y a sus ciudadanos. Informa Enrique Muñoz.

El 27 de octubre de 2017, mientras el Parlamento de Cataluña aprueba e inmediatamente después suspende la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el Senado dice si a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Poco después, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convoca elecciones para el 21 de diciembre. El diálogo con la Generalitat está roto desde hace meses y sigue así después de los comicios.

Ciudadanos gana las elecciones, pero, tras varios intentos fallidos, el bloque independentista pacta y convierte a Joaquim Torra en presidente de la Generalitat. Poco después, con Pedro Sánchez ya en Moncloa, se retoman los contactos entre Gobierno y Generalitat. El diálogo no da sus frutos y lo último que tenemos sobre la mesa es la advertencia del Gobierno en funciones de que puede aplicar el 155 o la ley de Seguridad Nacional si llega a ser necesario. Informa María Gámez.

El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ha sido otro de los protagonistas de este juicio del procés. Su forma de controlar las sesiones le ha valido críticas y también halagos, dentro y fuera de la sala. Durante estos meses le han acompañado otros cinco magistrados y una magistrada. Todos cuentan con más de 30 años de experiencia y han sido los encargados de redactar esta histórica sentencia. Informa Araceli Sánchez.

El Tribunal Supremo ha rebajado notablemente las condenas por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016, de forma que las penas han pasado de entre los 2 y 13 años a entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión para los ocho jóvenes acusados. La razón de la disminución de la pena reside en la decisión del alto tribunal de eliminar la agravante de discriminación y la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad (que se mantiene en los de lesiones). También ha anulado dos condenas por un delito de lesiones a Aratz Urrizola y otra por el mismo delito a Iñaki Abad.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado las condenas impuestas por la Audiencia Nacional los ocho jóvenes de Alsasua implicados en la agresión a dos guardias civiles y sus novias en la madrugada del 15 de octubre de 2016. Las penas quedan reducidas a entre 9 años y medio de cárcel la más alta y hasta el año y medio de prisión la más baja.

La reducción de penas se debe a la no aplicación de la agravante de discriminación, ni la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, así como a la supresión a 2 acusados de alguno de los delitos de lesiones por falta de pruebas

Al Tribunal Supremo de Estados Unidos ha llegado hoy una pregunta trascendental: ¿se puede en este pais despedir a una persona por ser transgénero o por ser homosexual? Le pasó a Aimee Stephens. Trabajaba en una funeraria, un día decidió dejar de llevar una doble vida, reunió valor para contarle a su jefe que no era un hombre, sino una mujer trans y que iba a vestirse como tal. La despidieron. El Supremo juzga también un caso similar a un empleado que es homosexual.

Los jueces no se ponen de acuerdo sobre si los repartidores que se mueven por las grandes ciudades en sus bicis y motos son o no falsos autónomos. La última sentencia, dictada el lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dice que no y da la razón a la plataforma Glovo, que ya acumula nueve fallos a favor y nueve en contra. De momento, ninguna ley regula esta actividad relativamente reciente. Los expertos laboralistas confían en que haya una sentencia del Tribunal Supremoque unifique la doctrina.