Isabel Díaz Ayuso

• Será considerada casa-museo en 2027, coincidiendo con el centenario de la Generación del 27
• La Comunidad de Madrid la adquirió por 3,2 millones de euros

Entrevista La hora de la 1

• El exconsejero madrileño de Políticas Sociales ha manifestado su deseo de que la declaración de los imputados "arroje luz"
• Asegura que "tan pronto" como conoció uno de los protocolos se dirigió al entonces consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, cree "sin ninguna duda" que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estaba al tanto de los protocolos de no derivación a los hospitales que se investigan en dos juzgados de la Comunidad de Madrid y espera que la declaración de los imputados "arroje algo de luz". Asegura que "sin ninguna duda", el Gobierno madrileño estaba al tanto de los protocolos y que "tan pronto" como conoció uno de ellos, "el más cruel", del 20 de marzo de 2020, se dirigió al entonces consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero. "Me quejé por escrito, de palabra, hasta que decidí una vez pasara la primera ola de pandemia no quería formar parte de ese gobierno", ha explicado, y ha recordado que anunció su dimisión en octubre de 2020. Según ha asegurado, trasladó a los responsables de la Consejería de Sanidad que si se aplicaban esos protocolos habría persona que morirían de forma indigna, quedarían excluidos quienes vivían en las residencias "y tenían nivel de discapacidad y dependencia". Y ha manifestado su deseo de que los imputados en las dos causas abiertas en los tribunales "arrojen algo de luz al respecto" en sus declaraciones. Insiste en que en aquellos días el 80% de las personas fallecía en residencias y solo el 20% en hospitales, al contrario de lo habitual y que piensa "no solo en las personas que pudieran haberse salvado sino en aquellas otras" que tuvieron "una muerte indigna sin cuidados paliativos sin morfina sin una atención médica". Precisamente Reyero, muy crítico con los protocolos de no derivación a los hospitales desde que dimitiese en 2020, está citado como testigo este martes 3 de junio por el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés en la segunda causa abierta por las muertes en las residencias durante la pandemia, en la que se encuentran investigados tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid: los autores de los conocidos como "protocolos de la vergüenza" Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Foto: EFE/ Daniel González.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés, Madrid, ha abierto una segunda causa judicial contra tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias durante la primera ola de la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid, según han avanzado este viernes la asociación Marea de Residencias y han confirmado fuentes jurídicas.

Así, han sido imputados los autores del protocolo de no derivación de mayores en residencia a hospitales al inicio de la pandemia - más conocido como "protocolo de la vergüenza"-: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos tendrán que declarar el próximo 17 de junio.

Pero también tendrán que acudir en calidad de investigados declarar ese día el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha dicho que los 'populares' "respetan" las decisiones judiciales tras las nuevas imputaciones a ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia. Además, ha asegurado que en el Partido Popular no "fabrican pruebas" contra un teniente coronel de la UCO como, a su juicio, hace el PSOE.

• Dos de imputados en esta causa también lo estaban en la otra abierta la semana pasada
• Están citados a declarar el próximo 17 de junio en el juzgado número 6 de Leganés

• Aseguran que no tienen el correo filtrado y que sus fuentes son de la Fiscalía Provincial de Madrid
• El magistrado Ángel Hurtado les ha tomado declaración en calidad de testigos y a petición del fiscal general

El empresario Alberto González Amador está a un paso del banquillo por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La jueza dice que los ingresos de su empresa se multiplicaron durante la pandemia vendiendo material sanitario, principalmente a Quirón Prevención, y que utilizó 15 facturas falsas de forma consciente y voluntaria para evitar pagar los impuestos que le correspondían.

• La jueza propone procesarle por un presunto delito fiscal de 350.951 euros y da diez días a las partes para sus escritos
• El empresario recurre esta decisión y alega que ha habido una "irreparable lesión de derechos fundamentales"

• La denunció por decir que vive "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública"
• Asegura que son declaraciones amparadas en la libertad de expresión

• Asegura que lo envió a un correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos y después a la Abogacía del Estado
• Coincide en parte con la declaración el pasado viernes de González Amador, quien se desvinculó del mail

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma declaración como testigo a Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- que envió un correo electrónico a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto.

FOTO: Carlos Neira (d), abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como testigo ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE/ Rodrigo Jiménez

El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, durante la primera oleada de la pandemia, ha asegurado que es falso que las muertes en las residencias de mayores fueran inevitables aunque hubieran sido trasladadas al hospital. "Algunas personas se hubieran salvado" y que "todas habrían recibido una muerte digna", con cuidados paliativos que también es "muy importante", ha asegurado en Las Mañanas de RNE este lunes cuando está prevista la declaración de tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid imputados por las muertes en las residencias madrileñas. Al ser preguntado por si considera que hubo colapso sanitario, ha dicho que evidentemente en algunos hospitales hubo "colapso" pero había "otras alternativas como el hospital de IFEMA donde no se trató a personas de residencias, y algo muy importante", que no se les trasladó a hospitales privados, cuando hubo plazas libres. Además, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el que ve "una falta de empatía clara" por no haber sido "capaces ni siquiera de reunirse con los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid.

• Asegura que cinco años después no ha cambiado su posición: "Yo sí puedo dormir tranquilo"
• Critica que no se derivase hospitales privados a las personas de las residencias "cuando hubo plazas libres"

En el día en que veremos ante el juez a dos ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y un exasesor de la presidenta por los llamados "protocolos de la vergüenza" que impidieron la derivación de ancianos desde las residencias a los hospitales, Las mañanas de RNE con Josep Cuní habla con Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante lo peor de la pandemia.

En primer lugar, Reyero se ha mostrado satisfecho del punto en el que está este proceso judicial, después de cinco años de tortuoso camino para las familias, aunque ha matizado que es "un primer paso" y que "veremos en qué queda". Además, ha dejado claro que tiene la conciencia tranquila y ha defendido su coherencia a lo largo de este lustro, "muchas veces me preguntaron si pude haber hecho más, evidentemente, pero creo que fui el que más hice", ha dicho.

Reyero ha tenido palabras para los que fueran sus compañeros de Gobierno, asegurando que "hay una falta de empatía clara por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid" porque "no han sido capaces de mirar a la cara a los familiares", sin embargo ha destacado que él sí se reunió con ellos "y no fue fácil". Por eso ha reiterado que ha dado todas las explicaciones que le corresponden como es obligación de un cargo público.

El exconsejero de Ciudadanos, que escribió el libro "Morirán de forma digna" contando su experiencia, ha respondido también a las preguntas de los analistas del Club de Opinión en relación a los argumentos de defensa de la Comunidad de Madrid. Reyero ha calificado de "falso" que los ancianos no hubieran podido ser atendidos en los hospitales por estar colapsados, ya que "algunas se hubieran salvado" y las que no, al menos "hubieran recibido una muerte digna".

Respecto a la actuación de otras Comunidades Autónomas, ha dicho que "cree que hubo prácticas parecidas, aunque no con protocolos escritos" pero que "en ninguna de forma tan salvaje" por eso, ha reiterado que "siempre he defendido que este tiene que ser un tema nacional, y nos tenemos que replantear a nivel nacional qué es lo que se hizo".

Sobre la responsabilidad de Carlos Mur, firmante del protocolo y uno de los imputados, Reyero ha dicho que le cuesta creer "que una decisión de este calado la tome un director general por su cuenta".

• Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo son los autores del protocolo que impidió derivar a ancianos a hospitales
• También iba a declarar como imputado el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario que elaboró el plan de choque

• Se trata del doctor Antonio Burgueño, que comparecerá al igual que Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo
• Burgueño fue el encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno madrileño

Carlos Castillo, abogado de Mareas de Residencias y de 7291: Verdad y Justicia, ha estado en el 24 Horas con Lalo Tovar hablando de la denuncia colectiva que ha sido admitida por la Fiscalía en relación a los conocidos como "protocolos de la vergüenza", los documentos en los que se escribía que los mayores de las residencias no fueran derivados a los hospitales en la pandemia, y que ahora señalan a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Nosotros tenemos esperanza en que este sea un primer paso para que se empiece a esclarecer qué es lo que ocurrió y qué prácticas se llevaron a cabo por parte de las autoridades en la pandemia", afirma el entrevistado.

Mur, el responsable de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, admitió que firmó los documentos "en conexión con el resto de la Consejería de Sanidad", apuntando a una coordinación. Castillo cree que es pronto para saber si Díaz Ayuso puede acabar imputada en la causa, e incide en que "Mur siempre ha defendido que los protocolos que se firmaron no constituían delito de ningún tipo y a día de hoy lo que vemos es que sí que se están investigando como una posible práctica delictiva". El entrevistado lo tiene claro: "Evidentemente existían cadenas de mando y a lo mejor el lunes empezamos a revelar quién estaba detrás de la toma de estas decisiones, que a fin de cuentas son de carácter político y técnico", concluye.

• Es el abogado que envió el correo a la Fiscalía en que admitía la comisión de dos delitos fiscales por parte de González Amador
• El juez acepta así la petición planteada por la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz

• Es el mail clave en la investigación contra el fiscal general del Estado
• Inicialmente, el magistrado Ángel Hurtado rechazó su testificación por considerarla "una dilación"