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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha expresado su confianza en que los 15 días que dura la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid sean "suficientes" para "estabilizar" la situación "preocupante, muy inestable y frágil" en que, según ha asegurado, se encuentra la evolución de la pandemia de coronavirus.

"La duración es de 15 días que sumado a los días previos totalizan 23 días con medidas restrictivas, confiamos suficientes para estabilizar la situación", ha señalado en el Congreso, donde comparece para informar sobre la declaración del estado de alarma, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbase la orden aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud.

La Comisión Europea ha dado un toque de atención al Gobierno español por la reforma que plantea hacer en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas subraya que la independencia judicial es sagrada y recuerda que ya avisó a España hace unas semanas de que debía reducir la influencia del Gobierno y el Parlamento en la justicia. Ahora, insiste en que vigilará la cerca esa reforma porque es muy importante que no se vea al órgano de gobierno de los jueces como un ente vulnerable a la politización y recuerda que cualquier cambio en la justicia tiene que hacerse contando con todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia que aconseja a los gobiernos en asuntos constitucionales.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado en La Noche en el Canal 24 Horas que "la sentencia del Supremo viene a ratificar que el PP era un partido que sufría un grave problema de corrupción" y señala que por ello se presentó la moción de censura contra Rajoy. También ha pedido al PP que reflexione sobre esta imputación. 

Por otro lado, Franco ha señalado que el Partido que lidera Pablo Casado "es necesario" pero no aprueba, declara, "el alto nivel de crispación al que está sometiendo a la sociedad" y señala que "son necesarios acuerdos". 

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "liquidar" la separación de poderes y la independencia judicial con una reforma "a la polaca" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sánchez, por su parte, le ha pedido dejarse "arrastrar" por la "estrategia crispada de Vox": "Le insto que rectifique, centre su partido, lo modere y vuelva a ser el Partido Popular, un partido de Estado".

El encontronazo entre ambos líderes se ha producido en el Congreso de los Diputados durante una sesión de control al Gobierno tensa, repleta de interrupciones y gritos durante el turno de preguntas a Sánchez y el de respuestas, y la dureza ha marcado el tono de las principales intervenciones.

En Madrid, el Gobierno regional ha insistido este miércoles en que el estado de alarma debe decaer por la mejora de los datos epidemiológicos relativos a la COVID-19. Dice que la curva de incidencia acumulada se sitúa en la capital en 460 casos por cien mil habitantes. Esos datos siguen generando debate: algunos expertos aseguran que los cambios en los protocolos y los test de antígenos hacen que no se estén notificando todos los casos.  Además, la caída en el número de hospitalizados y después en el de las UCIs no está siendo proporcional.

Fuentes de Moncloa han explicado a RNE que la intención del Gobierno es renovar todas las instituciones que está en funciones, como el Tribunal Constitucional, el Defendor del Pueblo o RTVE. "Se buscarán las mayorías necearias y no se tocarán leyes si no es preciso", admiten en Moncloa, muy enojados con el PP por bloquear muchas de esas renovaciones.

Informa Sandra Gallardo

El ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende que hubiera sido mejor una renovación ordinaria del CGPJ pero que es una situación que el Gobierno "no ha bloqueado". En una entrevista en 'La Hora de la 1' ha afirmado que la renovación de las instituciones es una obligación en democracia y ha afeado al PP que exija la salida de Unidas de Podemos del Gobierno para pactar el máximo órgano de los jueces. 

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado este miércoles al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de querer "elegir al juez que le juzgue" y ha considerado que por eso quiere hacer la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo ha dicho en la primera sesión de control en el Congreso tras la petición del juez al Tribunal Supremo de imputar a Iglesias en el caso Dina. También ha asegurado que el líder de Podemos está "pendiente de ser juzgado por machismo".

Por su parte, Iglesias ha considerado que la imputación no se producirá, al tiempo que ha acusado al PP de querer controlar desde siempre al Supremo y decirlo ahora "en público" en boca de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, Iglesias ha defendido que "en España hay separación de poderes y hay independencia judicial" a pesar del PP.

Y ha señalado también Iglesias que si el fundador del PP Manuel Fraga viviera y viera que aparecen en un vídeo con Hermann Tertsch "les echaba del partido no por fachas, sino por su enorme cretinismo", ha dicho, para concluir que el Gobierno defenderá "el Estado de derecho, la independencia judicial y las instituciones".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido este miércoles al Gobierno en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que si no "rectifica" la reforma de la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su partido denunciará ante la Comisión Europea lo que ha calificado de "atropello". "Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa, donde no se toleran estas prácticas", ha señalado.

Arrimadas ha calificado de "indigno" el cambio que pretende el Ejecutivo y ha dicho que aún peor que el hecho de que pacten los jueces en el Congreso "por amplísima mayoría", es que pretendan repartírselo "solo los del Gobierno con sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados por la Justicia que atacan cada día a los jueces", ha señalado.

La vicepresidenta le ha pedido que rectifique esas palabras sobre el poder judicial porque estaba faltando el respeto a la Constitución, a no ser, ha ironizado, que la Carta Magna se haya modificado esta mañana antes de llegar ella al Pleno y si ya no son las Cortes Generales las que, como sede de la soberanía popular, "elaboran y votan las leyes, obligando a todos los poderes, al Ejecutivo, al judicial y a todos los órganos del Estado".

"Porque si eso no se ha modificado, rectifique usted lo que está diciendo sobre el poder judicial, porque entonces está faltando usted el respeto a la Constitución y a quienes nos la hemos leído más de una vez", ha manifestado.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha instado al PP a que "deje de hacer el trabajo a la ultraderecha" y que vuelva a ser un partido de Estado, después de que la portavoz 'popular' en el Congreso, Cuca Gamarra, haya acusado al Ejecutivo de ser un "fraude", de no respetar la separación de poderes.

También Gamarra ha acusado a Calvo de "respaldar el machismo" que, a su juicio, demuestra el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en referencia al caso Dina.

Calvo y Gamarra han protagonizado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja un duro y bronco cruce de acusaciones, que ha despertado los abucheos y las quejas de sus respectivas bancadas, y que ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha intervenir para pedir silencio en varias ocasiones.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se marche de una vez por todas", después de acusarle de haber dado un "golpe contra el Estado de Derecho, contra el rey, contra la justicia independiente y contra la oposición democrática".

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que Sánchez ha defendido que su Gobierno es "legítimo" y que "funciona razonablemente bien".

Sin embargo, su respuesta a Abascal ha estado más dirigida al presidente del PP, al que ha pedido que no se deje "arrastrar" por la "crispación de la ultraderecha" y que no se ponga de perfil en la moción de censura que ha presentado Vox y que se debatirá la próxima semana.

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "liquidar" la separación de poderes con la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que este le ha culpado del "bloqueo" que sufre esta institución que está pendiente de renovar desde diciembre de 2018.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Casado ha advertido a Sánchez de que "mientras no retire el atropello legal" que supone la reforma de la elección del CGPJ "no hay nada que pactar" sobre su renovación. Además, le ha pedido el cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "acusado de tres grandes delitos con agravante de género por la Audiencia Nacional", en alusión al caso Dina.

Sánchez le ha respondido que tanto Iglesias como el resto de sus ministros tienen su "mayor y absoluta confianza" y ha recalcado que ninguno de ellos está imputado, cuando el PP llegó a tener en el Ejecutivo a siete procesados y tres condenados. Y ha reclamado a Casado, que "tanto habla de la Constitución", que deje de bloquear la renovación de las instituciones, para concluir que el "ha dejado de ser de un partido de Estado para convertirse en un partido antisistema".

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas considera que el procedimiento de determinación de la edad que España aplica a los menores migrantes que llegan solos viola sus derechos humanos. Este es el 14º informe en el que la ONU reprocha a España su trato a estos jóvenes. El último corresponde a dos jóvenes de 17 años a los que se trató como adultos, fueron retenidos en centros de internamiento, uno de ellos golpeado, y nunca recibieron protección como niños pese a que la Fundación Raíces consiguió las partidas de nacimiento que les acreditaban como menores.

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso ha defendido en 'La Noche en 24 Horas' que la moción de censura que se celebrará los próximos 21 y 22 de octubre es "el instrumento adecuado para pedir la responsabilidad del Gobierno" y que se trata de un "un paso que es exigido por los españoles". En este sentido ha señalado que "solamente hay que estar en la calle para conocerlo" y ha manifestado que "Casado pudo comprobarlo personalmente en la recepción dada por Su Majestad el rey" este lunes, haciendo referencia a las protestas convocadas por Vox y a la concentración que ante el Palacio Real despidió al presidente del Gobierno entre abucheos y a Felipe VI entre vítores.


Olona ha puntualizado que esta no es la moción de censura que suscrita por menos diputados de la historia, ya que la presentada en 1987 contó con el mismo número y ha indicado que no consideran que "la legitimidad democrática venga dada ni por el número de diputados que la suscribimos ni por el número de diputados que acaben votando a favor de la misma".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha querido valorar las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque solo va a valorar "criterios sanitarios". "Como ministro solo quiero doblar la curva en Madrid y en España, mis planteamientos son sanitarios y de salud pública", ha manifestado. "Los datos que damos son los que cuelga la Comunidad de Madrid, y me preocupan por ejemplo un retraso de notificación en Madrid debido al volumen de casos, no por negligencia, de entre 7 u 8 días. Y me preocupa el descenso en PCR", ha añadido Illa, quien asegura que se han hecho un 40,3% menos de test PCR, a pesar de que hay que contar con que se han comenzado a utilizar las pruebas rápidas de antígenos.

"Vienen semanas duras en España y en Europa, hay que tomar medidas duras, y lo debemos hacer en Madrid de la mano de la Comunidad", ha subrayado el ministro, quien asegura que esta será su "actitud, de cooperación y colaboración" en la reunión del Grupo COVID de este martes.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que, en el caso de Madrid, el horizonte tiene que ser ir a incidencias en torno a 100 o a 200 casos por cada 100.000 habitantes, y "esto se puede hacer con medidas que no comporten el estado de alarma". Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno se plantea mantener el estado de alarma los 15 días y después tomar decisiones, dependiendo de los datos epidemiológicos que haya para entonces.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC) estima que hay que actuar a partir de 60 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, con medidas drásticas a partir de 200 casos. "El Consejo Interterritorial acordó tomar medidas muy drásticas a partir de 500", ha recalcado el titular sanitario, para dejar claro que "la incidencia hay que bajarla muy por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes con medidas drásticas, como las que ha anunciado Navarra, Cataluña o Andalucía. El objetivo no es bajar de 500, sino bajar la incidencia acumulada idealmente por debajo de 100, una cifra que nos permita un margen de reacción", ha dicho.

"Seguimos teniendo una media nacional 263 casos por cada 100.000 habitantes, que es muy alta", ha insistido por su parte el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón.