La acogida de menores en la Península es otro de los asuntos sobre los que mantienen un pulso PP y Gobierno. Este jueves, la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el decreto que lo regula.
Por otro lado, el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón, gobernado por los 'populares', ha ordenado cerrar su centro de acogida de menores migrantes por no contar, según dice, con la licencia necesaria.
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El centro de acogida de migrantes de Pozuelo de Alarcón (Madrid) podría echar el cierre. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón confirma a RNE que el centro "carece de la licencia preceptiva que le permite ejercer su actividad" y dicen que "cuentan con una licencia del año 2013 que no permite el uso residencial" y que, en cualquier caso, "no está permitido según las normas urbanísticas del uso de la parcela, cuyo uso principal es terciario y comercial". El centro lleva abierto desde el año 2022, acoge a personas procedentes de distintos conflictos y se utilizó en primer lugar para recibir a los menores ucranianos.
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha confirmado en Las mañanas de RNE que el Ministerio de Inclusión "no ha recibido ninguna notificación formal". Tacha de "ejercicio de racismo preventivo" lo que está saliendo en los medios de comunicación ya que, según explica el delegado, "no se había adoptado ni comunicado ninguna decisión en relación a dónde se ubicarán los menores que haya que traer a la Península. No hay ninguna decisión respecto a la ubicación de menores". Martín califica de "irresponsable" la actitud y la reacción del Partido Popular de Madrid "ante la previsión señalada por medios" de que este centro pudiera acoger a menores procedentes de Canarias, huyendo de las guerras en África. "El PP está a los titulares y a hacer seguidismo a aquellas cuestiones que les señalan los ultras", asegura Martín.
"Este centro lleva abierto desde 2022 y ha estado atendiendo a personas que provenían de otro tipo de conflictos y ha venido funcionando con total normalidad. Somos conscientes de que, en el mes de julio, el ayuntamiento de Pozuelo anunció que haría todo lo posible para que allí no se instalaran menores procedentes de Canarias", afirma el delegado, que añade que el consistorio realizó dos visitas al centro estas últimas semanas y hay constancia de dos actas de inspecciones urbanísticas. "Si hubiera alguna notificación de otra naturaleza, procederíamos a estudiarla con los servicios jurídicos y a responder como corresponda". Entrevista completa en RNE Audio.
Cuando hablamos de personas refugiadas, normalmente nos referimos a personas que han tenido que huir de su país por estar en situación de peligro por motivos políticos o por un conflicto bélico. Pero, a día de hoy, hay gente que está yéndose de su hogar porque la naturaleza los está expulsando y no hay leyes internacionales que los amparen. No se considera que el cambio climático sea un motivo para protegerlos.
En este capítulo de 'Esto Merece Una Explicación' hablamos con Czarina Musni, una abogada filipina especializada en derechos humanos que es una “víctima colateral” de esta problemática. No puede volver a su país porque es considerada una terrorista por desarrollar su trabajo con personas que se ven obligadas a migrar por el cambio climático. También hablamos con Beatriz Felipe, ambientóloga y doctora en derecho, con Andrés Góngora, de COAG, con Bruno García, alcalde de Cádiz, y con María Teresa Pedrosa, geóloga marina.
Un trabajo de Marta Plazuelo, con edición de Marta Vicedo.
He estado en Senegal con el proyecto Back to the Roots, en St. Louis, uno de los principales puertos de pesca de dónde salen los cayucos para hacer la ruta canaria y llegar a nuestro país. La comunidad de pescadores de Guet Ndar en esta ciudad es muy fuerte y tienen sus propias reglas de funcionamiento. La pesca es uno de los motores económicos de Senegal pero en los últimos años la sobreexplotación de los caladeros y falta de equidad social de las instituciones europeas e internacionales han provocado el éxodo masivo por vías inseguras de la población africana.
Hablamos de un complejo sumario que se va descifrando a medida que pasan los días. Después de siete años de investigación, señala en un “rol nuclear” al exministro Cristóbal Montoro, un hombre que fue clave en los gobiernos de Aznar y de Rajoy. También, a muchos ex altos cargos del Ministerio de Hacienda. El juez encargado ve indicios de una supuesta red de influencias entre sus despachos y la consultora ‘Equipo Económico’, fundada por el propio Montoro y que sirvió como puerta giratoria. Es una supuesta trama en la que se pudieron motivar, incluso, cambios legislativos a demanda de distintas empresas.
Esta semana un juez ha ordenado el cierre de un centro de menores migrantes en Arinaga, Gran Canaria. Asociaciones piden más controles en este tipo de instituciones para evitar que se saturen o que los jóvenes sufran malos tratos. Foto: GETTY IMAGES
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