Para el Supremo, en su doble condición de exvicepresidente catalán y líder de ERC, Junqueras tuvo un rol de "liderazgo" en todo el 'procés' y destaca su "control" en todo el "proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible" el referéndum del 1-O.

Los jueces consideran acreditado el "dominio" de Junqueras en el proceso que "desembocó en los actos multitudinarios del 20 de septiembre de 2017 y el día 1 de octubre de 2017", al tiempo que recuerda que "promovió y participó activamente" en la aprobación de las denominadas leyes de desconexión. Y señala que desatendió de forma "contumaz" todos los requerimientos del Tribunal Constitucional para suspender el 1-O y anular las leyes de desconexión que lo hicieron posible.

El Supremo considera que jugó un papel "decisivo" para crear una "legalidad paralela carente de validez" desde su "privilegiada posición" como presidenta del Parlament de Cataluña. Dicha legalidad, las leyes de desconexión, "determinó una encadenada sucesión de recursos e impugnaciones del Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional", que fueron "altivamente desatendidas por la acusada, que desoyó, una y otra vez, los requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional".

La sentencia también considera que Forcadell, "ante la consigna 'a la defensa de nuestras instituciones', alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Además, como presidenta de la ANC, "proyectó su actividad pública más allá del ámbito parlamentario apoyando decididamente al Govern" en la preparación del 1-O y a ANC y Ómnium en sus movilizaciones".

El Tribunal Supremo le condena por delito de sedición, del que le señala como "uno de los pilares". Considera que el 20 de septiembre de 2017, junto a Jordi Cuixart, convocó a la población en una movilización que "impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los detenidos" para el registro y que "pudiera ser atendida la orden judicial con plena normalidad".

Según la sentencia,Jordi Sànchez "asumió de forma voluntaria y con la aquiescencia del procesado Forn, que le confirió el rango de interlocutor, la promoción y el liderazgo de la concentración que tuvo lugar el día 20 de septiembre de 2017" en el registro de la consejería de Economía y Hacienda. Y el 1-O, además de votar, se opuso de "forma activa" a la actuación de la policía, impidiendo ejecutar el mandato judicial. En este sentido, la sentencia considera probado que "espoleó" a la gente no solo para votar, sino para "defender las urnas".

El Tribunal Supremo le condena por delito de sedición, del que le señala como "uno de los pilares". Considera que el 20 de septiembre de 2017, junto a Jordi Sànchez, convocó a la población en una movilización que "impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los detenidos" para el registro y que "pudiera ser atendida la orden judicial con plena normalidad".

De Cuixart, el Supremo subraya que alentó un "levantamiento tumulturario" el 1-O y que "empujó" a la ciudadanía a la "resistencia activa, a la oposición por vías de hecho" contra el cumplimiento de las órdenes judiciales y las actuaciones policiales.

El Tribunal Supremo condena al exconseller de Presidencia al considerar que "intervino activamente en la concertada actuación sediciosa" ya que participó en distintas reuniones "definitorias" de la estrategia a seguir ya desde su papel como parlamentario y Presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, pues "intervino activamente en la creación y puesta en marcha del Pacte Nacional pel Referendum y en la aprobación de la Resolución 306/XI, en la que se instaba al Govern a la convocatoria de un referéndum".

Además, se le condena por presentar junto a Junqueras y Romeva las urnas del 1-O en un acto en el que también anunció un sistema de censo universal para hacer posible el voto en cualquier colegio electoral. El Supremo subraya que la desobediencia a los requerimientos del Tribunal Constitucional se agrava con la creación de una legalidad paralela y la celebración de un referéndum prohibido "que se pretende hacer realidad mediante una tumultuaria movilización ciudadana"

El Tribunal Supremo, que condena a Romeva por sedición y malversación, considera que el exconseller de Exteriores asumió la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum ilegal del 1-O, aunque "era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, mediante la movlización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar" la capacidad de Gobierno y la justicia para "ejercer las funciones constitucionales que les son propias".

El Tribunal Supremo le condena por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación. Bassa adoptó las decisiones necesarias para procurar la celebración del referéndum, según la sentencia. Tuvo un papel destacado en los colegios en la campaña "Escoles Obertes" para celebrar el 1-O e intervino para liberar de responsabilidades a los directores de los centros y garantizar que se acatara la orden de que los colegios estuvieran disponibles, una iniciativa ciudadana cuyo fin era "evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia sobre el cierre de los centros de votación el día 1 de octubre".

Condenado por delito de sedición, Joaquim Forn -según el Tribunal Supremo-, en tanto que conseller de Interior, fue responsable de que no se impidiera la votación ilegal del referéndum del 1-O y que "los criterios policiales allí expuestos garantizaran su efectiva realización". También se señala su "desleal actuación" al hacer creer a la administración central que "cumpliría con lo mandado" por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que dio a Jordi Sànchez, presidente de la ANC, "facultades mediadoras" en los incidentes frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre.

El Tribunal Supremo considera probado que Forn maniobró para hacer "inefectivas" las órdenes judiciales al objeto de impedir el referéndum del 1-O, "neutralizando la capacidad operativa" de los Mossos d'Esquadra. "La presencia de los Mossos no solamente careció de actividad alguna dirigida al desalojo de los centros", dice el Supremo en su sentencia al referirse al 1-O, "sino que fue ocasión para que informaran de la estrategia policial que se seguiría al respecto".

En el caso del exconseller de Territorio, condenado por sedición, el Supremo concluye que siendo "plenamente consciente de la inobservancia de la legalidad" que implicaba seguir adelante con el plan, puso "las bases que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana". La sentencia especifica que Rull fue activo en la "ejecución de actos" y en la creación de condiciones "que estimó precisas para impedir el funcionamiento de los servicios públicos y la actuación del Estado de acuerdo a la legalidad".

Así, subraya que Rull intervino para impedir que amarrase en el puerto de Palamós el barco donde iban a alojarse parte de los policías que el Estado envió a Cataluña para garantizar el cumplimiento de la ley y que puso locales gerenciados por su departamento al servicio de la celebración del referéndum, a sabiendas de que estaba prohibido.