El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado una auditoría para los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina africana. Lo ha hecho tras visitar el centro de mando avanzado.
Un dispositivo de Mossos, Guardia Civil y policías locales intensifica la vigilancia en las zonas confinadas para evitar que se esparza el brote en un radio ahora ampliado a 91 municipios y 20 kilómetros donde está prohibido el acceso al medio natural.
La prohibición para acceder al medio natural se mantendrá de momento hasta el 14 de diciembre. El perímetro de riesgo ya afecta a 55 granjas con 80.000 animales que se podrán sacrificar para vender su carne.
También se prepara un paquete de ayudas para los productores afectados.
La UME se incorporará a los más de 250 efectivos que este domingo han trabajado en la recogida y captura de jabalís, con estrictos protocolos sanitarios, en el Parque Natural de Collserola.
Ante los incumplimientos de algunos, la Generalitat insiste en pedir a los ciudadanos que no entren en la zona donde se han encontrado los casos positivos y se han intensificado los controles.
A los jabalís muertos se les practica una PCR y los casos positivos se envían al laboratorio de referencia de Algete en Madrid. Los científicos también investigan cómo ha podido llegar el virus.
Los análisis hechos en las 39 granjas de cerdos confinadas han dado negativo. Para hacer seguimiento de la crisis, el Ministro de Agricultura se reunirá este lunes con representantes del sector.
Foto: Enric Fontcuberta/EFE — Cartel situado en uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina
La Audiencia Nacional acoge uno de los juicios más esperados de la última década y que toca de lleno el corazón de la política catalana en la época en que Jordi Pujol era president de la Generalitat. El también expresidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y sus siete hijos están citados para sentarse en el banquillo a partir de este 24 de noviembre y se enfrentan a penas que van desde los ocho hasta los 29 años, en el caso del primogénito del clan.
La Audiencia Nacional (AN) sentará en el banquillo al que fuera presidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores. El motivo: haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
Un tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada juzgará a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La Fiscalía pide la pena más alta, 29 años de prisión, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones, según su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press. Para su exmujer Mercé Gironés, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.
En el caso del 'expresident', Anticorrupción solicita 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus otros seis hijos, pide penas de entre 8 y 17 años de prisión.
Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.
Para el resto de acusados, que son empresarios, la Fiscalía pide penas de dos y tres años de prisión por delitos de falsedad de documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales. Y, además, solicita se les imponga multas que van desde los 200.000 euros hasta los 8 millones.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado este viernes la figura del exministro, economista y profesor Ernest Lluch, asesinado hace 25 años por la banda terrorista ETA. Lo ha hecho en un acto en el Palau de la Generalitat.
La consellera de Economía de la Generalitat de Cataluña, Alicía Romero, defiende el nuevo sistema de financiación que va a presentar el Gobierno que entre otras cosas contempla más recursos para las competencias exclusivas catalanas como seguridad o prisiones: "Es compatible la multilateralidad con las singularidades". Romero apunta que hay que garantizar que haya una financiación homogénea en aquellas competencias que todas las CC.AA. comparten y a la vez atender a la singularidades de cada territorio. Cree que este modelo "aplana las desigualdades" y permitirá ofrecer mejores servicios públicos. También celebra que se ponga "negro sobre blanco" y que haya una propuesta después de más de 10 años con un modelo que data del 2014 y que a su parecer está "caducado". En este sentido pide responsabilidad al resto de territorios para que salga adelante y que haya un debate "sereno y tranquilo" sobre la reforma. Alerta de que es una "oportunidad" que no sabe si sé volverá a tener.
Han pasado 365 días desde la mortal dana que acabó con la vida de 229 personas en Valencia y todavía se desconoce con exactitud qué es lo que hizo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las horas más fatídicas de aquel 29 de octubre.
A lo largo de este año, varias han sido sus versiones. Pasó de negar que estuviera en una comida privada el día de la dana a reconocer que sí almorzó con la periodista Maribel Vilaplana. También cambió la hora de su llegada al Cecopi. Primero dijo que "a media tarde". Después, "a partir de las 19 horas". Finalmente, dijo que a las 20:28 horas, aportando la imagen de una cámara de seguridad.
Lo que no está claro es qué hizo ni dónde estuvo hasta esa hora desde que salió del restaurante el Ventorro. Lo último que ha trascendido es que acompañó a Vilaplana hasta el aparcamiento donde ella tenía el coche y que luego él fue andando hasta la Generalitat.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el desenlace de la opa "hostil" de BBVA a Banco Sabadell, que ha decaído, al obtener una aceptación inferior al 26%, y lo ha calificado de "buena noticia".
En declaraciones a la Cadena Ser, Illa ha asegurado que "respeta" la decisión de los accionistas de Banco Sabadell y ha recordado que desde un primer momento el Gobierno catalán dejó claro que estaba en contra de esta opa.
"Mi respeto por la decisión que han tomado los accionistas del Sabadell. Nosotros apostábamos por mantener las dos entidades financieras separadas. Estamos satisfechos porque es una buena noticia", ha señalado.
FOTO: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante la reunión semanal del Govern. EFE/Andreu Dalmau
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes con el 'expresident' y líder de Junts, Carles Puigdemont, en la sede de la delegación del Govern catalán en la Unión Europea en Bruselas. En un comunicado, el gobierno autonómico ha informado de que el encuentro se producirá a las 16.30 horas a puerta cerrada. El propio Illa ha defendido después en una entrevista simultánea en TV3 y Catalunya Radio que ya "toca" esta cita para "enviar un mensaje" de que "el motor, en democracia, es el diálogo".
Junts y Puigdemont llevaban tiempo pidiendo este encuentro con Illa desde que fue elegido presidente de la Generalitat hace poco más de un año. Puigdemont es el único expresidente de la Generalitat en activo con el que Illa no se ha reunido desde que accedió al cargo, después de que en 2024 lo hiciese con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès. El también líder de los socialistas catalanes argumentó entonces que Puigdemont seguía en la política activa para así no reunirse con él.
Sin embargo, tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía en junio, Illa comienza el curso político con esta reunión en su agenda, y lo ha defendido así: "Era el momento de hacer esto. La amnistía es constitucional, me hubiese gustado que esta reunión se produjese aquí, en el salón de la Virgen de Montserrat -en el Palau de la Generalitat-, y haberlo hecho hace bastantes meses. Lo haremos ahora, y de esta manera", ha aclarado Illa. Y es que el Supremo se niega a aplicar la amnistía a Puigdemont y mantiene sus órdenes de detención.